El Supremo cierra la causa del 17-A sin resolver todas las incógnitas
El tribunal rechaza los recursos de las acusaciones y rebaja a 18 meses la pena en el colaborador de la célula de Ripoll
Barcelona¿Quién se llevó la furgoneta del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, poco después de la explosión del chalet de Alcanar donde los terroristas del 17-A preparaban los explosivos y dónde habría muerto Es-Satty? ¿Quién llamó a su móvil poco después del ataque a la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017? ¿Quiénes eran los dos hombres que visitaron la casa de los terroristas poco antes de los ataques? ¿Cuál era la relación de Es-Satty con la inteligencia española? ¿El Estado controlaba suficientemente la venta de los materiales precursores de explosivos que pudieron adquirir los terroristas? Todas estas incógnitas que rodean los atentados de Barcelona y Cambrils quedarán sin resolver, al menos desde el punto de vista judicial.
El Tribunal Supremo ha tumbado los recursos que habían presentado diversas acusaciones que representan a familiares de las 16 víctimas mortales de los ataques y algunos de los más de 300 heridos y afectados que reconoce la sentencia. Estas acusaciones también pedían juzgar por los asesinatos y heridos a los miembros supervivientes de la célula de Ripoll –Mohammed Houli, condenado a 43 años de cárcel, y Driss Oukabir, condenado a 36– y un colaborador –Saïd ben Iazza, condenado a 8 años y ya excarcelado–. La Audiencia Nacional ya lo descartó argumentando que ellos no habían participado directamente en los ataques mortales. Con la misma justificación, ahora el Supremo ratifica la condena a Houli y Oukabir y rebaja la pena a Ben Yazza hasta los 18 meses de cárcel. La sala presidida por el magistrado Manuel Marchena considera que "no hay prueba suficiente" de que el colaborador supiera que estaba ayudando a los terroristas a preparar el atentado cuando les dejó un vehículo y su documentación.
Derecho a la verdad
El tribunal también descarta en la sentencia que la investigación y el juicio del 17-A hayan vulnerado el derecho a saber la verdad de las víctimas de los atentados y sus familiares. En contra de lo defendido por los afectados, los magistrados avalan el procedimiento y aseguran que cumple "con los estándares de protección que derivan de la Convención Europea de Derechos Humanos, donde se ubica por extensión, el invocado derecho de las víctimas a la verdad ".
La verdad judicial del 17-A establece que Es-Satty murió en la explosión del chalet de Alcanar, pese a las dudas que siempre ha planteado una de las acusaciones, que representa al padre del niño de Rubí muerto en el ataque de la Rambla. El Supremo insiste en que los puntos que la investigación no ha despejado son "incertidumbres" que no pueden desvirtuar las pruebas que certifican la muerte del imán en la explosión. Así, por ejemplo, subraya que aunque no se encontrara su móvil tras la deflagración, "lo más plausible" es pensar que quedó "destruido" y que fue tan intensa que "destrozó" por completo los cuerpos de el imán y el otro terrorista que estaba en la casa, Youssef Aalla.
El Supremo también carga contra esta acusación a la hora de cuestionar la inteligencia española (CNI) por su relación con Es-Satty y que pudieran hacer más para evitar los atentados. Los magistrados le reprochan que no haya presentado ninguna prueba sobre estos dos elementos y que tampoco haga "ni una sola referencia a diligencias que se les hayan denegado" para esclarecer estos puntos.