Una amnistía para poder celebrar elecciones sin interferencias

Con suerte, la próxima campaña electoral catalana debería ser la última con la interferencia judicial de los jueces. Porque si la amnistía es necesaria para resolver situaciones personales injustas, también lo es para celebrar una campaña electoral sin límites para ninguno de los candidatos y sin la amenaza de la justicia. El hecho de que más personas hayan tenido que irse al exilio en el marco de la causa de Tsunami Democrático, un auténtico despropósito jurídico, ya ha enturbiado el ambiente a las pocas semanas de las elecciones. Pero además, el juez Manuel García-Castellón aún puede decidir si, en plena campaña electoral, cita a declarar a los acusados ​​que no se han exiliado, como por ejemplo Oriol Soler o Xavier Vendrell, con el riesgo de que decida enviarlo en la cárcel. Este escenario nefasto haría revivir los peores momentos de la represión contra el independentismo posterior al 1-O.

El caso es que la campaña electoral no será aún normal. Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg tendrán que hacer campaña desde el extranjero, y muchos políticos, más allá de los más conocidos como Oriol Junqueras, todavía no pueden presentarse porque tienen sentencias condenatorias. Es el caso de la republicana Meritxell Serret o el cupero Pau Juvillà. La gran incógnita en estos momentos todavía es si la amnistía podrá aplicarse con la rapidez que esperan sus redactores o si las maniobras dilatorias de la judicatura funcionarán. Por eso la amenaza judicial no solo planeará sobre la campaña electoral, sino que será especialmente visible durante las semanas previas a cualquier debate de investidura. Todo ello nos sitúa en un escenario de máxima incertidumbre en el que el funcionamiento ordinario de la democracia sigue en una especie de limbo, pendiente de decisiones judiciales.

El calendario forzado por el adelanto electoral en Catalunya resulta especialmente acristalado. La amnistía debería aprobarse a finales de mayo, unas dos semanas después de las elecciones. El 7 de junio se constituirá el Parlamento ya continuación empezarán las consultas para nombrar a un candidato a la presidencia. En medio de todo esto, Carles Puigdemont, ya sin la inmunidad parlamentaria europea, y Ruben Wagensberg tendrán que declarar de forma telemática ante la jueza del Tribunal Supremo que los investiga. Y en paralelo se habrá iniciado la batalla jurídica entre los jueces contrarios a la amnistía (la mayoría) y los abogados defensores de los amnistiados, que reclamarán la inmediata aplicación del perdón judicial.

En realidad, no será hasta la aplicación efectiva de la amnistía que la política catalana podrá recuperar una cierta normalidad y las diferentes opciones partidistas competir en igualdad de condiciones y sin tener que sufrir por el futuro de nadie. Esto es lo que permitirá realmente tener debates sanos sobre las grandes cuestiones del país. Mientras la sombra de la justicia siga planeando sobre la política no podremos superar esa situación de excepcionalidad que ya empieza a tener efectos corrosivos sobre el debate público y desmoralizadores sobre la sociedad en su conjunto.