WashingtonEl gobierno de Donald Trump ya habría puesto en marcha la operación para deportar hasta 30.000 inmigrantes irregulares en la base naval de Guantánamo, en Cuba. Así lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista en Fox Business. Según la agencia Reuters, que cita fuentes oficiales, el primer avión militar con un grupo de migrantes está ya viajando hacia la base, donde se espera que, en las próximas semanas, lleguen los primeros 5.000 migrantes.
Trump anunció la semana pasada que ordenará la construcción de un campo de detención masiva en Guantánamo para albergar hasta 30.000 migrantes deportados. En declaraciones desde la Casa Blanca, Trump aseguró que el campo alojará "a los peores migrantes ilegales que amenacen a los estadounidenses". Se augura que ésta sea una de las medidas estrella de su clara política antiinmigración, que le llevó a la Casa Blanca en el 2016 y que en esta última campaña electoral también ha explorado para ganar apoyo. En este segundo mandato, el presidente republicano está recurriendo cada vez más al ejército para llevar a cabo su agenda de inmigración: ha enviado tropas adicionales a la frontera, está utilizando aviones militares –como en este caso– para volar a los migrantes fuera de Estados Unidos y también pone a disposición bases militares para alojarlos.
La base de Guantánamo, sin embargo, ya albergaba una instalación donde se alojaban inmigrantes antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, que se administraba de forma independiente en la cárcel destinada a los sospechosos por terrorismo. Los inmigrantes que llegaban hasta ahora a Guantánamo eran aquellos que las autoridades estadounidenses interceptan en el mar cuando intentan llegar a la costa del país, principalmente desde Cuba y Haití. El grupo de inmigrantes que son transportados en la base en este primer vuelo habían sido detenidos por las autoridades en El Paso (Texas) y San Diego (California), según Reuters. Los vuelos militares son una forma costosa de transportar migrantes. Reuters, de hecho, informó de que un vuelo de deportación militar a Guatemala la semana pasada costó al menos 4.675 dólares por migrante.
La administración no ha dicho cuánto costará ampliar Guantánamo, que se estableció en el 2002 para encarcelar, en su mayoría, a personas acusadas de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La prisión de alta seguridad de Estados Unidos fue criticada en el 2023 por un experto de Naciones Unidas, quien dijo que el trato del gobierno estadounidense a los presos de Guantánamo, la inmensa mayoría extranjeros, era cruel, inhumano y degradante según el derecho internacional.
Oferta de Bukele
Mientras, Trump está recibiendo a otros aliados para seguir con esta política de deportar por aire a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado que pone su sistema penitenciario al servicio de las deportaciones estadounidenses. "Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales condenados (incluyendo ciudadanos estadounidenses) a nuestra megacárcel (CECOT) a cambio de una tarifa", ha escrito a X. El anuncio de Bukele había sido avanzado previamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, que este lunes había viajado a El Salvador para obtener mayor apoyo en la ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump.
Rubio ha dicho que Bukele "ha aceptado un acuerdo migratorio sin precedentes y extraordinario" en el que El Salvador cerrará en sus cárceles a cualquier migrante sin papeles "que sea un criminal" deportado de Estados Unidos. El secretario de Estado hizo estas afirmaciones ante la prensa, según informa Associated Press.
El país centroamericano seguirá aceptando deportados salvadoreños que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos y también "aceptará la deportación de cualquier persona ilegal a Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, sean del MS-13 o del Tren de Aragua, y los mantendrá en sus cárceles", ha explicado Rubio, en referencia a las dos megabandas criminales transnacionales. El grupo venezolano Tren de Aragua es uno de los más citados por Trump en sus mítines.
En su publicación en X, Bukele ha asegurado que puede aceptar a los deportados a cambio de una "tarifa relativamente baja para Estados Unidos", pero que sería "significativa" para El Salvador y haría sostenible todo su sistema penitenciario. Las cárceles de El Salvador han sido denunciadas por graves violaciones de derechos humanos.
Rubio aseguró que se anunciarán más detalles del acuerdo próximamente. Pese a que Bukele y Rubio pongan de ejemplo a migrantes sin papeles que puedan estar vinculados a bandas criminales, cabe recordar que la etiqueta de criminal convicto abarca un espectro mucho más amplio. La semana pasada, Estados Unidos aprobó una ley que permite detener a migrantes acusados o condenados por delitos menores y que agilizará las deportaciones masivas.
La deportación de presos estadounidenses en las cárceles de El Salvador es poco probable, ya que sería ilegal. El envío de migrantes sin papeles a las cárceles de Bukele tampoco está claro que sea factible, puesto que podría violar leyes internacionales relativas a los derechos de los migrantes.
Aliado de Trump
Bukele es, junto al presidente argentino Javier Milei, el mandatario latinoamericano más afín a Trump y, de hecho, fue el primer presidente de la región a la que el republicano llamó tras ser investido. En la visita de este lunes, Rubio también buscaba la posibilidad de cerrar un acuerdo con el presidente salvadoreño para considerar a El Salvador como un "tercer país seguro", lo que permitiría a EEUU deportar a migrantes de otras nacionalidades. Se trataría de un pacto similar al que ya se llegó durante la anterior administración Trump.
El régimen de Bukele lleva tiempo en el punto de mira para acumular prácticas que violan los derechos humanos. En septiembre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , publicaba un informe sobre el estado de excepción en El Salvador en el que relataba toda una serie de acciones en el sistema penitenciario que recogían desde detenciones sistemáticas sin pruebas en celdas llenas a rebosar de presos sin agua ni comida.
En algunas de las prisiones de Bukele ha habido denuncias de asesinatos, aunque el régimen centroamericano siempre ha querido vincular a las muertes a causas naturales. El informe del CIDH, por el contrario, reportaba casos de estrangulaciones en las prisiones salvadoreñas.