El exconseller valenciano Serafín Castellano reconoce haber recibido dinero y regalos a cambio de favorecer a empresas amigas

ValenciaEl exconseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana y exdelegado del gobierno español en el País Valenciano Serafín Castellano (PP) ha aceptado este martes una pena de dos años y siete meses de cárcel al reconocer su participación en una trama para alterar la adjudicación de contratos para la extinción de incendios en el conocido comocártel del fuego. En total, en el juicio iniciado ayer lunes en la Audiencia Nacional, llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía 12 de los 16 acusados.

El ministerio fiscal ha señalado que el exdirigente conservador era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes", dinero en metálico y hasta baúles con jamones. De hecho, ya durante la instrucción de la causa, el magistrado García-Castellón halló indicios de que los representantes de las administraciones, con el ex conseller valenciano a la cabeza, habrían incrementado el gasto en favor de las empresas del cártel permitiendo prórrogas, modificaciones contractuales y aprobando facturaciones. Por su parte, los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector. El magistrado destacó que estos presuntos trapicheos se habrían producido tanto en España como en otros países, y que sólo en la Comunidad Valenciana, donde se han detectado las principales infracciones, Avialsa (compañía vinculada al empresario Vicente Huerta), en col colaboración con otras compañías, habría recibido contratos por un importe de 151 millones de euros entre los años 1999 y 2017.

Entre los acusados ​​que han alcanzado un acuerdo de conformidad también está Huerta, que ha aceptado tres años y cinco meses de prisión al reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena solicitada por la Fiscalía, que era de 25 años de cárcel. Igualmente, Francesc Xavier PC, ex encargado del servicio de contratación y patrimonio de la subdirección general de Gestión Económica y Contratación del departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, ha aceptado un año y dos meses de prisión, bastante menos que los cinco años que reclamaba la Fiscalía inicialmente. El resto de acusados ​​que han pactado con el ministerio fiscal son empresarios, que han aceptado penas de alrededor de año y medio de cárcel.

El ministerio fiscal ha avanzado que no se opondrá a que se suspenda la entrada en prisión de Castellano, pese a que en un inicio este órgano solicitaba 21 años para el dirigente del Partido Popular. La Fiscalía ha explicado que para fijar las rebajas de penas ha aplicado los atenuantes de confesión "tardana" y dilaciones indebidas en el procedimiento. Además, recordó que Serafín Castellano y Vicente Huerta ya han depositado de forma conjunta 904.000 euros para indemnizar a las administraciones perjudicadas, así como que el segundo ha pagado casi un millón más por el mismo concepto. El resto de acusados ​​que han pactado han consignado 234.000 euros.

El juicio continuará para los cuatro acusados ​​que no han pactado con la Fiscalía. Son Manuel BS, exresponsable de la división operativa de la dirección general de Emergencias y Seguridad de la Generalidad de Cataluña, para quien el ministerio fiscal pide dos años de inhabilitación; Vicente BC, ex coordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana, que se enfrenta a una petición de 11 años de inhabilitación, y al empresario Rubén Mariano GP, para quien la Fiscalía solicita cinco años y seis meses de cárcel. También está acusado el empresario Francisco Antonio AE, cuyo abogado solicitó que sea absuelto por su colaboración con la justicia, ya que la investigación se inició a raíz de una denuncia suya.