El análisis de Antoni Bassas: 'Tribunales y el verdadero «problema social y político»'

No se pierdan esta información que hoy publica el diario El País. La firma el periodista Josep Maria Brunet, que hace muchos años que vive en Madrid y se ha especializado en tribunales. Resulta que de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas que pueden arruinar a una cuarentena de cargos de la Generalitat, hay tres que no están de acuerdo con que tengan que devolver los 5,4 millones de euros por gastos indebidos.

Una consejera, en concreto, dice directamente que el informe genera “incertidumbre e inseguridad jurídica”, porque no dieron tiempo para alegar, y denuncia que se imputen como gastos irregulares viajes del Govern solo por el hecho de que durante los viajes los políticos catalanes hicieran declaraciones sobre la actualidad, hasta el punto de que una de las integrantes del Tribunal de Cuentas afirma que “con los datos que se indican no parece que exista una extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat de Catalunya en relación con el ámbito competencial que le corresponde”. Esta integrante, una consejera del tribunal que se llama María Dolores Genaro, ha contado 52 actividades de la Generalitat que el tribunal dice que son irregulares pero que para ella son declaraciones políticas “sin ningún tipo de trascendencia económica o contable”. Para que se hagan una idea, esta integrante del tribunal critica que el informe del tribunal precise que un cargo de la Generalitat concedió entrevistas a un periodista checo, a un periodista japonés y a un periodista chino, que mandara una carta al representante en Italia del gobierno del Kurdistán e incluso que se especifique que un cargo de la Generalitat recibió una carta enviada desde el ministerio de Exteriores de Polonia. 

Todo este procedimiento del Tribunal de Cuentas es un escándalo. Y, además, es un escándalo que resuena en el mundo de la mano del profesor Mas-Colell: The Wall Street Journal: "Espanya apunta al ex profesor de Harvard Andreu Mas-Colell y provoca un clamor transatlántico. Mas-Colell tiene que pagar una pena de 3,3 millones de dólares en medio de la represión judicial contra los antiguos funcionarios catalanes acusados de ayudar al secesionismo".

La noticia coincide con el juicio que hoy empieza en la Audiencia Nacional contra los dos mossos que acompañaron al president Puigdemont en Alemania, acusados de encubrimiento. La justicia investiga del ahora conseller Argimon hacia abajo, en el departamento de Salud, por la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles en Catalunya. La conclusión es clara: por más que Pedro Sánchez diga “Catalanes y catalanas, os queremos”, la justicia española y órganos como el Tribunal de Cuentas siguen en el "¡A por ellos!" Así es imposible hacer política, pero no solo en Catalunya. 

Ya saben que la Audiencia de Madrid ha considerado libertad de expresión el cartel que Vox puso en una estación del metro de Madrid que comparaba la pensión de tu abuela con lo que cuesta un menor no acompañado. 

El tribunal considera que es libertad de expresión. Da igual que los datos del cartel sean mentira. Y les da igual retratarse ideológicamente, porque el juez dice: “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores extranjeros no acompañados] son un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”. Y dice que este cartel no se puede prohibir igual que no se pueden prohibir ideas “tan criticables o más que estas”. 

Con comportamientos como los de estos tribunales y el Tribunal de Cuentas, es muy claro que hay instituciones del Estado de pensamiento ultranacionalista que sí son un “evidente problema social y político”.

Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.