La crisis abierta por la ley de los alquileres hace caer el gobierno de Suecia
El Partido de la Izquierda le ha retirado el apoyo y ha prosperado la moción de censura con el apoyo de la ultraderecha
![El primer ministro sueco, Stefan Löfven, este jueves en rueda de prensa](https://static1.ara.cat/clip/c4fe133e-4102-4b64-9b99-a6e34ffae907_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
BarcelonaEl gobierno de Suecia, formado por Socialdemócratas y Verdes, ha caído por la moción de censura presentada por el Partido de la Izquierda junto con el partido xenófobo Demócratas de Suecia. La base de esta crisis política es la propuesta del gobierno de reformar la ley que regula los alquileres para liberalizar los precios en las viviendas de nueva construcción. El rechazo al gobierno ha tenido el apoyo de 181 diputados, seis más de los necesarios. El primer ministro, Stephan Lofven, tiene ahora una semana para decidir si convoca elecciones anticipadas, que serían las primeras desde 1958, o si se da la opción a la formación de una nueva coalición de gobierno.
Ahora mismo, la normativa establece que los precios se negocian entre asociaciones de propietarios y de locatarios, en un modelo que emula la negociación colectiva del mercado laboral y que busca garantizar unas tarifas “razonables” en función de las características de la vivienda y la localización. La reforma que propone el gobierno –que todavía está en proceso de consultas públicas y que está previsto que entre en el Parlamento para ser debatida en otoño– permitiría a los propietarios de las viviendas que se vayan construyendo a partir del año que viene poner el precio de alquiler que les parezca adecuado, sin tener que negociarlo antes con los locatarios, que están mayoritariamente representados por la Asociación Sueca de Locatarios.
Estos pasos hacia la liberalización del alquiler forman parte de las condiciones que exigieron el Partido de Centro y el Partido Liberal cuando en enero de 2019 accedieron a investir a Löfven y a dar apoyar externo a su gabinete después de las elecciones de septiembre de 2018.
El Partido de la Izquierda –evolución del extinguido partido comunista sueco– no firmó el acuerdo que hizo posible la formación de gobierno hace tres años, pero lo apoyó tácitamente no votando en contra. Eso sí, ha mantenido siempre la amenaza de hacer caer al ejecutivo si se alejaba demasiado de las posiciones de izquierdas. Una de las líneas rojas era la reforma del mercado de alquileres, que considera el principio del final de este denominado modelo sueco. El martes, la líder del Partido de la Izquierda, Nooshi Dadgostar, dio 48 horas para retirar la propuesta, pero el ejecutivo respondió que se mantendría firme en su compromiso con sus dos socios externos. La respuesta fue el anuncio de la retirada de su confianza.
El Partido de la Izquierda no pudo presentar una moción de censura porque no tiene suficientes diputados, pero rápidamente lo hicieron los Demócratas de Suecia, que recibieron el apoyo de los otros dos partidos de la oposición, Conservadores y Democristianos. Los cuatro suman 181 diputados, y la mayoría absoluta que permitiría aprobar la moción de censura es de 175.
Elecciones o nuevo gobierno
Suecia no celebra unos comicios extraordinarios desde 1958. Además, en los últimos 40 años, el Parlamento ha votado once mociones de censura y ninguna ha obtenido suficiente apoyo para salir adelante. Löfven, sin embargo, tiene otra opción: renunciar al cargo y abrir negociaciones para formar un nuevo gobierno. Ahora las encuestas de opinión sugieren que los bloques de izquierda y derecha siguen estancados y que se podría repetir la misma situación.
En su comparecencia el jueves, cuando se anunció la moción de censura, el primer ministro ha tildado al Partido de Izquierda de "irresponsable” por crear una crisis política en medio de un momento difícil debido a la pandemia. Además, ha insistido en que el motivo por el que esta formación le ha retirado la confianza no está justificado, puesto que la propuesta sobre la reforma de los alquileres todavía está en un estadio muy inicial y afectaría solo a las viviendas nuevas, que suponen aproximadamente un 1% de los nuevos contratos de alquiler cada año en Suecia.