La UE quiere comprar derechos de emisiones de CO2 a países pobres para cumplir con sus objetivos climáticos

BruselasLa Comisión Europea ha ratificado este miércoles su objetivo de reducir el 90% de las emisiones de efecto invernadero en 2040 respecto a los niveles de 1990, un hito que ha reivindicado como el más ambicioso. Pero, para lograrla, el propio ejecutivo comunitario ha anunciado que introducirá más flexibilizaciones en el cumplimiento de la normativa y, entre otras medidas, permitirá contabilizar en la consecución de los objetivos climáticos de los estados miembros la disminución de emisiones que logren potenciar en países fuera de la Unión Europea.

La intención de Bruselas con la presentación de este objetivo climático es blindar la vía de reducción de las emisiones contaminantes para alcanzar la neutralidad climática en 2050, que es el hito final que tiene la UE. De esta forma, se quiere asegurar que la contraondada ecologista que atraviesa toda Europa y la oposición de una parte mayoritaria de los gobiernos estatales acaben diluyendo la agenda verde ya aprobada por el club europeo.

Ahora bien, la normativa presentada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y titular de Transición Neta, Teresa Ribera, debe negociarse y aprobarse por parte de los Estados miembros para que salga adelante. Y, por ese motivo, la propuesta aguace algunas de las exigencias actuales para cumplir con los objetivos y, en el mismo comunicado emitido por el ejecutivo comunitario, abre la puerta a varias "flexibilizaciones".

En este sentido, la principal novedad es que los Estados miembros podrán externalizar en parte la reducción de las emisiones. Bruselas pretende introducir lo que se conoce como créditos internacionales de carbono, que permitirán a los Estados miembros contabilizar como propia la reducción de emisiones conseguidas por terceros países –normalmente economías más pobres–, ya sea pagándoles un precio determinado por tonelada de CO₂ que reduzcan o realizando inversiones verdes.

Se trata de una compraventa de derechos de emisión que ya se incluye en el Protocolo de Kioto y en el Acuerdo de París. Sin embargo, Bruselas de momento limita su aplicación: se podrá empezar a utilizar a partir de 2036, y como máximo sólo se podrán comprar las emisiones equivalentes al 3% de las que la UE registró en 1990. Además, los estados miembros deberán asegurarse de que los países terceros realmente salgan adelante medidas y proyectos que consigan medidas y proyectos que consigan contaminar vigilancia y verificación fiables.

Otra de las flexibilizaciones planteadas por Bruselas es que los objetivos climáticos ya no se divida por sectores económicos y que, a partir de ahora, el sector que contamine de más un campo industrial se pueda compensar con otro que haya superado con creces los hitos climáticos. En cualquier caso, la Comisión Europea ha evitado aclarar qué sectores prevén reducir las emisiones por encima de lo esperado y, cuando le han preguntado por esta cuestión, el comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra, se ha limitado a seguir las bondades de la energía renovable.

Las presiones contra Ribera

La presentación de esta medida la ha liderado e impulsado Ribera, que es de las pocas voces socialistas y ecologistas que quedan en la Comisión Europea y en lo global de la UE. Pese a las flexibilizaciones que ha aceptado incluir, los Estados miembros han mostrado públicamente su animadversión al nuevo objetivo climático de Bruselas, ya que consideran que les incrementa la presión para seguir disminuyendo las emisiones.

De hecho, el propio presidente francés, Emmanuel Macron, abogó en el Consejo Europeo de la semana pasada por no presentar ese objetivo climático para 2040 y centrarse en los ya acordados. Cabe decir que durante los últimos años la UE ha diluido muchas de las medidas ecologistas que la propia Ursula von der Leyen había impulsado a principios de la pasada legislatura, y ya han permitido excepciones para la industria automovilística y, entre otras, para el sector agroalimentario, que son algunos de los que se han mostrado más críticos con la agenda verde europea.