La represión del régimen iraní llega a los hospitales

BeirutLas protestas masivas que sacudieron a Irán a principios de enero no sólo dejaron a miles de víctimas en las calles. También abrieron un nuevo frente dentro de los hospitales. Desde entonces, médicos, enfermeros y personal sanitario se han convertido en objetivo directo de las fuerzas de seguridad, acusados ​​de haber tratado a manifestantes heridos o de negarse a colaborar con los servicios de inteligencia, según han documentado medios iraníes, internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La escena grabada en Kahrizak, en el sur de Teherán –cuerpos alineados frente a un depósito de cadáveres–, se convirtió en uno de los símbolos de la represión tras difundirse en las redes sociales. Pero lejos de las cámaras, la presión se ha desplazado hacia los centros de salud, donde las autoridades buscan identificar a los heridos y reconstruir las redes de protesta a partir de historiales médicos y registros hospitalarios.

En Teherán, una doctora que emplea el seudónimo de Sanam explicó a medios franceses cómo agentes de seguridad irrumpieron de madrugada en su domicilio después de haberse negado a entregar datos de manifestantes heridos atendidos en su hospital. Según el relato, fue amenazada de muerte si no colaboraba en un plazo de pocos días. Desde entonces, ha abandonado su casa por miedo a ser detenida.

El caso se inscribe en un patrón más amplio. El diario reformista iraní Shargh informó de la detención de al menos 25 médicos y enfermeros después de las manifestaciones. En paralelo, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha documentado una represión de dimensiones excepcionales: más de 6.300 muertes confirmadas y al menos 17.000 casos todavía en proceso de verificación, algo que podría elevar el balance total por encima de las 23.000 víctimas.

El impacto de esta ofensiva también se refleja en el comportamiento de los pacientes. Según HRANA e IranWire, numerosos heridos abandonaron los hospitales antes de completar el tratamiento por miedo a ser arrestados. En otros casos, médicos optaron por registrar a los pacientes bajo identidades falsas o les atendieron fuera de los centros sanitarios.

La presión institucional se ejerce de forma sistemática. Médicos que participaron en intervenciones a heridos fueron convocados por los servicios de inteligencia internos y amenazados con sanciones profesionales, según informaron Shargh y medios internacionales como The Guardian. En el noreste del país, un médico jubilado llamado a reforzar los servicios durante las protestas fue advertido de que su contrato no sería renovado si no se sometía a una "validación de seguridad".

En otra provincia, un médico fue detenido el 9 de enero por transportar material sanitario básico. El caso fue documentado por HRANA y confirmado por Reuters. Estuvo diez días encarcelado antes de ser liberado bajo fianza, acusado de haber tenido un papel de liderazgo en las protestas.

Entre los detenidos se encuentra Hossein Babak Zarabian, especialista en enfermedades infecciosas, arrestado en Isfahán el 13 de enero. Según activistas y colegas citados por medios internacionales, se desconoce el sitio de la detención. El 1 de febrero, la fiscalía indicó que los cargos en contra de él eran "graves". En Ardabil, la dermatóloga Ameneh Soleimani también fue arrestada, un caso confirmado por Shargh. Según estas fuentes, la familia habría recibido amenazas por impedir la difusión del arresto.

Arrestos e intimidaciones

Ante estas denuncias, las autoridades iraníes mantienen una línea defensiva. El 31 de enero, el presidente del Colegio de Médicos de Irán, Mohamed Raisszadeh, reconoció expedientes judiciales contra 17 médicos, pero afirmó que las detenciones "no están relacionadas con actos médicos". Una posición similar adoptó Ahmad Nejatian, presidente de la Organización Nacional de Enfermeros. Estas declaraciones contrastan con la posición de colectivos profesionales. En un comunicado del 27 de enero, el grupo Metges i Drets denunció la "penalización del acto médico" y alertó sobre un clima de "miedo judicial" en los hospitales.

La preocupación ha trascendido las fronteras iraníes. El 29 de enero, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su inquietud por los informes sobre arrestos e intimidaciones contra personal sanitario y pidió la liberación de los profesionales detenidos. Mientras, las redadas continúan. En varias clínicas de Teherán, las fuerzas de seguridad requisaron grabaciones de videovigilancia, según denunciaron médicos a medios internacionales. El mensaje transmitido al personal ha sido explícito: los heridos pueden ser atendidos, pero la identidad debe comunicarse a las autoridades.

Algunos médicos han sido liberados bajo fianza en los últimos días, pero las sumas exigidas alimentan el temor a condenas severas. Entre el deber de curar y la presión de colaborar, los hospitales iraníes se han convertido en un nuevo escenario de la represión.