Cinco meses del Catalangate: lo que sabemos y lo que no

BarcelonaEste miércoles, 156 días después del estallido del Catalangate –el pasado domingo se cumplían cinco meses justos–, el Parlament ha constituido la comisión de investigación sobre el escándalo de espionaje al independentismo. La cámara ha escogido a Meritxell Serret (ERC) como presidenta, Albert Batet (Junts) como vicepresidente y Meritxell Vinyets (CUP) como secretaria. El objetivo de la iniciativa, en palabras de Serret, es "aclarar los hechos y falcar la defensa de los derechos fundamentales". Hay mucho trabajo por hacer, puesto que de momento hay más interrogantes que certezas sobre el caso. Para poner luz, el Parlament podrá pedir la comparecencia de los dirigentes del gobierno español y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a pesar de que, según el criterio del Consejo de Estado –que siguen siempre los cargos españoles–, solo están obligados a ir al Congreso. Rius, con todo, ha precisado que "la idea es citar a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas". Estas son las principales preguntas sin respuesta del Catalangate.

De momento, el CNI ha reconocido haber espiado los teléfonos de 18 líderes independentistas con autorización judicial, entre ellos el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ex secretario general de Junts, Jordi Sànchez; la expresidenta de la ANC Elisenda Paluzie, o el diputado de la CUP Carles Riera. El informe de Citizen Lab, sin embargo, contabiliza que hasta 67 dirigentes independentistas fueron espiados. ¿Quién infectó el móvil de las 43 personas que el CNI no reconoce? ¿Estas 43 espías tenían autorización judicial?

"Tenemos unos servicios de inteligencia realmente eficaces y no dude de que acabaremos sabiendo quién está detrás de Tsunami Democràtic", decía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el día después de que esta plataforma ocupara el aeropuerto. De alguna manera, ese día Marlaska ya avanzaba lo que vendría después: el espionaje con Pegasus. De hecho, el CNI justifica que el Tribunal Supremo le dio permiso para espiar a 18 líderes independentistas para investigar exclusivamente quién había detrás de Tsunami. Por ejemplo, sospechaban que Aragonès era uno de los "coordinadores". Esta explicación, sin embargo, no justifica la infiltración a los teléfonos de los 43 afectados restantes. ¿La Moncloa cree que ya ha dado todas las explicaciones? De momento, sí.

Si el CNI enmarca la infiltración con Pegasus a la llegada de Tsunami esto significa que, según los servicios de inteligencia del Estado, todo empezó en 2019. De nuevo, sin embargo, hay preguntas sin responder. Por ejemplo, el ex líder de Junts Jordi Sànchez detectó la primera infiltración a su teléfono en 2015, cuando hacía tres meses que presidía la ANC. En la hipótesis de que empezara entonces, no solo estaría implicado en el espionaje el gobierno de Pedro Sánchez, sino también el del popular Mariano Rajoy.

En octubre de 2019 Marlaska sabía que el CNI estaba intentando averiguar quién estaba detrás de Tsunami porque él mismo fue el encargado de emitir la advertencia. Ahora bien, el gobierno español niega que el presidente Sánchez y sus ministros supieran a quién se estaba espiando. Niegan, por ejemplo, que supieran que Pere Aragonès tenía el móvil infectado. Esto lleva directamente a otra pregunta: ¿quién dio la orden? El CNI era el cerebro de la operación, y al menos el espionaje a 18 personas fue avalado por el Supremo, pero todavía quedan muchas incógnitas por resolver.

De hecho, ante la respuesta exigua de la Moncloa, la Generalitat anunció que congelaba relaciones con el gobierno español hasta que no pasaran tres cosas: hubiera transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de no repetición. De momento, la transparencia ha sido dar explicaciones en una comisión –la de secretos oficiales– que no es pública y, si bien se marchó la entonces directora del CNI, Paz Estaban, el gobierno español lo justificó por la infección también con Pegasus de los teléfonos de Pedro Sánchez y algunos de sus ministros. Aún así, las relaciones entre la Moncloa y la Generalitat ya se han normalizado.

Este martes se ha constituido la comisión de investigación en el Parlament, pero no será el único organismo que intentará poner luz al Catalangate. Una misión de la Eurocámara también investiga Pegasus, a pesar de que de momento no parará en España, y en los tribunales hay una marea de querellas en este sentido: una de Aragonès, una de ERC, una de Junts, una de la CUP, una de la ANC, una de Òmnium, una del eurodiputado Jordi Solé y una del abogado Andreu Van den Eynde, entre otros.

Algunas han sido aceptadas completamente, como la del letrado de Oriol Junqueras, y otras parcialmente, como la de Òmnium, en la que los tribunales rechazaron investigar la parte que hacía referencia al Estado y a la empresa israelí NSO, propietaria del software espía. La justicia también archivó provisionalmente la causa que investiga el espionaje a los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall, que se conoció antes de que estallara el Catalangate. Además, la justicia indaga en el espionaje que sufrieron Pedro Sánchez y algunos ministros. Esta investigación va mucho más rápida que la de la parte catalana, y la Audiencia Nacional ya ha pedido desclasificar los documentos del caso. En el Congreso, en cambio, no hay ninguna comisión de investigación. Se intentó, pero el PSOE y el PP la tumbaron.