El Reino Unido pretende convertirse en una fortaleza contra los refugiados
Siguiendo los pasos de Dinamarca, Londres quiere enviar a todos los que entren sin permiso al extranjero mientras tramita el asilo
LondresEl eslogan tan difundido del Brexit "Recuperemos el control de nuestras fronteras" ya tiene otra consecuencia política. Con el inicio de la tramitación esta semana del proyecto de ley de nacionalidad y fronteras, el Reino Unido se sitúa "fuera de la legalidad internacional" y rompe el pacto firmado en 1951 de la convención sobre refugiados de las Naciones Unidas. Es el parecer de Leonie Ansems de Vries, profesora de relaciones internacionales y presidenta del Grupo de investigación sobre Migraciones del King's College de Londres, que considera que la propuesta legal que la ministra del Interior, Priti Patel, ha llevado al Parlamento es "una respuesta contraproducente a la migración forzada y representa una forma de violencia que socava el derecho internacional".
El aspecto más polémico de la ley, al que ya se apuntó el septiembre pasado, es la posible gestión offshore de las peticiones de asilo de aquellas personas que entren en el Reino Unido “de manera irregular”, es decir, sin los documentos legales necesarios para hacerlo. En principio, este colectivo podría ser trasladado a centros de asilo en el extranjero, donde serían retenidos hasta que se hubieran tramitado sus reclamaciones. El espíritu de la ley hace prácticamente imposible que ninguno de estos solicitantes sea aceptado en las islas británicas.
El Reino Unido seguiría así los pasos de Dinamarca, que a principios del junio pasado aprobó una controvertida legislación para externalizar las solicitudes de asilo a países de fuera de la Unión Europea, en este caso, Ruanda. The Times informaba este lunes que Patel ha establecido contactos con Copenhague para compartir el centro que los daneses han acordado establecer en el país africano. Anteriormente, según los documentos revelados el año pasado por el Financial Times, Londres había considerado las opciones de diferentes islas del Atlántico sur para establecer estas colonias de refugiados.
Una justificación dudosa
Las mismas razones del ministerio del Interior británico para justificar la externalización son también las que ha dado Dinamarca. La teoría es que la ley rompe una "estructura de incentivos negativos del sistema actual, injusto y carente de ética porque incentiva a niños, mujeres y hombres a embarcarse en viajes peligrosos por las rutas migratorias, mientras los traficantes de seres humanos ganan fortunas". Pero como ha recordado Tim Naor Hilton, jefe ejecutivo de Acción para los Refugiados, el proyecto de ley supone "reprimir a personas traumatizadas que solo desean construir una nueva vida aquí". A su parecer es "la última acción del gobierno, de una larga lista de actuaciones, que han supuesto costosos gastos para los contribuyentes y que simplemente hacen aumentar la actividad de los traficantes de seres humanos", justamente lo que la ley dice que quiere evitar.
En cualquier caso, como ha recordado al ARA la profesora Ansems de Vries, "estos planes no son compatibles con el derecho internacional y han sido ampliamente condenados por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)". Lo mismo han hecho otras entidades británicas de ayuda a los refugiados y de defensa de la legalidad. El Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales ha advertido que es "probable" que el proyecto de ley incumpla las obligaciones del Reino Unido derivadas de la firma del mencionado convenio del 1951.
Australia, referente
Tanto las políticas de Londres como las de Dinamarca se reflejan en la que puso en marcha Australia en 2001. A todos los solicitantes de asilo que quieran acogerse al estatus de refugiado en aquel país, pero que llegan por mar, se les prohíbe la entrada y son enviados a centros marítimos de países vecinos, como por ejemplo Papua Nueva Guinea.
Poco más de 6.000 personas han llegado a las costas de Dover este año, tratando de entrar en el Reino Unido a bordo de una patera. En 2020 más de 36.000, incluidos dependientes, solicitaron asilo en el Reino Unido. Al acabar el año se habían procesado 109.000 peticiones. Pero todavía hay 79.000 que hace más de un año que esperan en la cola. Pronto la gran mayoría se podrían encontrar en Ruanda o cualquier otro territorio elegido por las autoridades de Londres. La perversión del nuevo sistema que propone la ley es que la mayoría de los solicitantes de refugio llegan de zonas en conflicto, tienen que huir desesperadamente y no tienen ni el tiempo ni la posibilidad de pedir la entrada, en este caso en el Reino Unido, de manera legal. Y si entran y son detenidos, serán deportados en el extranjero y ya no podrán solicitar asilo. El Reino Unido del Brexit, presuntamente global, se cierra cada vez más sobre si mismo.