Las víctimas catalanas de pederastia en la Iglesia: "En España no hay voluntad política" para investigar

BarcelonaLos representantes de las principales asociaciones que luchan en Catalunya contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica no colaborarán con las investigaciones del Congreso de Diputados, a través del Defensor del Pueblo, y de la misma Conferencia Episcopal, a través del despacho Cremadas. Por este motivo, han creado la Plataforma Tolerancia 0 y han presentado un informe tecnicojurídico hecho por Miguel Hurtado, uno de los activistas principales en este ámbito y víctima de abusos sexuales en el monasterio de Montserrat, para llevar a cabo una investigación sobre los abusos sexuales a escala catalana, inspirado en el trabajo hecho en países como Australia o Reino Unido. En España "no hay voluntad política", ha lamentado Hurtado, que, en cambio, cree que sí que existe una mayoría parlamentaria en Catalunya para poner en marcha este proyecto, puesto que tanto la CUP como JxCat, ERC y los comunes avalan este modelo.

En cualquier caso, la voluntad de la plataforma sería hacer una investigación a escala estatal e insisten en que las dos investigaciones que se han iniciado hasta ahora no están "deslegitimadas" por el hecho de que falte la participación de todo el activismo catalán, puesto que hay "víctimas que han hecho el esfuerzo de hablar, que han creído y han tenido esperanza", ha argumentado Vicki Bernadet, que ha expuesto que "ante una oportunidad histórica" como esta "es una lástima que no se haga del todo, que no haya valentía". "No está deslegitimada, pero la comisión tendría que tenernos en cuenta", ha añadido Manuel Barbero, padre de una de las víctimas de los abusos cometidos en los Maristas: "No es una cuestión de venganza, sino de justicia".

"Si no nos convencen las formas, ni el fondo, y la herramienta que nos proponen no es la correcta, éticamente no podemos colaborar. Bajamos del tren de las investigaciones del Defensor del Pueblo y del despacho Cremades", ha dicho Hurtado, que ha expuesto que la propuesta de comisión de la verdad que ellos defienden la tenían los partidos españoles sobre de la mesa antes de crear la investigación del Defensor del Pueblo, y que una de las grandes diferencias con la propuesta impulsada por el Gobierno español es la voluntad también de "investigar el encubrimiento". Lo harían basándose en tres ejes: encuentros privados para que las víctimas puedan relatar de manera confidencial los abusos que sufrieron; audiencias públicas en las que se seleccionarían casos concretos y se llamaría a comparecer a las personas implicadas, y una investigación exhaustiva sobre los archivos canónicos. Y a la vez también piden que haya una red robusta de asistencia psicológica para los supervivientes.

Uno de los mecanismos que se tendría que legislar es dotar a la comisión de poderes coercitivos para obligar a los miembros de la Iglesia a participar. Esto implicaría un cambio en el Código Penal y que por lo tanto el Parlament trasladara al Congreso una petición en este sentido. "Si usted no lo hace, tendrá que responder ante los tribunales por un delito de desobediencia. Es una parte fundamental diferente de la del Defensor del Pueblo. El cardenal Omella puede decir que colaborarán, pero el obispo de Toledo puede decir que esto es una caza de brujas y no hacer nada", ha dicho Hurtado por poner un ejemplo de las trabas que se pueden encontrar si no se legisla en Madrid para adaptar el Código Penal.

No investigarlo todo a la vez

Esther Pujol, que sufrió abusos por parte del padre de su parroquia, ha puesto su ejemplo para explicar la necesidad de que se obligue a la Iglesia a colaborar. "Se me negó el acceso a los archivos canónicos y a la resolución de mi propio caso; estoy pendiente de la respuesta del Vaticano", ha dicho Pujol.

En el acto de presentación –en el que se ha cifrado en 17 millones de euros anuales el presupuesto de la comisión de la verdad a escala española– estaba también el escritor Alejandro Palomas, que en enero explicó los abusos que sufrió de pequeño en el colegio La Salle de Premià de Mar. Palomas considera que en su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez fue sincero y le trasladó "voluntades" que después no se han cumplido por la complejidad política. El escritor ha querido valorar el compromiso del president de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien también se reunió y de quien ahora espera respuestas.

Uno de los puntos que han remarcado los cinco activistas durante el acto es que hay que investigar los abusos en todas las esferas de la sociedad, pero primero se tendría que poner el foco en los abusos sexuales en la Iglesia y, posteriormente –o en paralelo–, hacerlo en el resto de los ámbitos. Consideran que el proceso de la comisión tendría que durar unos tres años y no unos meses o un año, como han manifestado el despacho Cremadas y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a quien Hurtado ha desacreditado para hacer este trabajo por su pasado como profesor en colegios religiosos mientras se cometían abusos. Sobre Cremades, un despacho vinculado al Opus Dei, Barbero ha manifestado que la investigación que están haciendo "no es una comisión de la verdad", sino "un control de riesgos".