Busque la fórmula, ministra, pero hay que cambiar la regulación de la luz
El martes 31 de agosto pasará a la historia como el día en el que el precio de la electricidad batió todos los récords: 130,53 €/MWh. Este habrá sido el mes de agosto con la luz más cara de la historia y el problema es que no está claro que esta escalada se acabe pronto o que no se repita dentro de poco. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció ayer en el Congreso de Diputados, a petición propia, y su respuesta fue decepcionante. Se puede hacer poca cosa, dijo, porque en buena parte estos aumentos dependen de la normativa europea, que, según ella, no deja aplicar las medidas que reclamaba su socio de gobierno, Unidas Podemos, que proponía que se pusieran topes al precio de la energía hidroeléctrica y nuclear para evitar que se acabe pagando casi siempre al precio del gas.
Entender cómo funciona el mercado energético es muy complicado. Aun así, hay una serie de factores clave que ayudan a entender este laberinto. Uno es que cada fuente de energía -nuclear, hidroeléctrica, eólica, gas- tiene en principio un precio en función de su coste de funcionamiento, de la demanda y también del grado de contaminación que provoca. Cuanto más contamina, más cara es. En función de la demanda primero entran en el mercado las energías menos contaminantes y, a medida de la necesidad, las siguientes. Al final, sin embargo, el precio que cuenta es el de la última que ha entrado, que siempre es la más cara. De aquí estas subidas tan importantes. El precio del CO2, dentro de la estrategia europea y española de reducir emisiones, se ha más que doblado en un año -el derecho de tonelada en agosto de 2020 era de 26,76 euros, y este agosto de 2021 ha sido de 56,33 euros- y no se prevé que vaya a la baja, al contrario. Las eléctricas se están beneficiando, y mucho, de este sistema, porque tienen lo que se conoce como beneficios caídos del cielo, es decir, que cobran algunas energías limpias a precio de sucias y la diferencia se la quedan ellas. Ahora, con un proyecto de ley, el gobierno español lo quiere solucionar obligándolas a devolver la parte que corresponde al impuesto del CO2 que no han pagado, pero que sí han cobrado. Sería una manera, también, de evitar otra trampa, la de producir más energía hidroeléctrica de la que sería sostenible para los pantanos y las cuencas hídricas para poderla cobrar al precio más alto. En este sentido, también, se está trabajando en una regulación que obligue a mantener un caudal mínimo. Por último, hay una parte del recibo de la luz que tiene que ver también con los impuestos, y de aquí la rebaja provisional que se hizo hace unos meses. Pero ya se ha visto que el impacto real sobre la factura no ha sido muy significativo.
El caso es que la normativa europea -pensada para que en el futuro todos los países puedan estar interconectados- perjudica al mercado español, porque aquí no se ha encontrado la manera de evitar estos oligopolios y abusos. Sea forzando cambios en Europa o explorando otras vías, lo que está claro es que el sistema español no funciona, perjudica a los más vulnerables y es insostenible para muchas familias y empresas. Busque la fórmula, señora ministra de Transición Ecológica, pero tiene que conseguir regular el mercado energético.
