Los retrasos en la justicia provocan una rebaja "masiva" de condenas

BarcelonaSiete empresarios que han admitido pagar dinero por abusar de menores explotadas sexualmente no irán a prisión, y sólo entrarán los tres máximos responsables de una trama que se destapó en el 2014 y nose ha juzgado hasta este año. Una década de espera que la justicia ha compensado a los acusados ​​en forma de reducción de condena. Esta sentencia de la Audiencia de Murcia que hace sólo dos meses escandalizó a todo el Estadose explica por una circunstancia bastante común en los tribunales. Todo el tiempo que una causa pasa detenida en un juzgado es un tiempo de espera angustioso, por las víctimas que buscan un reconocimiento y por los acusados ​​que quieren defenderse. Esperar juicio muchas veces significa tener la vida en vilo, y la ley prevé compensarlo con una rebaja de la condena, que se aplica a través del atenuante de dilaciones indebidas.

Ahora bien, el colapso judicial y los retrasos crónicos han extendido el uso de esta figura prevista para casos excepcionales hasta hacerla habitual y, además, su alcance es incuantificable. De momento, ninguna estadística judicial recoge datos que permitan saber cuántas veces se aplica este atenuante, y menos cuántos casos responden únicamente al colapso en los juzgados. Fuentes judiciales añaden que, dado que el expediente electrónico todavía no ha llegado al ámbito penal y todos los procedimientos siguen haciéndose en papel, no se puede consultar este dato, que tampoco consta en las estadísticas de la Fiscalía.

Las causas varadas en un juzgado que no puede asumir el volumen de trabajo que le llega terminan abocadas a saldarse con penas mínimas por más pruebas que haya. Esto supone un quebradero de cabeza para las acusaciones, que ven frustrado su trabajo durante la investigación y el juicio, y también implica alargar el trance a las víctimas. Ya lo advirtió el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en su discurso en el acto de apertura del año judicial, a principios de octubre. La máxima autoridad de la Fiscalía en Catalunya aprovechó la ocasión para advertir que un atenuante pensado para casos excepcionales se está aplicando de forma "masiva" debido a los retrasos acumulados en la justicia por la falta de medios crónica. Esto, en la práctica, empuja a que las condenas acaben siendo mucho más pequeñas de lo que correspondería para el delito. Con un atenuante de dilaciones, la pena que acaba fijando se sitúa en la mitad más baja de los umbrales que prevé la ley para ese delito. Si se trata de un atenuante muy calificado (porque la tardanza se ha alargado mucho más) o coincide con otro atenuante (como la confesión o la reparación del daño), la pena puede llegar a ser la mitad del mínimo que prevé la ley.

Una herramienta para garantizar derechos

Sin embargo, no hay que olvidar que este atenuante existe precisamente para garantizar los derechos de los acusados. "A veces se ve el atenuante de dilaciones como que «está saliendo airoso, se está fugando de la justicia», pero son herramientas que existen porque deben contemplarse, son derechos que tenemos todos", apunta el penalista Cristian Carci. Como abogado, a veces defiende acusados ​​y otras ejerce la acusación en nombre de la víctima, por lo que ha visto los efectos de este atenuante desde ambos lados del estrado. "Para la defensa es beneficioso, ahora bien, la otra cara de la moneda es que el acusado ha estado sometido al procedimiento más tiempo del necesario", dice al remarcar que esta figura es un elemento que protege el derecho a defensa.

Uno de los casos más flagrantes con los que se ha encontrado este abogado son dos personas a las que defiende y que aún hoy esperan fecha de juicio por un presunto delito imprudente en el 2007 en su puesto de trabajo. Diecisiete años después están jubilados y todavía no han tenido un juicio, pero el caso todavía no ha prescrito a pesar de que ya ha pasado más de una década porque los juzgados han ido realizado algunos trámites en la causa de que han mantenido activo el plazo de prescripción.

Desde la perspectiva de la acusación pública, el fiscal Félix Martín reflexiona también de los efectos negativos que el sobreuso de este atenuante implica para los procesados. "Cuanto más se aleja en el tiempo la respuesta penal, se desnaturaliza el castigo", valora. Insiste en que, para evitarlo, la administración debe poner la justicia "al mismo nivel" que la agencia tributaria en cuanto a recursos se refiere. De su experiencia, Martín recuerda especialmente el caso de un hombre para quien, en el escrito de acusación, pidió que se le ingresara en un centro de desintoxicación de drogas. El juicio llegó seis años después, cuando el hombre ya no era consumidor, había construido una vida nueva y tenía un hijo pequeño. Vistos estos cambios, una vez a juicio el fiscal retiró la petición de que se le ingresara.

Indemnizaciones por la espera

Las esperas largas no solo afectan a los casos penales, y hace unos días el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto a favor de que la administración indemnice a una mujer a la que se le denegó la prestación de la renta activa de inserción: lo recorrió y el juicio se fijó para tres años y medio después. "No se piden subsidios para pedir, son personas necesitadas. Y debe esperar tres años y medio para que se le escuche en el juicio, imagínate cómo se puede alargar si después hay recursos", expone el abogado que ha llevado el caso, Daniel Sánchez.

Este procedimiento, que comenzó en un juzgado de lo social de Sevilla ha acabado con una sentencia del Constitucional que reconoce esta demora como una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Como el retraso no es culpa del juzgado, pero sí del "funcionamiento anormal" de la administración de justicia, el tribunal encuentra "pertinente y útil" que el estado le indemnice. El abogado añade que esta sentencia supone un precedente que "se extiende a todos los procedimientos en los que haya lentitud, da igual si son laborales, civiles, o penales".