El plan de Von der Leyen para reducir la burocracia de la UE
La Comisión Europea pretende disminuir el papeleo que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas para acceder a financiación europea
BruselasLas prioridades de Bruselas han cambiado. La Comisión Europea ha dejado de centrarse en potenciar la agenda verde y la transparencia del sector público para intentar reducir la burocracia de la Unión Europea y potenciar la eficacia de las administraciones comunitarias. El objetivo es que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, tengan que afrontar menos papeleo, especialmente para recibir las ayudas europeas. Y, de este modo, hacer del bloque europeo una región más competitiva frente a Estados Unidos y China. Ahora bien, la retirada de algunos controles también pone en peligro el cumplimiento de las normativas ecologistas que Bruselas tanto había reivindicado hasta hace pocos años para alcanzar los objetivos climáticos.
En este sentido, el ejecutivo de Ursula von der Leyen ha anunciado este miércoles que durante los próximos meses propondrá un paquete de iniciativas legislativas, la mayoría de las cuales deberán negociarse entre los estados miembros y el Parlamento Europeo. Una de las medidas más destacadas de esta ley ómnibus pretende simplificar todos los trámites que deben realizar los campesinos para acceder a las subvenciones de la política agraria común (PAC), que supone cerca de una tercera parte del total del presupuesto comunitario. De hecho, la UE ya acordó después de la ola de protestas del campesinado de hace un año que reduciría los controles ecologistas de los granjeros y ganaderos más pequeños y flexibilizaría las normas en caso de situaciones climáticas extremas, como sequía, incendios o inundaciones.
Por otra parte, la Comisión Europea asegura que también facilitará a las start-ups el acceso a fondos comunitarios o, entre otros, agilizará las iniciativas de rearme del bloque europeo y las destinadas a incrementar la capacidad de la industria armamentista. "Los ciudadanos y las empresas nos reclaman una UE más simple y austera. La hoja de ruta que presentamos señala el camino para ser más competitivos, resilientes y prósperos", asegura Von der Leyen en un comunicado emitido este miércoles.
![Von der Leyen en la rueda de prensa de este miércoles en Bruselas.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
Según los cálculos de la propia Comisión Europea, con estas medidas la Unión Europea podría reducir un 25% de la carga administrativa que deben afrontar las empresas en general y hasta un 35% en el caso de las pequeñas y medianas compañías. Si se logran estos objetivos, Bruselas cree que el coste que comporta la burocracia en toda la Unión Europea, que en la actualidad es de unos 150.000 millones de euros, se reduciría en unos 35.000.
Salvo salida a las negociaciones de los nuevos presupuestos de la UE
La Comisión Europea también ha presentado este miércoles las líneas maestras de los próximos presupuestos de la UE, que se prevé que entrarán en vigor de 2028 a 2034. A partir de ahí, los gobiernos europeos pueden empezar a presentar sus propuestas y el próximo julio Bruselas planteará de forma oficial las cuentas generales, que también tendrán que negociar los estados miembros y el Parlamento. A estas alturas, el ejecutivo comunitario sólo ha avanzado que pretende incrementar la financiación en defensa, potenciar la competitividad de la industria europea o, entre otras cosas, mejorar la gestión migratoria y reforzar los controles fronterizos.
El único país que ha presentado una propuesta sobre las próximas cuentas generales europeas ha sido España. En un documento al que ha tenido acceso el ARA, la Moncloa pide casi doblar el presupuesto comunitario, hasta unos 2 billones de euros repartidos en al menos cinco años. Y aunque apuesta por incrementar el gasto militar, el gobierno español remarca su voluntad de potenciar la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, y que el porcentaje del presupuesto que se destina pasa a ser del 30% al 50%.
Por otra parte, la Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no transponer la directiva europea para acelerar el despliegue de las energías renovables y también ha denunciado al Estado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar la normativa de préstamos dudosos. Es decir, los que todavía se devuelven pero que tienen un alto riesgo de acabar siendo impagados. Cabe recordar que, en caso de que los gobiernos estatales no apliquen las leyes comunitarias, se enfrentan a sanciones y multas millonarias por parte de las administraciones europeas.
