La caída de Zaplana, símbolo de la corrupción del PP valenciano
La condena de 10 años y medio de prisión al expresidente valenciano Eduardo Zaplana por haber cobrado comisiones a cambio de la adjudicación de las ITV en 1997 es todo un hito en la lucha contra la corrupción en el País Valenciano y también representa la caída de su principal símbolo. El llamado caso Erial es importante porque hace referencia a casos de corrupción que se produjeron al inicio de su mandato como presidente valenciano (1995-2002), lo que demuestra que toda su carrera política estuvo presidida por la afán de "hacerse rico", tal y como confesó él mismo en las escuchas del caso Naseiro a principios de los 90.
Evidentemente, la manera de hacer de Zaplana impregnó a todo su gobierno y también a todo el partido, que a partir de 2011, con la dimisión de Francisco Camps, vivió todo un estallido de casos de corrupción que aún hoy siguen su curso en los juzgados. Se calcula que en los últimos años ha habido 150 condenas a miembros del PP valenciano, una mancha que provocó que en 2015 la derecha fuera desalojada del poder en la Generalitat y los principales ayuntamientos. Sin embargo, la memoria es corta, y el PP vuelve a ostentar el poder desde el 2023, en muchos lugares con alianzas con Vox. Precisamente, el actual presidente, Carlos Mazón, es un alumno aventajado de Zaplana, que le nombró presidente del Instituto Valenciano de la Juventud en el mismo 1995.
La condena de la Audiencia de Valencia afecta a los sobrinos de otro factótum de la corrupción en la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, fallecido durante la instrucción y que además había sido director general de la Policía. La pena de cárcel podría haber sido aún mayor si se hubieran probado otros casos incluidos en la causa, como las comisiones del plan eólico aprobado en 2003. En todo caso, queda claro que la visión de la política que tenían Zaplana y buena parte de los dirigentes del PP valenciano era básicamente depredadora de los recursos públicos. Muchos de los escándalos de aquella época tienen algo en común: se trataba de favorecer a empresarios afines a cambio de dinero que después se escondían en el extranjero: en el caso de Zaplana, que tendrá que pagar una multa de 25 millones, en Luxemburgo.
El problema es que no hay ninguna garantía de que estas prácticas hayan sido desterradas de la vida pública, ni en la Comunidad Valenciana ni en ninguna parte. El llamado caso Koldo, que afecta al PSOE, es una prueba de ello. Pero lo que es evidente es que el PP no está por dar lecciones a nadie. Recordemos que después de ser presidente de la Generalitat Valenciana Zaplana fue ministro de Trabajo y portavoz del gobierno de Aznar, desde el que protagonizó un papel galdoso intentando achacar a ETA los atentados del 11-M. Luego fue aún portavoz de la bancada popular hasta el 2008, año en que deja la política y pasa a trabajar en Telefónica. Su condena, pese a ser inferior a la de Luis Bárcenas (29 años), marca una suerte de final de época. Una en la que los cabecillas del PP se creían intocables.