Exigir un nivel de lengua avanzado para obtener la residencia permanente: la propuesta de Japón
El proyecto divide expertos y organizaciones sociales, que alertan de los riesgos jurídicos y económicos de un endurecimiento de las condiciones de asentamiento de los extranjeros
TokioEl gobierno japonés prepara una reforma que transformará profundamente la política migratoria del país. El ministerio de Justicia trabaja en un nuevo sistema que obligaría a los residentes extranjeros a completar cursos digitales sobre lengua, civismo y vida cotidiana en Japón y que vincularía la concesión y el mantenimiento de la residencia permanente a la acreditación de un nivel avanzado de japonés. La iniciativa llega en un momento especialmente delicado: Japón, donde casi un 30% de la población supera los 65 años y la falta de mano de obra se ha convertido en uno de los principales retos económicos, intenta compatibilizar la necesidad de atraer más trabajadores extranjeros con un endurecimiento de los requisitos de asentamiento.
El ejecutivo defiende que el nuevo planteamiento debe facilitar la convivencia, reforzar el conocimiento de las normas básicas de la sociedad japonesa y garantizar una mejor integración de los residentes extranjeros. Sin embargo, la propuesta ha despertado recelos entre juristas, asociaciones de apoyo a los migrantes y expertos en derechos humanos, que alertan de las consecuencias que podría haber para los residentes.
Más allá del aprendizaje del idioma, diversas organizaciones sostienen que la reforma podría afectar especialmente a residentes de larga duración, cónyuges de ciudadanos japoneses, personas mayores o ciudadanos con dificultades cognitivas que, a pesar de llevar años o décadas viviendo en el país, podrían tener más dificultades para superar las nuevas demandas. La discusión ya no solo gira en torno al grado de integración que debe exigir un Estado, sino que también se plantea hasta qué punto esta exigencia puede acabar condicionando la estabilidad jurídica y familiar de miles de personas.
Cambio de paradigma?
Para los especialistas en políticas migratorias, la reforma supone un cambio de paradigma. Midori Inagaki, profesora experta en integración e inmigración, considera que el gobierno de Sanae Takaichi está redefiniendo el sentido mismo de las políticas de acogida. A su parecer, convertir en un requisito formal para consolidar la residencia permanente la exigencia de un nivel JLPT N2 –el segundo más alto de conocimiento de la lengua– comporta el riesgo de que la lengua deje de ser "un puente de comprensión mutua para transformarse en un filtro que excluye a aquellos considerados insuficientemente integrados". Inagaki advierte que lo que hasta ahora era un itinerario relativamente estable hacia el arraigo podría convertirse en "un proceso precario sujeto a una evaluación continua del Estado".
Las críticas no se centran únicamente en el contenido de la reforma, sino también en la manera como se está impulsando. El profesor de derecho constitucional Atsushi Kondo, de la Universidad de Meijo, y uno de los principales especialistas japoneses en políticas de integración, cuestiona que una transformación de este alcance pueda introducirse mediante instrucciones administrativas y cambios de criterio internos del ministerio de Justicia. "La implementación de estos cambios mediante ajustes operativos de la burocracia, en lugar de revisiones legales debatidas en la Dieta [la cámara legislativa del país], es profundamente problemática para la seguridad jurídica de los residentes extranjeros", sostiene. Según diversos juristas, esta vía permite modificar de manera significativa las condiciones de acceso y mantenimiento de la residencia sin un debate parlamentario específico sobre el alcance de los nuevos requisitos.
La reforma coincide, además, en un momento especialmente delicado para la economía japonesa. El número de residentes extranjeros ha superado ya los 4 millones, una cifra récord impulsada por la escasez estructural de mano de obra en sectores como la construcción, la sanidad, la hostelería o la industria. Aun así, el gobierno considera que este aumento también exige reforzar las políticas de integración y el conocimiento de la lengua. Diversos economistas advierten que un endurecimiento excesivo de los requisitos administrativos puede producir el efecto contrario al que necesita el país.
El economista Jesper Koll, una de las figuras más influyentes entre los inversores internacionales en Japón, lleva años alertando que el país ha dejado de competir solo con salarios. Tras la fuerte depreciación del yen, sostiene que añadir más requisitos burocráticos a la inmigración puede convertirse en un nuevo freno para captar talento. Si la integración acaba dependiendo de una sucesión de exámenes y controles administrativos, advierte, los profesionales más cualificados simplemente escogerán otros destinos como Singapur, Australia o Europa.
Riesgos para la economía
Una reflexión similar aparecía también en el editorial de Nikkei Asia –una importante revista y plataforma digital de noticias económicas y políticas en inglés–, que advertía recientemente que, en plena crisis demográfica y con una escasez creciente de mano de obra, convertir la integración cultural en una obligación administrativa puede acabar perjudicando la competitividad del mismo país. El medio económico considera que el hecho de exigir pruebas de lengua y civismo como condición para consolidar la residencia corre el riesgo de añadir una nueva carga burocrática sobre los trabajadores y emprendedores extranjeros que contribuyen a sostener la economía japonesa.
La preocupación también es compartida entre muchos residentes extranjeros establecidos en el país. John Graham, empresario casado con una ciudadana japonesa y padre de hijos japoneses, resume así la inquietud que ha generado la propuesta: "Es una medida que, en última instancia, podría acabar haciendo que me expulsaran del país y me impidieran vivir con mis hijos en su propio país si no apruebo un examen de lengua. Es una locura".
Aunque el gobierno insiste en que las nuevas exigencias buscan favorecer la integración y facilitar la convivencia, juristas y organizaciones de apoyo a los migrantes advierten que cualquier sistema que vincule la estabilidad residencial a una evaluación periódica del grado de integración abre interrogantes jurídicos y humanos difíciles de ignorar.