Camiones sin matrícula y fosas sin registro: el régimen iraní hace desaparecer los cadáveres
Paradas las manifestaciones, varias ONG denuncian que el número de muertes por la represión es de decenas de miles
BeirutCamiones sin matrícula descargan cuerpos de noche. Los cementerios reciben órdenes de abrir fosas sin registro. Familias firman documentos de silencio para recuperar a sus hijos. Así describen médicos, empleados de morgue y trabajadores funerarios el dispositivo que, según múltiples investigaciones, ha acompañado la represión de las protestas en Irán a principios de enero. La cifra que emerge, más de 30.000 fallecidos en pocos días, convertiría este episodio en la masacre más grave desde la revolución islámica de 1979. El régimen lo niega, pero las evidencias se acumulan.
Las protestas, que empezaron a finales de diciembre por el deterioro económico, pronto se transformaron en un movimiento contra el aparato de la República Islámica. El 8 y 9 de enero marcaron el punto de máxima movilización, con concentraciones masivas en Teherán, Mashhad, Isfahán y decenas de ciudades intermedias. Organizaciones de derechos humanos sostienen que las fuerzas de seguridad respondieron disparando directamente contra los manifestantes. Las protestas se han extinguido por ahora. Pero el debate se centra en cuántos murieron y dónde están.
The Guardian ha publicado una investigación basada en testigos de personal sanitario que describe hospitales saturados y cuerpos retirados por las fuerzas de seguridad antes de su registro oficial. El medio digital Irán International, con sede fuera del país, afirma que documentos internos elevan la cifra a más de 36.500 muertes sólo entre el 8 y 9 de enero. Reuters ha recogido denuncias de expertos de Naciones Unidas sobre heridos detenidos en hospitales y presión a familiares por recuperar cuerpos bajo condiciones de silencio. La agencia AP señala que la verificación independiente ha sido obstaculizada por un apagón casi total de internet durante tres semanas.
Human Rights Activists News Agency (HRANA), una organización con una extensa red de fuentes dentro de Irán, afirma haber confirmado 6.126 muertes, incluidos 5.777 manifestantes, 86 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes. Pero añade que sigue investigando otros 17.091 posibles hechos luctuosos todavía no verificados. HRANA cifra, además, en 41.880 los arrestos desde el inicio de las protestas y denuncia una "ola continua de detenciones, intimidación y control del relato público". La organización acusa a las fuerzas de seguridad de irrumpir en hospitales para localizar a heridos y arrestarlos, lo que genera nuevas preocupaciones sobre el acceso a la atención médica. Otra ONG, Irán Human Rights, con sede en Noruega, documenta al menos 3.428 manifestantes fallecidos y advierte que el balance final podría alcanzar los 25.000.
Ante estas cifras, las autoridades iraníes han publicado su primer balance oficial de 3.117 muertos, la mayoría –según su versión– miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados por "alborotadores". El gobierno acusa a los medios extranjeros de fabricar cifras para justificar una campaña internacional contra Irán. La diferencia entre ambas versiones es enorme y, sin observadores independientes, las cifras de víctimas se han politizado.
Nombres que no se pueden pronunciar
Los testigos que logran salir del país describen el mismo patrón: cuerpos retirados sin documentación, entierros nocturnos sin identificación, certificados de defunción sin causa detallada y advertencias explícitas a familiares para que no hablen con periodistas. En algunos casos, se habrían exigido pagos para recuperar los cadáveres. Activistas iraníes en el exilio denuncian que el régimen de los ayatolás está impidiendo que las víctimas se conviertan en símbolo colectivo. Sin nombres, no hay memoria compartida.
La práctica no es nueva. En 1988, miles de prisioneros políticos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes cuya ubicación sigue siendo incierta. Esa masacre nunca fue investigada. Hoy, los defensores de derechos humanos señalan a un patrón similar: hacer desaparecer los cuerpos para borrar las pruebas. La diferencia es que ahora existen vídeos, listas de nombres y documentos filtrados que circulan fuera del control de Teherán. La represión ya no se limita a las calles, también se libra en el terreno de la información.
Para las familias, la incertidumbre es el castigo más prolongado. No obtienen confirmación oficial, sólo silencio administrativo. Padres que recorren hospitales y comisarías sin respuestas. Madres que reciben una llamada indicando dónde recoger un cuerpo bajo la condición de no organizar funerales públicos.
La respuesta internacional ha sido, hasta ahora, prudente. Naciones Unidas ha pedido acceso independiente para investigar. La UE debate nuevas sanciones contra responsables de seguridad. Washington ha endurecido su discurso, calificando los informes de "creíbles y extremadamente graves". La crisis se superpone a un contexto ya tenso entre Estados Unidos e Irán por el estancamiento del acuerdo nuclear y los enfrentamientos directos o indirectos en la región.
La magnitud de la represión podría traducirse en más presión diplomática o medidas de fuerza en los próximos meses. Teherán, por su parte, advierte que cualquier intervención externa será respondida "en todos los frentes". En Irán, la lucha ya no es solo por las calles que hoy han quedado en silencio. Es por los nombres que todavía no se pueden pronunciar.
