Lula, el líder mundial que hace frente a Trump
El presidente estadounidense impone aranceles del 50% en Brasil por el juicio a Bolsonaro y la regulación de las tecnológicas en el país, pero el mandatario brasileño no cede en ninguno de los dos temas
São PauloYa no hay vuelta atrás. A partir del 6 de agosto se aplicará un 50% de aranceles a todas las importaciones brasileñas en Estados Unidos. Donald Trump ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que implementa una cuota adicional del 40% (que se suma al impuesto generalizado del 10% que ya había aplicado en abril) en Brasil, con el objetivo de abordar las "políticas, prácticas y acciones recientes del gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extra" según un comunicado emitido por la Casa Blanca.
La medida, sin embargo, prevé una larga lista de hasta setecientas excepciones, que incluye productos energéticos, petróleo, vehículos y piezas, aeronaves civiles y el zumo de naranja.
El tarifaço, como se llama al gigante sudamericano, tiene una doble singularidad: Trump le piensa aplicar pese al superávit yanqui en la balanza comercial entre ambos países, mantenido de forma ininterrumpida desde 2009 y que computa más de 400.000 millones de dólares en quince años; y, en segundo término, ha utilizado argumentos políticos e ideológicos, una táctica chantajista e intimidadora para interferir en los asuntos internos brasileños.
La ofensiva tarifaria trumpista, que puede acabar generando una guerra comercial entre los dos países más poblados del continente, se fundamenta en la supuesta "cacería de brujas" a su aliado, Jair Bolsonaro, que afronta la recta final del juicio por intento de golpe de estado, donde todo apunta a que, antes de que acabe el año, será condenado a una larga pena de reclusión. El tarifaço sería consecuencia de las presiones que ha hecho el hijo del expresidente, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos desde marzo y que, muy probablemente, será juzgado por coacción si decide regresar a su país.
Lula da Silva se ha mantenido enérgico ante la amenaza tarifaria. No entró en el juego de Trump y le plantó cara desde el primer día, cuando, en un discurso inflamado, dijo una frase que se convirtió en un eslogan y tuvo un gran impacto interno y externo: "No será un gringo quien dará órdenes a este presidente de la República".
Con la popularidad baja, y acorralado por otro chantaje (lo que le imponen los diputados del Centrão, partidos que son mayoría en el Congreso), el veterano dirigente acertó en el diagnóstico: aprovechó el embate con Trump para cerrar filas ante unas sanciones que tendrán un gran impacto en la economía local y arrebató al patricó la soberanía nacional.
El tarifaço es interpretado como un asunto de política interna brasileña por el apoyo explícito de Trump a Bolsonaro. Por eso, Lula, pese a haber activado la vía negociadora con Washington sin demasiado éxito, ha tratado a los dos extremistas con el mismo tono y sin retroceder ni un palmo.
Desde que estalló la crisis, no ha habido ningún contacto entre ambos presidentes y, posiblemente, no lo habrá en meses, después de que la diplomacia brasileña alertara de que Trump quisiera humillar en público a Lula, como hizo con Volodímir Zelenski en el Despacho Oval en febrero.
Trump siente empatía por Bolsonaro, que calcó la estrategia radical de Trump para llegar al poder en Brasil dos años después y que, cuando perdió las elecciones para el siguiente mandato, incluso calcó la invasión del Capitolio con el asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero del 2023. Ambos comparten problemas con la justicia de su país. Ahora antepone los intereses de la familia Bolsonaro a los de la economía brasileña, sin importarle que algunos de los sectores más afectados por el tarifaço sean los grandes productores de café y de proteína animal (dos sectores financiadores de la extrema derecha y la trama golpista bolsonarista) y la industria del acero.
Pix, el enemigo de Silicon Valley
En realidad, las vicisitudes judiciales de Bolsonaro son un pretexto. Trump, que no tiene ningún especial interés personal ni político en Brasil (representa el 1,3% de las importaciones yanquis), quiere presionar a uno de los socios fundadores de los BRICS, gobernado por un defensor del multilateralismo como Lula da Silva, y donde las big techs de su país sufren el escrutinio del Supremo y les ha surgido un competidor local imbatible en los sistemas de pago.
Paralelamente a la amenaza del tarifaço, el gobierno de Trump ha abierto una investigación comercial, que es la herramienta más agresiva de la política comercial de la administración federal, que podría acarrear nuevas sanciones. En el punto de mira está el Pix, el sistema electrónico de pago inmediato y gratuito del Banco Central brasileño, que estaría perjudicando a Meta (en 2020 intentó implementar un método similar, WhatsApp Pay, que el gobierno brasileño no autorizó), Google Pay, Apple Pay o PayPal. Este sistema utilizado por el 75% de los brasileños en mayo alcanzó los 175 millones de usuarios y representa el 47% de todas las transacciones en el país (sin contar el efectivo). Ha sido clave para bancarizar a la población más pobre, coincidiendo con el auge de los bancos digitales y sin comisiones.
El gobierno republicano también observa con preocupación cómo el Supremo brasileño, que es quien juzga a Bolsonaro, ordena retirar en las redes sociales cuentas de extremistas, que han huido y ahora residen en Estados Unidos. El pasado año ya impuso el bloqueo de X, que dejó de funcionar en todo el país durante 38 días.
Trump denuncia que hay "censura" en Brasil y considera que se está creando un ambiente contrario a los intereses de las big techs yanquis. La ofensiva del gobierno estadounidense está en todos los frentes y ya han revocado el visado para entrar en el país de Alejandro de Moraes, el juez que lidera las investigaciones de Bolsonaro y las big techs. Este miércoles, paralelamente al anuncio de la entrada en vigor del tarifaço, la Casa Blanca sancionó al magistrado con la ley Magnitsky, conocida como "la pena de muerte financiera", un dispositivo para extranjeros creado para castigar a dictadores enemigos de Estados Unidos y acusados de violaciones graves de los derechos humanos. En un comunicado, Lula calificó de "inaceptable" la medida y avisó: "En Brasil, la ley es para todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte a la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas. No es diferente para las plataformas digitales".