La Generalitat encuentra irregularidades en las dietas y deficiencias en las finanzas del IJC de la etapa Esteller

BarcelonaEl Instituto de Investigación Josep Carreras (IJC) sufrió “deficiencias importantes” que “han conducido o pueden conducir a irregularidades” en la gestión financiera de 2023, bajo la dirección del investigador del cáncer Manel Esteller. Es la conclusión del Informe definitivo de control financiero hecho por la Generalitat después de que el ARA destapara los trasvases de dinero y suplantaciones en el instituto de investigación en la etapa de Esteller.

El informe, al que ha tenido acceso el ARA a través de la ley de transparencia, solo ha auditado el dinero público procedente del gobierno catalán destinado a la financiación basal del centro, pero no los otorgados por la Fundación Josep Carreras. Es en el uso de esta financiación privada que una primera auditoría encargada por la misma Fundación había detectado numerosas irregularidades.

El informe, encargado por la consejería de Salud, que preside el patronato del centro de investigación, se centra exclusivamente en el ejercicio de 2023 y concluye que se trabajó con un millón de euros en el presupuesto que no llegó a existir y que se atribuye a un “error material”. Según la auditoría, este dinero lo presupuestó el entonces gerente del centro atribuyéndolo al departamento de Salud, pero la administración nunca aprobó la aportación.

En aquel ejercicio hubo “deficiencias importantes” en dietas y gastos llevados a cabo por Esteller como director. Según el informe, en nueve casos se hicieron gastos sin la autorización de la fundación del IJC que corresponden a una comida con varias personas de 603 euros y una estancia en un hotel de 2.219 euros en Estados Unidos. Entre estos gastos también hay varios destinados a taxis en Cataluña, con importes que van de los 127 a los 317 euros por trayecto. “Hay un volumen importante de tickets y facturas de taxis, algunos de los cuales no son justificables porque se podría haber utilizado el transporte público para no contravenir el protocolo”, dice la Generalitat.

En dos casos, los importes de los gastos superan lo que establece la ley. Uno de estos hace referencia a dos noches en Florencia por un coste de 6.283 euros. La normativa de la Generalitat fija que el máximo por una estancia en Europa es de 303 euros por noche. En el segundo caso, se trata de una comida para ocho personas en América del Norte por un coste de 591 euros. El máximo por ley por persona es de 50 euros. Además, en esta comida se incluyen bebidas alcohólicas, y esto "contraviene lo que se establece en el protocolo de viajes y dietas del IJC”, apunta el informe. Como consecuencia, el IJC responde que ha elaborado una política de viajes, aprobada el marzo pasado, que regula estas cuestiones "de conformidad con la legislación vigente".

Asimismo, el texto constata que en 2023 hubo indicios de fraccionamiento en casi la mitad de los contratos menores de la institución. Son una serie de contratos vinculados entre sí y el importe total supera el umbral de la contratación menor que marca la ley. El IJC responde que creará un grupo de trabajo interno para “regularizar la contratación de estos servicios”.

El informe también detecta una empresa –que ha facturado al IJC–, una de cuyas socias es una trabajadora del mismo instituto de investigación. Por ello pone en duda si esta actividad se ajusta a la normativa de incompatibilidades. En el momento de responder al informe, el IJC dice que la investigadora dejará de trabajar para la institución próximamente. Asimismo, el IJC afirma que "está trabajando en la creación de un equipo técnico para evaluar y optimizar el proceso de contratación conjunta de estos servicios".

Operaciones sin acuerdo de gobierno

Otra de las deficiencias detectadas hace referencia a las operaciones de Tax Equity –un mecanismo de los institutos de investigación para conseguir financiación a cambio de deducciones fiscales para el inversor–. Según el IJC, se han creado cuatro empresas “facilitadoras” para captar estas inversiones privadas en proyectos de investigación. En todos los casos, los negocios se han realizado con la participación del fondo Adastra Ventures. Cuando se acaban los proyectos, las empresas pasan a ser adquiridas por la Fundación del IJC, una operación “que no se ajusta a ninguno de los supuestos” previstos en la ley catalana de la ciencia.

“Parece que el único objetivo de la operación es obtener una financiación extraordinaria para el IJC a cambio de beneficiar a un tercer inversor”, destaca el informe. Se detecta que la empresa “facilitadora” de estas operaciones no aporta recursos, pero obtiene unos rendimientos. Todo ello se ha llevado a cabo sin el acuerdo de gobierno necesario por parte de la Generalitat. El IJC responde que no tiene previsto llevar a cabo más operaciones de este tipo.