¿Quiere el PSOE llegar hasta el fondo de la operación Catalunya?
Esta semana ha vuelto a quedar en evidencia que la magistratura es el eslabón débil del sistema democrático español. No es sólo que nadie levante un dedo ante el alud de pruebas documentales sobre la operación Catalunya, es decir, sobre el uso de estructuras policiales y parapoliciales para perseguir a adversarios políticos, sino que incluso cuando un juez como Manuel García-Castellón comete un lawfare de manual con la causa de Tsunami Democrático, intentando presentar como terrorismo lo que fue una manifestación y como asesinato el que fue la muerte por infarto de un turista, todo el mundo sale en su defensa cuando una vicepresidenta pone el dedo en la llaga y dice lo obvio.
El gobierno español va con pies de plomo en esta cuestión porque no quiere entrar en guerra directa con los jueces, y eso es comprensible, pero lo que no puede hacer es esperar sentado a que aparezca un juez outsider o un fiscal que quiera llegar hasta el fondo de las cloacas del Estado, porque eso no ocurrirá. Si, tal y como dice el gobierno español, se trata de un caso similar al Watergate, incluso más grave según afirma este sábado en el ARA Ximo Puig, el gobierno español podría instar al fiscal general del Estado a actuar mediante la Fiscalía Anticorrupción o, incluso, a crear una fiscalía especializada con el objetivo de llegar hasta el final de esta historia. El PSOE tiene ahora una oportunidad de oro para destapar las prácticas antidemocráticas del PP y de hacer una purga en las estructuras del Estado que ampararon estos comportamientos, y en los que podría haber, evidentemente, jueces implicados.
La actitud de García-Castellón nos da pistas de cómo los jueces intentarán detener la aplicación de la amnistía forzando al máximo los límites de la ley. Y una parte de esa batalla se librará, evidentemente, en Europa. Por eso es doblemente importante que el PSOE tenga la voluntad de ir hasta el final con la investigación de la operación Catalunya. Por un lado, porque será un mensaje claro a los jueces en el sentido de que ha terminado la impunidad y que el corporativismo no puede taparlo todo. Y que si algún juez ha cometido un delito de prevaricación, debe rendir cuentas ante la justicia como cualquier otro ciudadano.
Y, por otra, porque Europa debe tener toda la información disponible sobre la operación Catalunya y uso por parte del PP de las instituciones para perseguir la disidencia política para poder valorar en su justa medida la necesidad de la amnistía como único camino para recuperar cierta normalidad democrática. En definitiva, que no se trata de un intercambio de favores parlamentarios, sino de una medida que busca poner justicia en la que ahora sólo hay injusticia. De alguna manera, pues, la amnistía y la aclaración de la persecución del independentismo deben ir en paralelo, porque son las dos caras de la misma moneda.