Trump comienza la purga del funcionariado

WashingtonEl martes por la tarde, los empleados públicos de Estados Unidos que trabajaban para los programas de diversidad, equidad e inclusión (conocidos como DEI) recibieron la notificación de que no era necesario que al día siguiente volvieran al trabajo. La nueva administración de Donald Trump ha enviado a casa a todas las personas vinculadas a los programas DEI, manteniéndoles el sueldo pero con la perspectiva de que serán despedidos en algún momento. El presidente ha comenzado la purga del funcionariado que ya había adelantado que iba a llevar a cabo.

La Casa Blanca envió una nota a todas las agencias federales en las que se les instruía a notificar a todo el personal relacionado con los programas DEI que "antes de las cinco de la tarde del miércoles" serían puestos en licencia administrativa con efecto inmediato mientras "la agencia toma medidas para cerrar/terminar todas las iniciativas, oficinas y programas DEI". Poco después, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo confirmó y lo celebró como "otra victoria para los americanos de todas las razas, religiones y creencias".

En un correo enviado por la administración Trump a miles de funcionarios para forzarles a delatar a los compañeros que se nieguen a seguir estas órdenes o que intenten "ocultar estos programas utilizando lenguaje impreciso o codificado". El correo da 10 días a todo el personal para informar sobre situaciones como ésta, en las que colegas suyos estén intentando desafiar la orden de acabar con todos estos programas de diversidad. Si no lo hacen en 10 días, se enfrentan a "graves consecuencias", dice la misiva.

El desmantelamiento de los programas DEI es consecuencia de una de las órdenes ejecutivas que el presidente firmó el lunes en el marco de la guerra cultural contra las políticas DEI. El decreto, bautizado con el nombre "Finalizar programas gubernamentales radicales y derrochadores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y preferencias", establece, entre otras cosas, que deben "se cerrar, en la máxima medida permitida por la ley , todas las oficinas y lugares relacionados con DEI, DEIA y justicia ambiental (incluyendo, entre otros, los puestos de director de Diversidad)".

El decreto de Trump también revoca la orden ejecutiva 11246, firmada hace 60 años por el presidente demócrata Lyndon B. Johnson, que hacía ilegal que pudiera discriminarse por motivos de "raza, color, religión, sexo, orientación sexual , identidad de género u origen nacional" en los procesos de contratación federal. Además, la orden también prevé que el nuevo fiscal general presente en un plazo de 120 días recomendaciones "para fomentar en el sector privado" este tipo de políticas y ordena a las agencias que retiren las webs y redes sociales de las oficinas y cancelen cualquier formación relacionada con DEI.

La suspensión de los funcionarios de los programas DEI es uno de los primeros pasos por parte de la administración Trump de borrar el legado de su predecesor, el expresidente Joe Biden, que fomentó la incorporación de prácticas de diversidad e inclusión en el funcionariado norteamericano, donde hay unos 2,4 millones de personas trabajando.

Programa ultraconservador

El presidente ha empezado su plan de vaciar al funcionariado por uno de los eslabones más débiles dentro de la administración, pero no acabará aquí. Aunque Trump ha negado en reiteradas ocasiones tener relación alguna con el programa ultraconservador Project 2025 de la Heritage Foundation, la decisión de liquidar los programas DEI es uno de los puntos que propone el documento para la nueva presidencia. En otro episodio, también defiende la necesidad de purgar al funcionariado para poder crear un "ejecutivo unitario" que incluso controle al departamento de Justicia. Actualmente en el nuevo gobierno Trump hay cuatro personas que redactaron el texto: el nuevo director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan; el futuro director de la Oficina de presupuesto federal, Russell Vought; el nuevo director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

A pesar de no saber nada del Project 2025, en una entrevista en la revista Time en abril el presidente planteaba una idea muy similar. Trump consideraba que había trabajadores del gobierno que "están protegidos y no deberían estarlo". Para solucionarlo, el republicano planteaba la idea de restablecer la orden ejecutiva Schedule F, que permite al presidente despedir a cualquier funcionario del gobierno. Recuperar la medida le abriría la puerta a Trump a poder despedir a los funcionarios del departamento de Justicia que se nieguen a acatar órdenes. Aunque quizá no necesite, porque ha llenado algunas de las plazas más importantes con lealistas. Pam Bondi, la futura fiscal general, no es la única fiel a Trump. También ha colocado de fiscal general adjunto en funciones a uno de sus abogados durante los casos penales que ha afrontado estos años, Emil Bove.

Hace años que los republicanos entregan su propia cruzada contra los avances del feminismo, la teoría crítica de la raza o cualquier cuestión que tenga que ver con el colectivo LGBTIQ+. En este sentido, hace años que muchos de los estados conservadores como Florida o Oklahoma han avanzado la guerra cultural en las aulas a través de la prohibición de libros en escuelas y bibliotecas o bien la imposición de leer la Biblia. El lunes Trump también firmó una orden ejecutiva que decía que sólo reconocía dos géneros, los que coinciden con el sexo biológico al nacer, y borraba de los documentos oficiales a las más de 1,3 millones de personas trans que hay en el país.

Más militares en la frontera

Por otra parte, se van haciendo públicos detalles sobre las implicaciones de la emergencia nacional en la frontera sur, que Trump declaró en las primeras horas después de jurar el cargo y que le permite desplegar el ejército en la zona. El departamento de Defensa ha enviado a 1.500 soldados, que se sumarían a los 2.200 efectivos de la Guardia Nacional que ya están en la frontera como parte de la misión que hay en El Paso, Texas. Su función es dar soporte logístico a la patrulla fronteriza en la mayoría de tareas administrativas. No se ha especificado si la función de los 1.500 nuevos soldados que se envían allí será similar o si acabarán cumpliendo funciones de policía civil.

En caso de hacerlo, se trataría de un paso muy extremo pero que no puede descartarse debido a la orden ejecutiva que Trump firmó el lunes. El presidente dio al Pentágono diez días para presentar un plan para "sellar la frontera y mantener la soberanía" del país. El secretario de Defensa en funciones, Pete Hegseth, deberá detallar el número de tropas y su ubicación en un informe que debe entregar a fin de mes.