La justicia española no podrá investigar la muerte de la cooperante ni perseguir a sus responsables y Madrid ha llevado el caso al Tribunal de La Haya. Un ataque deliberado contra población civil es un crimen de guerra según la Convención de Ginebra y el Código Penal español, pero si se ha producido en el extranjero, los tribunales del Estado no son competentes, aunque la víctima sea española. Esto es así desde 2014, con la reforma de la justicia universal del gobierno de Mariano Rajoy, que sólo permite juzgar crímenes cometidos en el extranjero cuando su autor se encuentre en España. Antes, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya había recortado también la justicia universal.
En la pasada legislatura, el PSOE y Podemos incluyeron en el acuerdo de gobierno recuperar el principio de la justicia universal y así lo votó la comisión de justicia del Congreso hace dos años. Pero desde entonces no se ha avanzado. Fuentes de IU han asegurado a ARA que impulsarán en el Congreso a través de Sumar "una medida con el máximo rango legal posible" en este sentido, informa desde Madrid Mireia Esteve.