Picapela diplomática entre Dublín y Londres por los migrantes que entran en la república a través de Irlanda del Norte

LondresPicapela diplomática entre Dublín y Londres a propósito de la ley de deportación de migrantes en Ruanda, aprobada la semana pasada por el Parlamento británico. El gobierno de la república acusa a Downing Street de que la nueva legislación ha disparado el número de refugiados que llegan a Irlanda y, en consecuencia, pretende devolverlos al Reino Unido.

El premier Rishi Sunak ha dicho que ni hablar de ello, al tiempo que ha reivindicado como un éxito de su política contra la llegada de refugiados la denuncia irlandesa: "El elemento disuasivo ya tiene un impacto, porque los migrantes están preocupados por venir aquí [Reino Unido], y esto demuestra exactamente lo que digo: si la gente entra en nuestro país de manera ilegal, debe saber que no se podrá quedar allí. Por tanto, es mucho menos probable que vengan", ha. declarado en la BBC. Sin embargo, sus declaraciones han quedado inmediatamente en entredicho por las cifras facilitadas este lunes por el ministerio del Interior. Entre el viernes y el pasado sábado, casi 500 personas cruzaron el canal de la Mancha en diez pateras.

Horas después de que Westminster aprobara la polémica iniciativa de expulsión en Ruanda, justo al día siguiente, el día de Sant Jordi, en la pequeña localidad de Ballina, a 230 kilómetros al noreste de Dublín, un par de cientos de personas participaron en una manifestación de protesta contra la presencia de migrantes en las calles del pueblo y, más en concreto, contra el alojamiento de 120 personas en 33 habitaciones del Twin Trees Hotel, uno de los establecimientos más populares de la villa.

Los manifestantes levantaban la voz por lo que consideraban un potencial perjuicio a la industria turística –Ballina es la capital de la pesca del salmón en las islas y llegan muchos amantes de este deporte para practicarlo– y reclamaban que los sol solicitantes de asilo fueran acogidos en instalaciones del estado. El pasado fin de semana había tenido lugar una primera protesta y este pasado fin de semana también se celebró otra, si bien también ha habido concentraciones de apoyo a los migrantes.

El episodio es, en todo caso, una manifestación más de la punta del iceberg de uno de los grandes retos a los que se enfrenta Irlanda y, en general, todo el continente europeo: la gestión de la inmigración y cómo la Unión garantiza la protección de los derechos humanos de los más necesitados sin dejarse atrapar por el relato de la extrema derecha, que hace llamadas continuas a fortificar las fronteras comunitarias frente a lo que califica de invasión.

Multiplicación de las llegadas

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2023 llegaron a la República de Irlanda 13.277 personas que pedían acogerse en el programa de solicitantes de protección internacional, la mayoría a través del aeropuerto y del puerto de Dublín. En enero del 2024 llegaron 1.773 más y en febrero, último período del que existen datos concretos, 3.342. Es decir, en los dos primeros meses de este año, 5.115 personas –más de un tercio de las que lo hicieron en 2023– han solicitado el estatuto de refugiado. A finales de abril superarían ya las 6.000, según fuentes gubernamentales, aunque no han aportado todavía datos exactos.

Ha estado con estas cifras en manos que el gobierno irlandés ha acusado al británico de haber abierto el grifo y haber dejado que el 80% de estos migrantes hayan entrado en el país a través de la frontera abierta del ' isla entre Irlanda del Norte (Reino Unido) y la república. Por otra parte, dice Dublín, las solicitudes de protección no se habrían hecho directamente en la oficina central del programa de protección, en la capital, sino en el aeropuerto y el puerto, donde se agasajaron la inmensa mayoría de las 13.277 solicitudes mencionadas de 2023.

Ley de urgencia y moneda de cambio

El Parlamento irlandés debatirá este martes una ley de urgencia para permitir la expulsión de los migrantes a territorio británico, declarándole un país seguro para los refugiados. Pero, como ya se ha apuntado, Londres ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Al menos hasta que Francia no admita, a su vez, el regreso de todos los migrantes que llegan a las costas de Inglaterra tras superar una peligrosa travesía por el canal de la Mancha. Pero Francia argumenta que se trata de una negociación que debe vehicularse a través de Bruselas. En este contexto, la reunión que debería haberse celebrado este lunes entre el ministro del Interior británico, James Cleverly, y la ministra de Justicia irlandesa, Helen McEntee, para abordar el tema se canceló el domingo a última hora.

Una vez más, como durante todas las tortuosas negociaciones del Brexit, la frontera permeable de la isla está en el centro de la polémica. La disputa ha eclipsado una reunión de la conferencia intergubernamental británico-irlandesa, que se ha celebrado este lunes en Londres, pese a los intentos del ministro de Asuntos Exteriores de la república, Micheál Martin, de minimizar la polémica.

Martin destacó que deben "atacar las causas de raíz de la migración, con una mayor inversión en términos de cooperación al desarrollo, que muchos países están haciendo, incluido Reino Unido". Sin embargo, a pesar de estas palabras conciliadoras y las buenas relaciones desde hace más de tres décadas entre ambos países –acostumbrados a llegar a todo tipo de acuerdos, en especial en el contexto del superado conflicto norirlandés–, Londres difícilmente cederá en estos momentos.

La dureza contra la inmigración es un argumento electoral para unos conservadores en caída libre en las encuestas –la diferencia con los laboristas es de más de veinte puntos–, y se agarrarán a cualquier tabla de salvación para intentar no ser borrados del mapa. Los migrantes, de nuevo, moneda de cambio en la política británica y europea.