La UE arrastra los pies en la lucha contra el cambio climático

BruselasTiempo era tiempo que elecologismo logró marcar la agenda de la Unión Europea, los partidos verdes no dejaban de ganar representación y casi todos los dirigentes europeos abrazaban la lucha contra el cambio climático. Aunque fuera de cara a la galería, estaba de moda y bien visto hacer caso a la ciencia. La tortilla se ha girado en los últimos años. La contraondada ecologista, liderada por una extrema derecha creciente, ha arrastrado a los líderes de la derecha y el centro tradicional, y está consiguiendo poner bastones en las ruedas en la batalla verde impulsada por Bruselas, hasta el punto de que su liderazgo internacional en este campo se está empezando a poner en duda.

Este frenazo del bloque europeo ha quedado patente en el Consejo de Medio Ambiente de la UE de este jueves. Los Estados miembros debían acordar en la reunión ministerial los objetivos climáticos que pretenden alcanzar en 2035 y 2040 y presentarlos al encuentro de la ONU de la próxima semana, pero algunos países han pedido aplazar la decisión y discutirla el próximo mes. El primer presidente que lo solicitó no fue ningún líder de extrema derecha ni siquiera del PP Europeo, sino el francés, Emmanuel Macron, que se ha erigido en uno de los dirigentes más contrarios a la agenda verde europea del continente.

Luego también le siguieron el resto de los grandes estados miembros de la UE –Alemania, Italia y Polonia–. Lo único que no se ha sumado y ha llamado a mantenerse al frente de la lucha del cambio climático es España, sobre todo después de que Estados Unidos de Donald Trump se haya desentendido del Acuerdo de París. "Debemos consolidar nuestro liderazgo", ha remarcado en declaraciones a la prensa la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el encuentro ministerial de este jueves en Bruselas.

De este modo, la Unión Europea incumplirá el plazo máximo que había dado la ONU a todos los estados que integran el Acuerdo de París. Sin embargo, por no presentarse con las manos vacías, los ministros de Medio Ambiente de la UE han acordado este jueves una declaración sobre cuáles serán aproximadamente sus objetivos climáticos. Finalmente, en 2035 los Estados miembros tendrán que haber reducido respecto a los niveles de 1990 las emisiones de efecto invernadero entre un 66,25% y un 72,5%, según informan fuentes diplomáticas al ARA.

Se trata de una propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno socialdemócrata de Dinamarca, que ostenta la presidencia temporal del Consejo de la UE, y no es vinculante. Es decir, papel mojado. Tal y como pidió Macron, la primera y última palabra la tendrán los jefes de estado y de gobierno de la UE en la cumbre que celebrarán el próximo mes. En todo caso, Bruselas y los Estados miembros mantienen el compromiso de cerrar un acuerdo definitivo el próximo mes y llegar con el trabajo realizado en la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas (COP), que se realizará en Brasil del 10 al 21 de noviembre.

Una UE dividida

Todos los Estados miembros grandes de la Unión Europea –a excepción de España– piden más flexibilizaciones a la hora de alcanzar los logros climáticos que ya se ha impuesto el bloque europeo. La propuesta de la Comisión Europea, que es la base de lo que los gobiernos estatales están negociando ahora, no ha logrado pasar el filtro de la reunión ministerial de este jueves. No ha habido acuerdo, pues, para que en 2040 se reduzcan un 90% las emisiones del efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990, alcanzando así la neutralidad climática en 2050.

La principal novedad de la propuesta de Bruselas es que los Estados miembros puedan externalizar en parte la reducción de las emisiones. Bruselas pretende introducir lo que se conoce como créditos internacionales de carbono, que permitirán a los países contabilizar como propia la reducción de emisiones conseguidas por países terceros –normalmente economías más pobres–, sea pagándoles un precio determinado por tonelada de CO₂ que reduzcan o realizando inversiones verdes. Se trata de una compraventa de derechos de emisión que ya se incluye en el Protocolo de Kioto y en el Acuerdo de París.