Una película rusa para reventar la amnistía
El movimiento del juez Joaquín Aguirre por intentar que no se le pueda aplicar la amnistía a Carles Puigdemont es escandaloso pero a la vez indicativo de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos miembros de la judicatura en su batalla contra el gobierno español y su alianza con el independentismo catalán. En efecto, la decisión de abrir una pieza separada sobre la supuesta trama rusa es la forma que ha encontrado el juez para esquivar la decisión de la Audiencia de ordenarle, ante la falta de avances en la investigación, el cierre de la instrucción. Y esto es lo que permite mantener una acusación por un delito, el de traición, que está excluido en algunos casos de la amnistía. La maniobra es tan chapucera que se ve de una hora lejos cuál es el objetivo: reventar la amnistía evitando que se pueda beneficiar de ello el expresident Puigdemont.
Ahora bien, para ello debe construir un escrito que no se aguanta por ninguna parte, donde cita como investigados a amigos personales de Puigdemont como el periodista Carles Porta con el argumento de que "debía jugar algún papel", ya que aparece en las conversaciones. En realidad, Aguirre no presenta ningún indicio o prueba nueva. Es más, la mayoría de los que aparecen en esta pieza separada ya aparecían en la anterior, como por ejemplo Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay y Elsa Artadi. Claramente se trata de una argucia legal, incluso un fraude de ley, para intentar mantener viva la causa durante más tiempo. Cabe subrayar que toda la causa se sustenta en la declaración de uno de los implicados, Terradellas, que como responsable internacional de CDC en los momentos más convulsos del Proceso pretendía convencer a Puigdemont de que tenía una oferta de Rusia para enviar a 10.000 soldados a Catalunya. Evidentemente, ni Puigdemont ni nadie del Govern nunca le hicieron el más mínimo caso ni le dieron credibilidad alguna.
El caso es que el juez se agarra a las fantasías de un personaje muy secundario del Proceso para alimentar la teoría de que Rusia estaba dispuesta a intervenir en favor del independentismo catalán, y por tanto sustentar una acusación por alta traición contra Puigdemont, al que definió de "cobarde" durante el interrogatorio en Terradellas. Sin embargo, el propio Terradellas admitió ante el juez que Puigdemont le ignoró por completo, por lo que toda la causa no tiene el más mínimo sentido. Como tampoco se ha probado la relación con el Kremlin de los supuestos emisarios rusos que acompañaron a Terradellas a una reunión con Puigdemont el 26 de octubre de 2017, en principio para hablar de criptomonedas.
El caso es que ese encuentro, que visto con perspectiva se puede afirmar que fue un error, es lo que permite al juez, y también a algunos periodistas, mantener viva la teoría de la trama rusa. Pero, siete años después, ni el juez ni nadie ha logrado aportar prueba consistente; por el contrario, cada vez es más evidente que todo fue fruto de la imaginación de Terradellas y de algunos rusos oportunistas que quizás pensaban sacar algún provecho económico. Ahora bien, para algunos miembros de la judicatura española todo vale si sirve para detener la amnistía. Y aquí nos encontramos ante otro caso de lawfare de manual.