El Govern aprobó renegociar la venta de los terrenos de Hard Rock media hora antes de pactar con el PSC

TarragonaEl 27 de febrero, media hora antes de firmar el acuerdo de presupuestos con el PSC, el Govern de ERC movió ficha para satisfacer a los socialistas y lo hizo para favorecer uno de los proyectos más sensibles de Catalunya: el centro de ocio y de juego que Hard Rock quiere abrir en el Camp de Tarragona, según ha avanzado La Directa y ha podido confirmar el ARA. El cambio, que este miércoles ha levantado ya las críticas de los comunes y la CUP, quedó aprobado en un acuerdo de gobierno y tiene dos puntos muy importantes para favorecer la viabilidad del proyecto.

El primer punto suspende el acuerdo de gobierno del 2020 a partir del cual se fijaba que el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que depende de la Generalitat, debía comprar los terrenos donde se quiere construir el parque en su propietario, Mediterranea Beach & Golf Community SA (CriteriaCaixa), por un importe de 120 millones de euros para después venderlos por ese mismo valor a los impulsores del Hard Rock. Es decir, el Incasol tenía que comprar los terrenos en CriteriaCaixa para venderlos después por el mismo precio en Hard Rock.

Esta suspensión, sin embargo, es sólo un trámite para poder aprobar el segundo punto del nuevo acuerdo de gobierno, que vuelve a encargar al Incasòl que formalice un nuevo acuerdo con las empresas privadas para adquirir los terrenos y venderlos posteriormente . Un mecanismo para dar garantías al proyecto y actualizar los documentos para blindarse de cara a futuras denuncias. Media hora después de aprobar este cambio, se produjo el acuerdo entre Aragonès e Isla para aprobar los presupuestos, pero no se hizo mención alguna al Hard Rock, a pesar de haber sido el palo de pajar durante la negociación porque los comunes van decidir no apoyarlo si el Gobierno no rechazaba el proyecto.

El Gobierno justifica el acuerdo y el PSC se desentiende

El cambio sobre el Hard Rock y el acuerdo por los presupuestos con el PSC coincidieron en el tiempo, pero ni el Govern ni los socialistas han querido vincularlo públicamente. "El acuerdo se estaba revisando y se aprueba cuando todos los elementos estaban sobre la mesa", ha afirmado la consellera de Territorio, Ester Capella, en rueda de prensa. Desde Belfast, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la modificación era para "actualizar características técnicas" de la compra de los terrenos y Capella ha añadido que era un trámite para dar continuidad al proyecto porque si no, el ejecutivo se arriesgaba a cometer un delito de "prevaricación" y asumir "responsabilidades de carácter patrimonial".

La número dos del PSC, Lluïsa Moret, se ha lavado las manos del acuerdo y ha recordado que en los presupuestos no había ninguna partida para el Hard Rock. Ahora bien, el PSC había puesto como condición que ese macrocasino viera la luz y el mismo día que rubricaron el acuerdo por las cuentas, Salvador Illa aseguró que el Govern les había dado las "garantías" que saldría adelante. De hecho, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha añadido que el acuerdo del 27 de febrero se explicó al PSC y los comunes (se colgó en el portal de transparencia pero no se explicó en rueda de prensa porque era de carácter "técnico"), aunque David Cid, portavoz de los lilas, lo ha negado.

La CUP y los comunes piden la comparecencia de Aragonès

Tanto la CUP como los comunes ya han reclamado la comparecencia de Aragonès en la Diputación Permanente del Parlament y han acusado al Gobierno de "mentir", en palabras de Jéssica Albiach. El portavoz de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha criticado que el Govern de ERC aseguraba que no podía hacer nada para detener el proyecto pero que con este acuerdo de gobierno ha quedado claro que sí podía: "En el primer punto han hecho lo que decían que no podían hacer: que es tomar el acuerdo de gobierno de la compra de los terrenos y dejarlo sin efecto. El margen de maniobra política que tienen es muy grande", ha asegurado. Según Redón, en caso de que el Gobierno detuviera el proyecto, ni siquiera debería indemnizar a sus impulsores porque todavía no hay ningún compromiso adquirido.

El cambio aprobado por el Govern para conseguir el apoyo del PSC permitirá a CriteriaCaixa pedir más dinero por la venta de los terrenos (ya que se pueden renegociar los 120 millones de euros) y, sobre todo, servirá para dar más garantías para que el proyecto salga adelante. Cabe recordar que en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó el plan urbanístico del Hard Rock que había sido denunciado por Aturem Barcelona World (el nombre que tenía antes el macroparque) y la entidad ecologista Gepec, y obligó a reformular parte del proyecto.

Sus impulsores (tanto políticos como empresariales) son plenamente conscientes de que, si acaba aprobándose el plan urbanístico, estas mismas entidades volverán a llevarlo a los tribunales, y una nueva sentencia en contra podría ser definitiva. Y sustentar buena parte de la operación en el acuerdo del 2014 era un riesgo, porque en ese acuerdo de gobierno se ponían una serie de condiciones (más allá del importe) que han quedado desfasadas. Una de ellas fijaba que la compra debía realizarse antes de marzo del 2020, y no ha sido así.

Ahora Incasòl tiene la oportunidad de pactar unas nuevas condiciones con CriteriaCaixa y Hard Rock y dar más garantías para que la justicia no vuelva a tumbar el proyecto. Aún así, todavía hay una pieza que se tambalea: inicialmente CriteriaCaixa se había comprometido a vender los terrenos al Incasòl, pero más tarde se echó atrás. En una carta escrita el 18 de diciembre de 2020 dirigida al Incasòl, a la que ha tenido acceso el ARA, CriteriaCaixa mostraba su voluntad de sacar adelante el proyecto, pero dejaba claro que la venta quedaba "totalmente desligada de cualquier compromiso o proyecto de la Generalitat de Catalunya" y aclaraba que tenían la "disposición de vender, pero no el compromiso".