La represión en Filipinas persiste a pesar de la detención de Duterte
Los activistas del país denuncian amenazas de muerte y asesinatos extrajudiciales
Manila"Una noche, mientras dormía, entraron en mi casa, escondieron varias armas entre los juguetes de mis hijos y me detuvieron, sin orden judicial, acusándome de cargos falsos", explica Cora Agovida con la voz rota desde la sede de Karapatan, la organización filipina de referencia de defensa de los derechos humanos. Cuatro años atrás, mientras Rodrigo Duterte era el presidente de Filipinas, la encarcelaron. "Mi «delito» era ser parte del movimiento de mujeres Gabriela: me acusaban de terrorismo y de pertenecer a un grupo rebelde –explica–. "Sin sentencia alguna, estuve encerrada tres años en la cárcel de mujeres de Manila, la más congestionada del país".
La detención del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, este mes de marzo, acusado de crímenes contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional, no ha cambiado la situación. A lo largo de los últimos años, el gobierno filipino ha perseguido sistemáticamente a organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la población civil. Bajo una supuesta lucha contra la insurgencia armada, cualquier expresión contraria a las posiciones del gobierno es susceptible de ser tachada de terrorista y de tener consecuencias graves: desde el señalamiento público hasta el encarcelamiento arbitrario y asesinatos extrajudiciales.
Un conflicto que viene de lejos
Filipinas lleva más de 50 años viviendo en una guerra civil: un conflicto armado entre el gobierno filipino y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas. Iniciada en 1969, esta rebelión comunista es una de las insurgencias más antiguas de Asia y ya ha provocado la muerte de 40.000 personas, según datos de Crisis Group. Aunque la intensidad de los combates ha disminuido, sigue habiendo foco de conflicto, sobre todo, en la isla de Mindanao.
La raíz del conflicto nace de un malestar histórico: la desigual distribución de la tierra. Filipinas es un país eminentemente rural, y aunque cerca del 65% de la población es originaria de zonas campesinas, la propiedad de la tierra pertenece a muy pocas manos. En este contexto, el Partido Comunista del país plantea desde hace décadas la lucha política y armada por una revolución "contra el imperialismo ya favor de la justicia social".
Además de los años de dominación española y estadounidense, para entender la actualidad de Filipinas es necesario poner el foco en la dictadura de Ferdinand Marcos, que gobernó el país durante 21 años (1965-1986). Bajo su liderazgo, más de 100.000 personas fueron asesinadas, secuestradas, torturadas y encarceladas; pero nunca ha habido responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos. Estas secuelas se ven reflejadas en las políticas de los gobiernos filipinos recientes: el de Rodrigo Duterte (2016-2022); y el actual, presidido por Bongbong Marcos, hijo del ex dictador.
El peligro de ser (considerado) comunista
Duterte encabezó la "guerra contra las drogas", que consistió en criminalizar a miles de personas drogodependientes o traficantes, pobres, hasta el punto de matarlas, en operaciones policiales muy controvertidas. Según Karapatan, durante el mandato de Duterte se registraron al menos 25.000 asesinatos extrajudiciales.
También Duterte intensificó la práctica del red-tagging (etiqueta roja): el señalamiento público y la acusación de terrorismo, por parte de los cuerpos de seguridad del estado, de personas críticas con el gobierno. De hecho, la ley antiterrorista que aprobó en el 2020 permite catalogar de terrorista cualquier protesta contra el Estado y equipara la etiqueta de comunista al terrorismo. Los perfiles de los etiquetados incluyen a activistas, organizaciones de derechos humanos, políticos de la oposición, líderes indígenas, grupos religiosos, periodistas, profesores o abogados.
Desde 2022, el gobierno filipino está presidido por Marcos Jr., con Sara Duterte –hija de Rodrigo Duterte– de vicepresidenta. "Marcos Jr. sigue utilizando la ley para armarse y asesinar a activistas y personas opositoras en su gobierno", explica France L. Castro, portavoz de un grupo parlamentario de la oposición,Alianza de Profesores Preocupados (ACT), que añade que "los que levantan la voz son asesinados extrajudicialmente o etiquetados como rebeldes, comunistas o terroristas" La persecución toma ahora la forma de procesos judiciales fabricados cada día. 2024, la declararon culpable de abuso de menores, unos cargos que Karapatan denuncia que son fabricados.
Arlene D. Brosas, representante del Partido de las Mujeres Gabriela, también está perseguida. "Se nos señala en rojo y recibimos amenazas de muerte. No es fácil defender los derechos de las mujeres en una Cámara dominada por la misoginia". Gabriela, además de ser un movimiento de mujeres, es también un partido político formado sólo por mujeres, con más de 20 años de recorrido. El nombre hace referencia a Gabriela Silang, referente histórico que luchó contra la colonización española.
Una paz varada
Actualmente, se están dando pasos para reanudar las conversaciones de paz entre el gobierno filipino y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP, por sus siglas en inglés), que desde 1973 ha actuado como brazo político del Partido Comunista de Filipinas, estableciendo relaciones diplomáticas en el exterior y representando las negociaciones de paz.
Algunos de los líderes del NDFP viven exiliados en Países Bajos, como Coni Ledesma, negociadora desde 1991. "La paz llegará cuando haya una distribución justa de la tierra y los campesinos puedan trabajarla, cuando haya trabajo para la población, cuando haya acceso a la salud, cuando se erradique la pobreza", afirma.
Las negociaciones entre el gobierno filipino y el NDFP empezaron en 1986, tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos. En 2017, después de avances poco significativos, Duterte detuvo unilateralmente las conversaciones, y hubo una fuerte escalada de violencia, sobre todo por parte de las fuerzas del gobierno. Pero meses de negociaciones secretas facilitadas por el gobierno de Noruega en Países Bajos permitieron que, a finales de 2023, el actual gobierno de Marcos Jr. y el NDFP anunciaran un acuerdo para reactivar las negociaciones truncadas seis años antes. Para Coni Ledesma, el objetivo es claro: "garantizar que todo el mundo tenga los mínimos de vida cubiertos. Cuando lo logremos, habremos alcanzado la paz".
*Este reportaje ha sido posible gracias al trabajo que elAsociación Catalana por la Paz desarrolla conjuntamente con entidades locales filipinas para defender la protección de los derechos humanos en el país.