Contra el catalán ya favor de los toros: un año de gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana y Baleares

Valencia / PalmaMenú completo: lucha contra la diversidad sexual, negación de la existencia de la violencia machista y del cambio climático, tergiversación de la memoria democrática y defensa de los toros y, sobre todo, anticatalanismo. Un auténtico embate contra la lengua y la cultura propias. Éste es el legado que ha dejado Vox en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares un año después de su llegada al gobierno en alianza con el PP, en coalición en Valencia y con un pacto de legislatura en Mallorca. En doce meses, el binomio ultraconservador ha pulsado el acelerador para implantar su agenda. Reconstruimos el modus operandi de la extrema derecha, que ha actuado en paralelo en ambos territorios.

Asfixia catalanista y negacionismo

En la Comunidad Valenciana, la primera actuación del PP y Vox fue suprimir las ayudas al catalán y vetar ciertas publicaciones en algunas bibliotecas por considerarlas “catalanistas”, algo que provocó las primeras manifestaciones al grito de "¡No pasarán!". Entre las principales víctimas se encuentran el Institut Ramon Llull, la Cátedra Vicent Andrés Estellés, el Espai Joan Fuster y la Fundación Carles Salvador. Por el contrario, han subvencionado a entidades secesionistas ya la Fundación Toro de Lidia, con sede en Madrid, que ingresará 300.000 euros para organizar corridas de juegos. También han suprimido la Oficina de Derechos Lingüísticos, el Consejo Social de las Lenguas y el galardón Guillem Agulló, que premiaba a las entidades que luchan contra los discursos de odio. La agenda de Vox también ha llegado a la escalera municipal con el proyecto de aprobar la doble denominación -valenciano y castellano- de las ciudades de Valencia y Castellón de la Plana. En Castellón incluso vuelan eliminar de las calles los nombres de Joan Fuster, Isabel-Clara Simó y Empar Navarro.

El verdadero punto de inflexión ha llegado, sin embargo, con el inicio de la tramitación de un paquete legislativo en el que destaca la norma que dejará en manos de las familias la elección de la lengua vehicular en las zonas valencianohablantes, mientras que a las hispanohablantes lo será obligatoriamente el castellano. Otra ley reducirá la independencia de À Punt, que podrá ser controlada por los partidos que apoyan al gobierno y que abra la puerta a emitir contenidos en castellano. Se trata, eso sí, de una propuesta que no satisface a Vox, que sencillamente prefería cerrar el canal. El partido ultra también ansiaba suprimir la Agencia Valenciana Antifraude, pero ha pactado con el PP que la mayoría de las Corts pueda designar al director sin negociar con la oposición, como exige la ley actual. Por el contrario, donde la formación ultra se ha impuesto ha sido en la norma que equipara a las víctimas de la Segunda República a las del franquismo, además de eliminar la condena de la dictadura y la represión de Franco.

Para Anna Oliver, la presidenta de Acción Cultural del País Valenciano, el balance del primer año del PP y Vox evidencia que su principal objetivo es “completar la sustitución lingüística y asimilar el País Valenciano al resto de España ”. Por eso reclama una gran respuesta ciudadana. “Hay demasiada resignación y desmovilización. Hasta ahora sólo se ha manifestado la comunidad educativa. Esperamos que la gente, también los políticos de la oposición, se den cuenta de lo que nos jugamos”, resume. Algo más optimista se muestra Kilian Cuerda, portavoz del colectivo Es País Valencià, que cree que la agenda del PP y Vox chocará con una sociedad que “mayoritariamente rechaza sus políticas de odio”. "Son un gobierno sencillamente antivalenciano, esperamos poder plantarles cara", concluye.

Ataques con respuesta masiva en Mallorca

Menos de dos meses. Éste es el tiempo que esperó el Gobierno balear de Marga Prohens para clavar la primera vez al catalán, con la fulminación de la lengua propia como requisito en la sanidad pública. Era uno de los 110 puntos del acuerdo de gobernabilidad de PP y Vox, que marca el paso del ejecutivo. La última demostración de poder, esta semana: conseguir que los menores puedan asistir a las corridas de toros.

Vox hace gala de haber impuesto la segregación lingüística en las escuelas de las Islas y de haber defendido la "libertad de elección" de las familias. Ahora bien, este objetivo se ha logrado a medio gas, porque el PP no quiere volver a protagonizar un enfrentamiento con la comunidad educativa como el que acabó con el gobierno de José Ramón Bauzá por querer implantar el trilingüismo. El próximo curso, los padres podrán elegir la lengua vehicular sólo en la primera enseñanza, y las escuelas se adherirán voluntariamente al plan piloto, lo que no hará ningún centro público a pesar de que la Conselleria de Educación aportará más recursos económicos a quien lo aplique .

Como en el País Valenciano, en Baleares también se juega la batalla cultural anticatalana. En consejos insulares y ayuntamientos, Vox ha conseguido cambiar reglamentos lingüísticos para mermar la presencia del catalán, ha introducido el castellano en los premios literarios (como los Ciudad de Palma y los Premios Mallorca de Creación Literaria) y ha reducido las subvenciones de entidades como el Obra Cultural Balear y Plataforma por la Lengua, que para la extrema derecha son paradigma del pancatalanismo en las Islas. Por otro lado, el ejecutivo popular ha dotado con 750.000 euros a la oficina que Vox quiere poner en marcha en defensa del castellano, un ente que aún no ha empezado a rodar. Otra vía de ataque ha sido la negación de la unidad de la lengua catalana, que Vox ha intensificado después de que Felipe VI otorgara a el Academio de sa Llengo Baléà el estatus de "real". Ante la negativa del PP a apoyar esta concesión, la extrema derecha ha acusado a los populares de ponerse al mismo lado que el independentismo.

Ahora bien, los intentos del PP por evitar la protesta social no han servido de nada y las manifestaciones han dejado patente que determinadas medidas no se aplicarán sin resistencia. 40.000 personas clamaron contra los ataques al catalán el 6 de mayo en Palma, y un millar más pidieron que los fascistas dejen de controlar a las instituciones en una concentración en contra de la derogación de la Ley de memoria y la paralización de la Ley de fosas. “Nos encontramos en un segundo cuatrienio negro para la lengua y la cultura catalana en las Islas. Este primer año de legislatura hemos asistido a la adopción de una serie de medidas regresivas”, lamenta el presidente de la OCB, Antoni Llabrés. Precisamente esta entidad ha impulsado un recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación del requisito del catalán en la sanidad y otro en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) contra la segregación lingüística en las aulas. Ambos se admitieron a trámite.