Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ofrecen un buen balance para la economía catalana. El 2023 ha acabado con más ocupados que nunca: se han creado 197.600 nuevos puestos de trabajo –es la comunidad autónoma que más ha producido– y se ha llegado a un global de 3.716.600 puestos. También se ha reducido el paro, cuya tasa se sitúa en el 8,97%, nueve décimas por debajo de la del cierre de 2022. En los últimos doce meses, pues, el número de parados ha caído en 20.900 personas, un bajón del 5,4%. Sólo el mal comportamiento del último trimestre, cuando los diversos registros han ido ligeramente a la baja, ensombrece un poco el panorama, sobre el que se ciernen algunas nubes por los recientes anuncios de grandes empresas que reducirán plantilla o cerrarán plantas: H&M, Danone y Venca. En cualquier caso, el retrato general que sale de este año es positivo.
Pero más allá de la imagen global tranquilizadora, existe un elemento numérico añadido que invita a una reflexión que, además de económica, es social y política. De los muchos nuevos puestos de trabajo creados, el 63% fueron para nacidos en el extranjero, con un incremento de 125.000 personas. Es decir, uno de cada tres empleados nuevos es inmigrante. Además, de éstos, la gran mayoría proceden de fuera de la Unión Europea.
El dato confirma lo que ya es sabido: que la economía catalana necesita mano de obra externa para seguir creciendo, un dato que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia contemporánea y que una vez más deja en evidencia a los simplistas y demagógicos discursos antiinmigración. Los recién llegados no sólo no nos toman el trabajo, sino que son imprescindibles para hacer funcionar la rueda económica: de hecho, realizan trabajos que los autóctonos no están dispuestos a asumir, tanto por la dureza como por los sueldos. En este sentido, es relevante que Lleida, la demarcación con el sector primario más potente, sea la que tiene un menor paro, del 5,4%. Si a esto le sumamos todo el sector oculto y estructural de trabajos no regulares (por ejemplo, muchas trabajadoras del hogar), la aportación laboral de la mano de obra foránea es aún más relevante.
En un momento en que las competencias sobre inmigración vuelven a estar en el centro de la actualidad y en las que algunas voces intentan vincular el hecho migratorio a conductas delincuenciales, los datos van por otra parte. Los prejuicios y la realidad no encajan. En el último año, los inmigrantes con trabajo legal aumentaron un 22%, mientras que en el caso de los ciudadanos con nacionalidad española fue de cerca de un 2,5%. Sin duda, la acogida y la gestión de esa necesaria fuerza de trabajo venida de lejos podría hacerse mucho mejor si el Gobierno dispusiera de las competencias transferidas. Pero, en todo caso, sin la aportación laboral de este gran contingente foráneo el país tendría un grave problema de falta de mano de obra y, por tanto, de ralentización económica. Una natalidad baja y unos sectores, sobre todo el de servicios y el agropecuario, que siguen proporcionando trabajos de baja calidad –tanto en términos de sueldos como de productividad– explican este imprescindible flujo continuo de trabajadores extranjeros.
