El PP y Vox proponen que el valenciano deje de ser obligatorio en la enseñanza
Ambas formaciones aprovechan el debate de una ILP de la entidad Hablamos Español para anunciar la iniciativa
ValenciaEl Partido Popular y Vox han abierto la puerta este miércoles a que el valenciano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza. Lo han hecho en el debate sobre la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) de la entidad Hablamos Español, que reclama eximir al alumnado de la obligatoriedad del aprendizaje en catalán y convertir esta opción en voluntaria al hacerlo la depender de la elección de cada familia. La legislación supondría ir un paso más allá de lo anunciado en diciembre por las dos formaciones que conforman el gobierno valenciano, cuando PP y Vox adelantaron su deseo de que las familias eligieran la lengua vehicular de cada centro y detallaron que a lo largo del 2024 aprobarían una ley que lo hiciera posible.
En caso de salir adelante, la nueva legislación se sumaría a la eliminación, ya aprobada para el próximo curso, del uso vehicular del catalán como lengua de aprendizaje en los municipios de ocho comarcas donde históricamente el valenciano no ha estado presente o ha estado residualmente. Estas comarcas son la Vega Baja, en la provincia de Alicante; la Plana de Utiel, el Rincón, la Hoya de Buñol, el Valle de Cofrentes, los Serranos y la Canal de Navarrés, en la de Valencia, y el Alto Palancia, en la de Castellón. También se mantendría la voluntariedad del estudio de la asignatura de catalán en estas localidades.
Aunque la tramitación de la ILP no se aprobará este jueves, el diputado popular Eduardo Dolón ha aprovechado su intervención en Les Corts para avanzar que la norma en la que trabajan el PP y Vox se acercará mucho a la reclamada por Hablamos Español y que por eso no la aprueban. "Confíen en nosotros", ha reclamado Dolón a la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.
Lo que no ha aclarado el político conservador es si la futura legislación asumirá algunas de las peticiones de la entidad, como que los topónimos de los municipios valencianos aparezcan siempre en catalán y castellano, como también deberían hacerlo todas las informaciones, impresos y señalizaciones de las administraciones y de las empresas concertadas. Esta exigencia también se aplicaría a cualquier compañía en el ámbito de la sanidad y seguridad. En el mismo sentido, la ILP pide no exigir el dominio del valenciano a los trabajadores públicos.
El debate sobre la ILP ha incluido varios reproches, especialmente entre la diputada de Compromís Nathalie Torres y Gloria Lago. Sobre todo cuando la presidenta de Hablamos Español calificó la inmersión lingüística de "aberración pedagógica" y defendió que obligar a un alumno a estudiar en un idioma que no desea es "inmoral". "Tener más de una lengua no es un elemento de riqueza", ha añadido. Para Torres, las propuestas de la promotora de la ILP pretenden "hacer retroceder a la Comunidad Valenciana 50 años". En un sentido similar se expresó el diputado socialista, José Chulvi, que reprochó a Lago que sus propuestas obvien que el valenciano es una lengua minorizada y que "no hay una igualdad real" entre el valenciano y el castellano que justifique aprobar una norma que las equipare.