Bruselas, con las 'telecos' europeas contra Silicon Valley

Europa quiere que las tecnológicas financien parte del coste de las redes

Las operadoras europeas de telecomunicaciones llevan años quejándose de que las grandes empresas de internet, las llamadas big tech, usan las redes europeas y ganan mucho dinero sin aportar prácticamente ni un céntimo, mientras las operadoras tienen que invertir constantemente en el cableado y los equipos de telecomunicaciones para atender el crecimiento del tráfico de datos, generado precisamente por las grandes plataformas digitales. Los especialistas del sector lo consideran un proceso totalmente asimétrico de contribución a la conectividad digital.

Ahora parece que estas demandas reiteradas de las operadoras europeas serán escuchadas. Cuando menos, esto se desprende de las declaraciones de Margrethe Vestager, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. El pasado lunes, durante una conferencia de prensa donde dio a conocer que la Comisión Europea investiga a Apple sobre el carácter cerrado del sistema Apple Pay de pago, dejó caer a la agencia Reuters: “Hay un tema que tendremos que considerar con mucha atención, que es el de la contribución justa en las redes de telecomunicaciones”.

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El mismo día, y no puede ser casualidad, la ETNO, asociación-grupo de presión que reúne a la mayoría de los operadores europeos, hacía público un largo informe, titulado Europe's internet ecosystem, donde se asegura que “los gigantes digitales no contribuyen de manera leal al despliegue de las redes de telecomunicaciones a pesar de que generan unos costes relacionados con las redes [de las operadoras europeas de telecomunicaciones] de decenas de miles de millones de euros”.

Rizando el rizo, el informe elaborado por la consultora Axon Partners por encargo de la ETNO precisa que esta práctica, sobre todo de los llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook [ahora Meta] y Apple), así como la plataforma de streaming Netflix, “reduce la capacidad de conseguir los objetivos de conectividad europeos previstos para 2030 y bloquear sus beneficios socioeconómicos”, que incluyen un crecimiento de 72.000 millones de euros del PIB, la creación adicional de 840.000 puestos de trabajo hasta 2025 y un recorte de las emisiones de CO₂.

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Esta vez no parece que el llamamiento de ETNO tenga que caer en el olvido. El pasado miércoles, Thierry Breton, comisario de Industria y mano derecha de Vestager, decía en Twitter: “Un puñado de actores ocupan más del 50% de la anchura de banda mundial [de internet]; ha llegado la hora de reorganizar la remuneración justa de las redes”. Y añadía: “Será una de las principales tareas de nuestro espacio digital, después de la DSA y DMA”, las leyes de servicios y mercados digitales aprobadas por la Unión Europea durante los dos últimos meses y que tendrían que entrar en vigor el año que viene.

Según el informe de la ETNO, las telecos europeas han invertido en los últimos diez años unos 500.000 millones de euros en redes fijas y móviles, mientras que “los seis primeros gigantes digitales han generado alrededor del 55% de todo el tráfico” sobre estas redes a pesar de haber aportado poco o nada para desarrollarlas a nivel estatal.

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Mercado de internet ‘desequilibrado’

Las operadoras europeas ven actualmente imposible recuperar estos costes por culpa del poder de negociación asimétrico que favorece a las grandes tecnológicas y encima no hay una regulación justa. En esencia, los mercados del tráfico de internet están desequilibrados. Además, según un informe de Frontier Economics citado en el de la ETNO, "solo el tráfico que mueven los gigantes de internet podría generar unos costes añadidos de 15.000 millones de euros o de 36.000 millones si se consideran todos los factores".

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La ETNO considera urgente una intervención regulatoria específica que resuelva el grave desequilibrio del tráfico de internet y aproveche las oportunidades socioeconómicas que representa para los ciudadanos y las empresas de Europa. Esto se podría hacer dentro del marco de los principios de un internet abierto en Europa y asegurando a todos los consumidores que podrán disfrutar del acceso a redes de más calidad. Estaría, además, dentro del espíritu de la nueva ley de mercados digitales (DMA) y otras leyes vigentes en la Unión Europea.

La idea no es precisamente nueva, pero ahora parece que se quiere obligar a que los gigantes de internet (en su gran mayoría, de EE.UU.) contribuyan a financiar las redes europeas. Como es de suponer, las big tech están frontalmente en contra. Netflix, uno de los grandes señalados por el informe, no ha hecho comentarios oficiales, pero recuerda que cada año invierte unos 1.000 millones de dólares en servidores que reparten y aligeran el tráfico que generan las series y películas que emite.

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Los gigantes digitales tienen su propio grupo de presión, la CCIA, que argumenta que las operadoras ya las pagamos los internautas. Y pone como ejemplo lo que pasaría si las empresas energéticas quisieran cobrar a los fabricantes de lavadoras una tasa por la electricidad que consumen. Hasta ahora, las autoridades americanas y europeas han rechazado este concepto, recuerda la CCIA.

Por si no hubiera bastante obstáculos en las pretensiones de las operadoras, los defensores del acceso libre a internet y los debates sobre la directiva de derechos de autor y la remuneración a las empresas periodísticas también se oponen. Por no hablar de la neutralidad de las redes, el principio según el cual todo el contenido es tratado del mismo modo. Los que se oponen a aplicar más regulación opinan que, si se obligara a las tecnológicas a establecer acuerdos comerciales, no tardarían mucho en reclamar en contraprestación la preferencia en velocidad y acceso, y pondrían a la cola a los otros proveedores de servicios digitales.

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Las dificultades de obligar a los gigantes de internet a pagar por el uso de las redes europeas son evidentes. Pero a Vestager, que tendría que ser la responsable de aplicarlo, tampoco le vendrá de nuevo: está acostumbrada a recoger dosieres casi imposibles y lo va consiguiendo.

El objetivo más reciente de Vestager y Breton es Apple, a quien quieren obligar a abrir la conectividad NFC de los iPhones más allá de su sistema de pago Apple Pay y a adoptar el conector estándar USB-C en los cargadores de móvil. La empresa se defiende diciendo que sus sistemas propietarios son más seguros, pero es evidente que los hace menos compatibles.

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Los numerosos frentes legales que la Comisión Europea tiene abiertos contra Apple y otras tecnológicas como Google, Facebook, Amazon y Microsoft por diferentes motivos podrían ser peccata minuta comparados con lo que se quiere abrir ahora. Aun así, las nuevas directivas DSA y DMA que la Comisión Europea tendrá pronto al alcance son dos armas legales poderosas, con una capacidad sancionadora ex ante muy importante.