Necesitamos poder confiar en la policía y los jueces

"Los partidos en España no han entendido que las instituciones deben respetarse. En un país democráticamente maduro, las instituciones no las controlan los partidos. Aquí necesitan controlar el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, todo. Y como no entienden que esto es un error, porque esto son medidas antisistema, al final perjudican al sistema", explica el magistrado de la Audiencia de Barcelona Josep Antoni Rodríguez. Lo dice en una entrevista que publicamos este lunes en el ARA y en la que habla de la nueva denuncia en la Fiscalía que han presentado varios afectados por la publicación en La Razón de las fotografías del DNI de jueces que firmaron un manifiesto pro consulta en 2014. Pero también habla del papel que el poder judicial está jugando en contra de la ley de amnistía y del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También explicamos que en el seno del CGPJ hay preocupación por que el bloqueo lleve a la dimisión de su presidente, Vicente Guilarte.

El bloqueo del CGPJ, los movimientos de algunos jueces contra la ley de amnistía y la filtración de las fotografías de los jueces que defendían el encaje de una consulta independentista en la Constitución, que parece vinculada a la operación Catalunya , beben del mismo problema. La contaminación del poder judicial por parte del partidismo político. Y eso no pasa sólo por que algunos partidos intenten –ya menudo consigan– controlar varios ámbitos del sistema judicial, sino también porque hay jueces y magistrados que se prestan: que confunden su papel y en lugar de ser independientes toman posiciones partidistas. Porque el problema no es que los jueces tengan e incluso expresen opiniones políticas: su tarea, interpretar las leyes, es profundamente política –en el sentido de lo que afecta a la vida en comunidad– y debe serlo. Los jueces deben poder actuar con libertad. El problema es que las decisiones judiciales las marquen el partidismo y la voluntad de retorcer la legislación para adaptarla a la línea de unas siglas concretas, para boicotear a otras o para perseguir una opinión política legítima y democrática.

La actual crisis del sistema judicial español se añade a la crisis policial destapada por la operación Catalunya, y ambas están lejos de resolverse. La parálisis del CGPJ y la lentitud de las causas que deberían investigar las cloacas policiales demuestran que queda mucho por hacer. Una sociedad democrática, para serlo plenamente, necesita poder confiar en su policía y sus jueces. Confiar en que no actuarán por partidismo y que no sólo no harán ninguna persecución política, sino que la combatirán activamente. Investigar –y hacer investigar– a alguien sólo porque tiene unas opiniones políticas legítimas, pero incómodas para un partido de gobierno, no es propio de una democracia sana. Atacarle con informes apócrifos, mentiras y medias verdades, como sabemos que se ha hecho, menos. Debería ser un delito perseguido y condenado de forma ejemplar.