Dra. Sacramento Pinazo: "El valor añadido de las cooperativas de cuidados no es solo una cuestión de «calidez» en la atención, sino un cambio estructural"
Doctora en Psicología, profesora de la Universitat de València y una de las principales expertas en envejecimiento, participación social de las personas mayores y lucha contra el edadismo
La doctora Sacramento Pinazo-Hernandis ha desarrollado una amplia trayectoria investigadora en el ámbito de la gerontología y colabora con organismos nacionales e internacionales en el análisis de los retos derivados del envejecimiento de la población. Forma parte del patronato de la Fundación Pilares, que trabaja en la atención integral de las personas mayores. Hace décadas que investiga cómo construir sociedades más inclusivas para todas las edades y pone sobre la mesa la necesidad de dar nuevas respuestas como las que ofrecen las cooperativas de cuidados.
Cataluña, como la mayor parte de Europa, afronta un proceso acelerado de envejecimiento de la población. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales retos sociales y asistenciales que planteará esta realidad durante las próximas décadas?
— Los datos demográficos disponibles dibujan una transformación profunda en Cataluña. El actual 19,3% de la población catalana supera los 65 años, y las proyecciones futuras apuntan al 21,9% en el año 2030, al 26,1% en 2040 y al 28,9% en 2050. Esto situaría al grupo de personas mayores de 65 años cerca de los 2,5 millones de personas. Pero no se trata solo de un aumento del número de personas mayores, sino también de un envejecimiento del mismo colectivo de personas mayores (lo que se llama sobreenvejecimiento). Nunca había habido tantas personas de más de 80, 90 e incluso 100 años como hoy, y la proporción continuará creciendo a corto plazo porque las generaciones del baby boom de los años sesenta y setenta están entrando en esta etapa con más salud que las generaciones anteriores. Esto incrementa la prevalencia de la dependencia severa, la cronicidad y la pluripatología.
Dicho así, el panorama no parece muy alentador.
— Además, se ha producido una inversión de la pirámide poblacional: en el año 2010 el índice de envejecimiento se situaba alrededor de 112 personas mayores por cada 100 menores de 15 años; en 2020 ascendió hasta 143. Esto significa que hay una base menor de población activa y de potenciales cuidadores familiares disponibles. A estos datos podemos añadir que, según el Observatorio Social de las Personas Mayores de CCOO (2023), un 16,5% de las personas mayores de 65 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Cada vez se habla más de modelos de atención centrados en la persona y arraigados a la comunidad.
— En la actualidad ya existe una insuficiencia de plazas residenciales y de servicios de atención domiciliaria ante una demanda creciente, y sobre la mesa está la necesidad de transformar el modelo, para pasar de un sistema centrado en la institucionalización a otro basado en el apoyo al domicilio y a la comunidad (siguiendo la Estrategia de Desinstitucionalización). De hecho, la reciente Ley 10/2025 de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña recoge explícitamente este objetivo: favorecer las alternativas al ingreso residencial de acuerdo con la voluntad personal de desarrollar el proyecto de vida en casa durante el máximo tiempo posible.
— Pero, claro, ¿cómo se podrá seguir viviendo en casa si no se dispone de los apoyos necesarios? En la Fundación Pilares hace años que subrayamos que la mayoría de las personas que necesitan apoyos desean seguir viviendo en su casa, integradas y participando de su entorno comunitario, lo que exige servicios diferentes de los puramente institucionales. Por eso surgió el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP), impulsado en España sobre todo por la Fundación Pilares. Y, a partir de aquí, han aparecido diferentes recursos para acercar los cuidados al ámbito domiciliario, como son las cooperativas de cuidados.
¿Cree que las cooperativas de cuidados pueden aportar una respuesta diferente al envejecimiento respecto a los modelos asistenciales más tradicionales?
— El valor añadido de las cooperativas de cuidados no es solo una cuestión de «calidez» en la atención, sino un cambio estructural, porque transforma quién toma las decisiones (de una gestión externa, empresarial, a una cogestión con la persona receptora de los cuidados). También hay otro cambio importante: la manera de financiarse, basada en la economía social en lugar del capital privado externo. Y, finalmente, cambia el lugar donde se presta el servicio: se pasa de unos servicios desarrollados principalmente en instituciones —residencias— a unos cuidados articulados alrededor del lugar donde vive la persona, es decir, en su domicilio y en su comunidad.
— Sin embargo, todavía se trata de experiencias minoritarias y de escala limitada, y no se conocen resultados de evaluaciones rigurosas con muestras representativas. Además, cabe destacar la relación entre los cuidados y la precariedad laboral femenina. En el sector de la dependencia, las trabajadoras son mayoritariamente mujeres y, en el ámbito del hogar, más del 40% son de origen extranjero, lo que añade capas de vulnerabilidad (situación administrativa, idioma, redes de apoyo).
A menudo se dice que para cuidar bien a las personas mayores también hay que cuidar a las profesionales que las atienden. ¿Hasta qué punto las condiciones laborales, la participación en la toma de decisiones y el bienestar de las cuidadoras influyen en la calidad de la atención que reciben las personas dependientes?
— Las condiciones laborales y el bienestar de las cuidadoras influyen directamente en la calidad de la atención que reciben las personas destinatarias de los cuidados. El salario medio de las trabajadoras del hogar y los cuidados a duras penas llega a los 1.000 euros mensuales, mientras que solo cuatro de cada diez reciben la indemnización por despido que les corresponde, y las enfermedades profesionales ni siquiera están reconocidas. A esto se añade un problema estructural especialmente relevante en territorios dispersos de diferentes puntos de España y de buena parte de Cataluña: las trabajadoras de ayuda a domicilio pueden tener que visitar dos o tres pueblos en media jornada sin que los tiempos de desplazamiento computen como tiempo efectivo de trabajo. Así, una mujer cuidadora puede pasar ocho horas fuera de casa pero cobrar solo por cuatro o cinco.
— Estas condiciones generan una elevada rotación de personal, hecho que erosiona un elemento central del modelo de atención centrada en la persona: la continuidad del vínculo, el conocimiento de la biografía, de los ritmos y de las preferencias de cada persona atendida. Cuando este vínculo se rompe constantemente a causa de la precariedad laboral, la atención tiende a devenir más mecánica y menos personalizada.
Resulta, pues, evidente.
— El bienestar de las cuidadoras también condiciona la calidad del cuidado, y existe una gran carga física y emocional acumulada. Los informes sobre los cuidados en España señalan que las mujeres cuidadoras acumulan una carga total de trabajo superior a la de los hombres y viven en un régimen permanente de doble presencia, lo que tiene costes importantes para su salud. Esta situación se agrava en el sector profesional por la falta de reconocimiento institucional y, en el caso de las plataformas digitales de cuidados, por la pérdida de autonomía: la gestión algorítmica del trabajo y los mecanismos de reputación unidireccionales restringen drásticamente la capacidad de las trabajadoras para negociar salarios o condiciones, lo que dificulta la organización colectiva.
Es también una cuestión de justicia.
— Una cuidadora agotada, mal remunerada, sin tiempo reconocido ni capacidad real de decidir cómo organizar su trabajo difícilmente puede sostener un buen trato, una atención adecuada y la disponibilidad emocional que requiere el acompañamiento de una persona en situación de dependencia. Por eso, los mismos modelos que reivindican la participación de las mujeres cuidadoras en la toma de decisiones (por ejemplo, las cooperativas de cuidados) parten de la premisa que mejorar sus condiciones laborales no es solo una cuestión de justicia social hacia ellas, sino una condición previa y necesaria para que la atención centrada en la persona deje de ser un objetivo meramente declarativo y se convierta en una práctica real.