Crece la emergencia por la sequía: Figueres, Roses y una decena más de municipios también entran en la fase más crítica

BarcelonaLas lluvias de los últimos días apenas se han notado en los embalses, y la previsión de cara al otoño no augura suficientes precipitaciones para salir de la situación de sequía de extrema gravedad. Es por ello que el Govern ha ampliado este martes las zonas que entran en el estadio más grave que prevé el plan de la sequía y que endurecerá las restricciones vigentes. Los afectados son los 12 municipios ampurdaneses que dependen del embalse de Darnius-Boadella, al 17% de su capacidad, entre ellos Figueres, Roses y Cadaqués. Se suman así a los 22 pueblos que se nutren del acuífero Fluvià Muga (también en el Alt Empordà) y los dos que se abastecen de Riudecanyes, que ya están en emergencia desde principios de agosto.

Ante la sequía "más grave del siglo", las medidas se endurecen en más lugares para hacer frente a la escasez de agua, avisó la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja. La media de los embalses es hoy del 23%, por debajo del 31% que llegó a tenerse gracias a las lluvias de mayo y junio. Las precipitaciones de los últimos días, concentradas en el litoral y prelitoral, no han servido para dar una inyección relevante de agua a los embalses.

¿Qué implica la entrada en emergencia?

El estadio más grave, la emergencia, implica reducir a tan sólo 200 litros por habitante y día la dotación de consumo de agua permitida (aquí se incluye desde el consumo doméstico hasta el consumo de equipamientos públicos o actividades económicas). Además, se suprime el riego agrícola (sólo se permitirá el riego de supervivencia en los árboles frutales y en el viñedo) y se obliga a recortar un 25% el uso de agua en la industria ya reducir drásticamente los usos recreativos. Llenar e incluso rellenar parcialmente piscinas queda completamente vetado, como utilizar agua para regar jardines y zonas verdes, tanto públicos como privados.

Aparte de la ampliación de las zonas en emergencia, la situación también se agrava en otras dos zonas del país: los municipios del entorno del acuífero Carme Capellades, alrededor de Igualada, pasan al estado de excepcionalidad –que es lo mismo en que se encuentra desde la primavera la cuenca del Ter-Llobregat que abastece al área metropolitana de Barcelona–, mientras que el entorno del acuífero del Baix Ter entra en alerta después de resistir durante meses en prealerta. Todos los cambios entrarán en vigor la próxima semana cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).

En cuanto al ámbito Ter-Llobregat, del que depende el área metropolitana de Barcelona, ​​las previsiones del Gobierno se mantienen: si la llegada de las precipitaciones no lo evita, entraría en la fase de emergencia hacia principios de diciembre. Ahora mismo, se encuentra en la antesala (la excepcionalidad), que es el punto donde también están 477 municipios de las cuencas internas. El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, insistió en que se intenta que cada cambio de estado sea "quirúrgico" y se adopta cuando no hay más remedio porque las reservas obligan a ello. También recalcó que, sin toda el agua desalinizada y regenerada este año, más de 230 hm³ en total, el panorama actual sería aún peor. La actual sequía lleva ya casi tres años durando y sólo por estas fuentes alternativas de agua se ha conseguido que el nivel de los embalses no haya caído hasta ahora al mínimo del 20% que marcaron en el 2008.

La mitad de los que están en emergencia incumplen

El escenario de máxima alerta se declaró por primera vez a principios de agosto para 22 municipios del Alt Empordà que dependen del acuífero Fluvià Muga, pero transcurrido el primer mes con las restricciones en vigor, los datos apuntan a que más de la mitad siguieron sobrepasando (algunos mucho) el tope máximo de consumo de agua. Sólo cinco de los pueblos (Armentera, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador y Vilajuïga) tuvieron en agosto y en plena campaña turística el consumo de agua por debajo de los 200 litros por habitante y día que marca el decreto de sequía. En cambio, una docena (entre ellos Peralada, Pedret y Marzà y Vilabertran) continuaron más que duplicando el tope. Otros cinco municipios –Agullana, Espolla, Masarac, Sant Mori y Torroella de Fluvià– no aportaron datos a la ACA sobre sus consumos.

De la docena de municipios ampurdaneses que entrarán la próxima semana en el escenario de emergencia, en cambio, una decena ya cumplen con el límite de 200 litros por habitante y día de consumo máximo. Dos, en cambio, están por encima de ahora mismo de los 230 litros que debían respetar en la situación de excepcionalidad en la que llevan meses. Se trata de Llers y Santa Llogaia de Àlguema, que superan los límites para que los datos no segregan el gasto de la cárcel de Puig de les Basses –con 700 internas– y de una extensa zona industrial, según ha advertido el Consell Comarcal de el Alt Empordà.

En cuanto a la parte del país que depende de los pantanos de las cuencas internas, el director de la ACA ha destacado que se ha observado un descenso global del 7% en el consumo de agua en agosto. Destacó la bajada pese al calor y en contraposición al 10% de aumento que se registró en el mismo mes de 2022, cuando todavía no estaban vigentes las restricciones de ningún tipo en el territorio. Sin embargo, en el global de municipios todavía se detectan más de 150 casos de consumos por encima de los límites.

La ACA aún no ha activado las sanciones por consumir más de la cuenta. No existe ningún expediente abierto a ayuntamientos donde se detecta que el gasto de agua es más alto de lo que debería ser en la actual situación. Reyes ha explicado que, una vez terminada la moratoria que se concedió a los consistorios, en las próximas semanas empezarán a enviarse los primeros requerimientos a municipios incumplidores como paso previo a abrirles un expediente que puede acabar en multa. En cambio, la ACA sí ha impuesto sanciones (de a lo sumo 1.000 euros) a los municipios que no le han facilitado datos de consumo.

Los municipios que pronto entrarán en emergencia han destacado el trabajo realizado en los últimos meses para cumplir con lo que sabían que, tarde o temprano, podía llegar: un endurecimiento de las restricciones. "Hemos hecho un control de los consumos a nivel municipal y hemos empezado a formar parte del riego y toda la limpieza con agua del freático", ha dicho la concejala de Medio Ambiente de Figueres, Núria Bartrolich. Ahora bien, reconoció que hay vecinos que "no están haciendo el trabajo" y que el consistorio endurecerá la vigilancia ahora que, por la emergencia, quedará totalmente prohibido el riego.

En Cadaqués, otro de los municipios que entrarán en fase de alerta máxima, también se ha conseguido pasar el verano sin superar los topes de consumo, según destaca la alcaldesa, Maria Pia Seriñana. Aparte de introducir el uso de agua freática, la ACA les ha aprobado un proyecto para potabilizar un pozo. Sin embargo, la alcaldesa reprocha al Gobierno que traslade toda la responsabilidad de control y sanciones a los municipios. "No lo entiendo, sobre todo en los casos de municipios pequeños, que no tienen ni los recursos económicos ni técnicos que tiene la ACA", criticó.