Voto electrónico, la solución que no llega nunca

Sean el 14 de febrero, el 30 de mayo o cuando el TSJC considere oportuno, las elecciones a la XIII legislatura del Parlament de Catalunya serán muy diferentes de todas las anteriores porque la jornada de votación tendrá lugar bajo el efecto de la pandemia de covid-19. Entre los votantes afectados por el virus y los que temen contagiarse, esta vez la participación podría resentirse considerablemente. Los ciudadanos más voluntariosos buscamos alternativas y a estas alturas las peticiones de voto por correo ya multiplican por 2,5 las de la convocatoria anterior. Pero después de tantos meses en los que mucha gente ha comprobado que era posible teletrabajar y que muchos trámites se pueden hacer vía telemática, es pertinente preguntarnos por qué no se ha implantado todavía un sistema de voto electrónico. La respuesta tiene más que ver con la voluntad política que con la tecnología.

La tecnología necesaria hace años que está disponible y a la altura del reto, tanto para votaciones electrónicas presenciales (con máquinas en los colegios electorales, que en otros países se hacen servir para votaciones complejas del estilo del Senado español) como para votaciones vía telemática. En las de menos trascendencia, como la asamblea general de Òmnium Cultural de esta semana, los votantes pueden recibir por correo electrónico un enlace personalizado para acceder a la plataforma de votación, incluso añadiendo una contraseña que se proporciona por otro medio. En unas elecciones legislativas como las que nos ocupan, el acceso a la votación se puede condicionar a la acreditación previa como miembro del censo electoral, mediante un certificado digital o DNI electrónico que hay que complementar con un código recibido por SMS, como hacen en Francia. Los procesos de alta como cliente de algunos bancos también demuestran la viabilidad de la identificación biométrica e incluso la posibilidad de mostrar simplemente el DNI o el pasaporte a la cámara del teléfono para demostrar que somos quien decimos que somos.

Una vez acreditada la condición de votante, este accede con el navegador del ordenador o el móvil a una página donde elige a los candidatos. El contenido de cada voto recogido por el sistema se guarda cifrado y vinculado a la identidad del ciudadano, igual que los votos por correo están formados por dos sobres, uno dentro del otro acompañado de la tarjeta censal, y el votante recibe un comprobante que le permitirá verificar que su voto ha acabado dentro de la urna. En Suiza incluso puede comprobar que su intención de voto se ha mantenido intacta.

Cuando se cierran las urnas el sistema suele permitir sacudirlas virtualmente antes de iniciar el recuento, para impedir que algún observador pueda deducir patrones a partir del orden de recepción de los votos. La urna la abren los miembros de la mesa reconstruyendo la clave que permitirá descifrar los votos de esa mesa –y solo los de esa mesa–, y que se habían repartido entre todos en el momento de constituirse como sección electoral al principio de la jornada. A continuación se descartan los votos electrónicos de los ciudadanos que también han ido a votar en persona, como se puede hacer en Noruega. Y antes de iniciar el recuento de los votos, se desvinculan estos de las identidades, a pesar de que estas no se destruyen para evitar que alguien añada votos a una urna ya cerrada. La aplicación de recuento está sometida a procesos de auditoría universal y su funcionamiento y resultados son públicos, hasta el punto de que cualquier ciudadano puede ejercer de interventor.

En definitiva, como explica al ARA Jordi Puiggalí, director de investigación y seguridad de la empresa catalana Scytl de tecnología electoral, el voto electrónico tiene las mismas garantías y ofrece la misma confianza que el voto postal, o incluso más, porque es más auditable.

Obstáculos políticos

Aún así, mientras que otros países ya han incorporado el voto ,electrónico aquí sigue habiendo reticencias. En un debate con candidatos que el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions organizó el pasado jueves, solo Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya y actual conseller de Políticas Digitales, optó claramente por adoptarlo. El resto de los participantes hicieron las habituales apelaciones a la prudencia y a hacerlo "bien", sin concretar más.

Quien sí concreta es el profesor universitario Ismael Peña-López, ahora director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, área adscrita a la conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. En conversación con este diario, Peña-López reconoce que la tecnología de voto electrónico está madura, pero aclara que con esto no basta. Por un lado, la implantación se tiene que hacer en paralelo con las votaciones convencionales para generar confianza y costumbre entre los ciudadanos, y esto implica un sobrecoste de 5 millones de euros respecto a los 10 o 12 millones que cuestan unas elecciones normales al Parlament. Pero esto no sería un obstáculo insalvable, dado que el sobrecoste del dispositivo excepcional por la pandemia ya será de entre 10 y 15 millones.

Tanto Puiggalí como Peña-López consideran que la adopción del voto electrónico en unas elecciones de carácter general tiene que ir precedida de su uso frecuente en otros procesos de votación más restringidos, sean sindicales, en los consejos escolares, las cámaras de comercio o un club deportivo. El político va más allá: se podrán hacer elecciones digitales al Parlament cuando todos los ciudadanos hayan votado virtualmente dos veces en otros procesos.

Los dos especialistas coinciden también en destacar que, en ausencia de esta normalización previa, aplicar la tecnología representa un factor de desequilibrio social porque la rendija digital suele coincidir, por ejemplo, con la rendija educativa. El resultado de las elecciones en las cámaras –y, en sentido contrario, la reticencia del FC Barcelona en admitir el voto electrónico que quería el precandidato Víctor Font– también hace evidente que el mecanismo de participación puede ser determinante en el resultado. Finalmente, cualquier político teme que, si votar acaba siendo tan fácil y económico (unas elecciones tradicionales movilizan a 30.000 miembros de meses, unas digitales se pueden gestionar con menos de 100 personas) como permitiría el voto electrónico, la democracia representativa quede desdibujada en favor de la democracia directa.

Esta es quizás una de las grandes claves que explican el poco interés de nuestra clase política para avanzar hacia el voto electrónico. Se suele justificar con el hecho de que Catalunya no tiene una ley electoral propia y se da por sentado que sería dentro suyo donde habría que prever el voto electrónico. Pero si no se rompe esta relación nunca lo lograremos, porque nadie quiere entrar de verdad a alterar los actuales pesos relativos de los votos según territorios. Peña-López apunta a un posible solucionador: desvincular la regulación de los procedimientos electorales de la atribución de escaños, con dos leyes separadas. Ojalá.