La ley menos importante del año

BarcelonaHasta hace poco, los dirigentes políticos se llenaban la boca a la hora de definir los presupuestos como la ley más importante del año. Legalmente lo son: están especialmente protegidos —sólo pueden presentarlos los gobiernos y están regulados tanto en la Constitución como en otras leyes que los desarrollan—. Pero, aunque siguen siendo un síntoma de estabilidad política, los presupuestos han dejado de ser el compromiso con la ciudadanía que representaban antes.

En España sólo se han aprobado 6 de los últimos 10 —de los últimos 11 si contamos los del 2026— y, en Catalunya, la situación es aún peor, con 4 de los últimos 10. Ambas administraciones han demostrado que se puede gobernar sin presupuestos hasta el punto de que ahora ya ni siquiera los presentan. Pese a ser una obligación constitucional, la Moncloa ha preferido no someter la ley al veredicto del Congreso para sortear la opción de perder la votación –aunque Sánchez se ha comprometido a presentar las cuentas del 2026 en la cámara baja aunque carezca de apoyos–. El último presupuesto que presentó el ejecutivo de Pedro Sánchez data de octubre del 2022, hace ya tres años. En el caso del gobierno de Salvador Illa, no ha presentado aún nunca un presupuesto, aunque estaba obligado por ley al menos en dos ocasiones, y también sigue funcionando con la prórroga de las cuentas del 2023, aprobadas durante la etapa del presidente Pere Aragonès.

Las leyes y la Constitución obligan a los gobernantes a presentar las cuentas, pero esa obligación no lleva ninguna sanción asociada, así que los presidentes en minoría —hace años que nadie tiene mayoría— optan por no repetir derrotas como la del propio Aragonés en el 2024 o la de Sánchez en el 2019. presupuestos, no podían seguir gobernando. Este 2025, el PP ha pedido el amparo del Tribunal Constitucional ante esta situación.

La pérdida de peso del Parlament

Mientras no haya problema en los ingresos, las prórrogas presupuestarias permiten a los gobiernos seguir su actividad sin demasiados problemas, sometiendo a votación los créditos suplementarios que obligue a la ley. El problema, por tanto, no es no tener las cuentas aprobadas. El problema es que las prórrogas simbolizan mejor que ninguna otra acción la progresiva pérdida del debate parlamentario y ponen bastones en las ruedas en la función de control que tiene el poder legislativo sobre el ejecutivo. Ahora se gobierna por decreto: la Generalitat sólo ha aprobado en el Parlament tres leyes en el último año y medio y, en cambio, ya se cuentan 25 decretos leyes —que reducen el control de la oposición— en el mismo período, una situación que liga con las últimas legislaturas y también con lo que sucede en España.

Es evidente que la polarización política hace más difícil gobernar y que hay que poner de acuerdo a multitud de partidos, a menudo opuestos ideológicamente, como la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Pero si los mismos que deben hacer cumplir las leyes y la Constitución no las cumplen se desvanece el símbolo de que los presupuestos habían representado hasta ahora.

Los detalles de la semana

Esta semana ha habido huelga de personal sanitario, que reclamaba mejoras laborales tanto en el gobierno español como en el de la Generalitat. Al acercarse Nadal, los lemas e imágenes que se exhibieron durante la jornada buscaban la conexión con esta festividad y la que más llamó la atención fue una referida a la consellera de Salut. "Pané, caganer!", gritaban algunos manifestantes, que mostraban la imagen de la consellera como si fuera el popular personaje de los belenes catalanes.

Cuando acabó su comparecencia, el candidato a presidir la Oficina Antifraude, Josep Tomàs Salàs, pidió la palabra para remarcar que no se llama Salas como le llamaron todos los grupos. "Es una guerra perdida, quiero mucho a mis padres, pero con los apellidos no tuve suerte". Y es que su segundo apellido es Darrocha. "El segundo es de nota, me lo han escrito de quince formas distintas", confesó resignado.