Dictamen histórico: No actuar contra el cambio climático "es ilegal", dice el Tribunal de la Haya

BarcelonaNo tomar medidas para proteger al planeta del cambio climático podría violar el derecho internacional. Lo afirma el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en una opinión consultiva en relación a las obligaciones de los estados para poner freno al calentamiento global. El hecho de que un estado no tome "las medidas adecuadas para proteger el sistema climático puede constituir un acto internacionalmente ilícito", afirmó este miércoles el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, en la comunicación del veredicto, en La Haya, sede del Tribunal. El TIJ consideró que los tratados sobre cambio climático establecen "obligaciones vinculantes" para los países firmantes, y que incumplir las obligaciones es un "acto internacionalmente ilícito" que puede dar lugar a "reparaciones".

Así, la crisis climática ya no es sólo un reto político o moral de la humanidad. Ahora es también una cuestión de legalidad internacional, de acuerdo con el alto tribunal de Naciones Unidas. Los estados, pues, tienen la obligación de reducir sus emisiones y compensar a los países más afectados por sus efectos nocivos, un debate que siempre se aborda en las cumbres de la ONU sobre el cambio climático, pero que, a pesar de los compromisos alcanzados, nunca se acaba de hacer realidad. "El cambio climático plantea un problema existencial de proporciones planetarias, que amenaza todas las formas de vida y la salud misma del planeta", ha declarado también el juez presidente, desde el Palau de la Pau, en La Haya.

El pronunciamiento del Tribunal da respuesta a dos cuestiones clave: cuáles son las obligaciones de los estados, de acuerdo con el derecho internacional, para proteger a las generaciones presentes y futuras ante el calentamiento global, y qué consecuencias legales afrontan aquellos países que no cumplan estos deberes. "Las consecuencias del cambio climático son graves y de amplio alcance. Afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas", ha remarcado el juez Iwasawa.

¿Fin de la impunidad legal?

Una de las aportaciones más relevantes del dictamen es el rechazo al argumento de lex specialis, defendido por algunos países desarrollados y grandes contaminantes. Esta interpretación sostenía que tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o el Acuerdo de París eran los únicos marcos aplicables para determinar obligaciones. El TIJ lo desestima y establece que las normas de derecho internacional consuetudinario siguen vigentes, incluso para países que no forman parte de estos acuerdos. con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, como había hecho en 2017, durante su primera presidencia.

En cuanto al propio Acuerdo de París, el tribunal ha reafirmado su objetivo de 1,5 °C como límite esencial y ha calificado las obligaciones de mitigación de "estrictas". Asimismo, ha señalado que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que cada estado debe actualizar cada cinco años, no son medidas discrecionales, sino compromisos que deben ser suficientes para alcanzar los objetivos del acuerdo. "Las NDC deben cumplir ciertos estándares y, en su conjunto, deben ser capaces de hacer realidad los objetivos del tratado", ha subrayado Iwasawa.

El TIJ ha ido más allá y ha situado el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como condición indispensable para el disfrute de todos los derechos fundamentales. Esta afirmación recoge una demanda de largo recorrido de los países en desarrollo y consolida el reconocimiento internacional de un derecho proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2022. "La protección del medio ambiente es una condición previa para la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras", ha sentenciado el magistrado.

El origen de esta opinión consultiva se encuentra en la iniciativa del grupo Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC), impulsada en 2019 por jóvenes activistas de naciones del Pacífico, las cuales contribuyen con menos del 1% de las emisiones globales, pero sufren los efectos más devastados. océanos. "Hoy los países más pequeños del mundo han hecho historia", celebró Vishal Prasad, director del PISFCC. "Este dictamen acerca el momento en que los gobiernos ya no podrán ignorar sus responsabilidades legales. Es una mesa de salvación para las comunidades del Pacífico en primera línea de la crisis. Cuando un tribunal de esa autoridad establece conexiones entre el comportamiento estatal y las normas jurídicas, el efecto va mucho más allá del caso concreto."

Lo cierto es que las opiniones y el dictamen del TIJ no son vinculantes. Sin embargo, pueden llegar a tener un peso considerable y se prevé que la decisión de este miércoles aceleren los litigios climáticos a escala mundial. "Cuando un tribunal como el TIJ reconoce que no reducir las emisiones puede constituir una violación de las obligaciones internacionales, esto abre la puerta a nuevas reclamaciones legales", analizó Sébastien Duyck, abogado del Centro para el Derecho Ambiental Internacional.

La decisión del TIJ se enmarca en una tendencia creciente: cada vez más tribunales internacionales y constitucionales abordan casos relacionados con la crisis climática. El pasado año el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) ya calificó las emisiones de carbono como contaminante marino y exigió medidas para prevenir sus efectos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también declaró que tanto los estados como las empresas tienen obligaciones vinculantes para abordar la crisis climática como una emergencia relacionada con los derechos humanos, situando los daños irreversibles al mismo nivel que delitos internacionales como el genocidio o la tortura.