Reino Unido obliga desde hoy a verificar la edad para acceder a webs porno

LondresDesde hoy, los adultos que quieran acceder a pornografía online desde Reino Unido deberán demostrar que son mayores de 18 años mediante al menos uno de los siete sistemas de verificación de edad establecidos por el Ofcom, el regulador británico de los medios y los contenidos audiovisuales, sea por televisión o en estríming. Un servicio que llevarán a cabo compañías privadas, no el gobierno.

La medida forma parte del Online Safety Act, una ley aprobada hace casi dos años por el Parlamento británico que, en principio, busca reducir la exposición de los menores a contenidos nocivos en internet, y no sólo pornografía, sino también materiales relacionados con el suicidio, las autolesiones, los trastornos alimentarios, la violencia y el odio. Aunque podría haber formas de saltarse los controles de verificación de la edad –por ejemplo con el uso de una VPN, que podría situar al usuario de internet en otra zona geográfica donde no hubiera estos requisitos–, los propios especialistas consideran que el acceso a las webs pornográficas puede reducirse significativamente.

Un solo dato ilustra la magnitud de las cifras que mueve la pornografía online en Reino Unido En el año 2020, en plena pandemia, la web para adultos Pornhub atrajo 185 millones de visitas. El 75% de éstas fueron de hombres, de acuerdo con una proyección hecha por el Ofcom. Y en años posteriores, el consumo se ha estabilizado. El último informe del propio organismo, Online Nation 2024, basado en datos de audiencia de la empresa Ipsos Iris, revelaba que el 29% de los adultos con acceso a internet en Reino Unido –unos 13,8 millones de personas– visitaron servicios de contenido pornográfico en mayo de 2024. La cifra es prácticamente idéntica a la de 2023 (29%) y ligeramente inferior a la de 2022 (31%).

La diferencia de género es igualmente notable, como ya se ha apuntado anteriormente: el 43% de los hombres conectados a internet acceden, frente al 16% de las mujeres. Los varones representan el 72% de todo el público de estas plataformas. El portal con mayor alcance sigue siendo Pornhub, y la media mensual de consumo por persona es de 50 minutos. De todas formas, estos datos deben leerse con cautela porque podrían ser mucho más altos, ya que Ofcom advierte que un número indeterminado de usuarios se conectan a estos contenidos con navegación privada, y escapan al control de cualquier medición.

Menores cada vez más precoces

En cuanto a los menores, según otra búsqueda del Ofcom realizada entre noviembre de 2024 y marzo de este año, el 8% de los niños de entre 8 y 14 años visitaron un sitio web o una app pornográficos, incluyendo un 3% de niños de 8 a 9 años. El mayor porcentaje se da entre los niños de 13-14 años, un 19% de los cuales han accedido. Entre las chicas de esa franja de edad, la cifra es del 11%. El estudio sólo cubre hasta los 14 años, pero no reflejaba la exposición de adolescentes mayores, que probablemente superan estas cifras. Así, la proporción total de menores que visitan páginas porno puede ser muy superior.

Según datos de Ofcom, el 80% de los adultos del Reino Unido apoyan los controles de edad como forma de proteger a los menores. El organismo subraya que el objetivo no es censurar el contenido legal para los adultos, sino crear una barrera efectiva que impida que los niños y niñas vean material para el que no tienen ningún derecho legal de acceso. Las plataformas que no cumplan con la nueva normativa se exponen a multas de hasta 18 millones de libras o el 10% de sus ingresos globales. En casos extremos, Ofcom podría pedir a los tribunales que ordenen bloquear una web.

A pesar del apoyo mayoritario a la nueva legislación, varias organizaciones han criticado los riesgos de la normativa. Un grupo como Big Brother Watch alerta de que los métodos de verificación digital pueden ser intrusivos, provocar filtraciones de datos personales y excluir a personas que no tengan acceso a dichos mecanismos, quizás la justificación más débil. También advierten del peligro de que empresas privadas gestionen información tan sensible como la identificación de los usuarios de estos portales y del riesgo de una filtración de los datos de las personas que solicitaran la verificación de la edad.

También hay expertos que consideran que la ley no va lo suficientemente lejos, ya que otros contenidos nocivos –como la pornografía violenta o los retos peligrosos en las redes sociales– seguirán siendo accesibles a los adolescentes a través de otros canales si no hay un control mucho más amplio y se implican más a fondo las grandes tecnológicas.

Un contexto global de regulación creciente

La iniciativa británica se enmarca en un debate internacional sobre la protección de los menores en internet. En Estados Unidos, varios estados han empezado a legislar en esa dirección. El caso más extremo es el de Florida, que desde 2025 prohíbe que los menores de 14 años tengan cuentas en las redes sociales. Para verificar la edad, las plataformas deben implementar sistemas de identificación documentada y, en el caso de los adolescentes de 14 a 15 años, se requiere el consentimiento parental antes de crear una cuenta. Esta norma se ha convertido en un precedente de que otros estados, como Utah o Arkansas, están estudiando imitar.

Por otra parte, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del pasado junio que avaló la constitucionalidad de las leyes de verificación de edad para acceder a pornografía online en Texas ha reforzado esta tendencia. El tribunal estableció que los menores no tienen un derecho constitucional a consumir contenido pornográfico y que exigir la identificación a los adultos es una medida "ordinaria y apropiada" para proteger a los niños. En Australia también existe verificación de la edad, mientras que en España están en prueba sistemas de verificación de edad con la llamada cartera digital y con biometría (AEPD), además de una app antiporno.

Hay otros lugares donde la verificación de edad genera mucha más polémica y estira y aflojas legales. Ethical Capital Partners– suspendieran el servicio a principios de junio, fue suspendida a finales del mismo mes por el tribunal administrativo de París mientras investigaba si el decreto del gobierno es compatible con la legislación de la UE.