Aborto: el derecho centinela

Hay derechos que protegen libertades concretas. Y hay otros que, además, permiten medir la calidad democrática de una sociedad. El derecho al aborto pertenece a esta segunda categoría. No solo porque garantiza que ninguna persona pueda ser obligada a mantener un embarazo contra su voluntad, sino porque establece un límite fundamental en el poder del estado: decidir sobre la reproducción. Por eso es uno de los indicadores más fiables de la salud democrática.Cada vez que este límite se cuestiona, el debate va mucho más allá del aborto. Lo que está en juego es la relación entre la autonomía de las personas y la capacidad de los poderes públicos de intervenir en los cuerpos, las familias y el modelo de sociedad. No es casualidad que los derechos sexuales y reproductivos sean uno de los primeros objetivos a derribar de los proyectos autoritarios. Cuando un poder pretende redefinir quién forma parte de la comunidad, quién ha de reproducirla y qué valores han de sostenerla, acaba gobernando la reproducción.Lo vimos en el año 2013 con la contrarreforma de Gallardón. La movilización feminista demostró que restringir frontalmente el derecho al aborto tenía un coste político enorme. Pero las ofensivas reaccionarias no desaparecen cuando fracasan. Mutan.Hoy el debate se llena de conceptos como natalidad, familia, maternidad, "cultura de la vida", concebido no nacido o crisis demográfica. Parece que cambiamos de tema, pero la disputa sigue siendo la misma: quién gobierna la reproducción.Este desplazamiento responde a una crisis profunda. La precariedad, la crisis de los cuidados, el envejecimiento, las dificultades de acceso a la vivienda y los movimientos migratorios cuestionan la manera como sostenemos la vida. Nancy Fraser lo describe como una crisis de la reproducción social, una crisis que afecta las condiciones que hacen posible la vida misma.Ante esto, los feminismos proponen ampliar derechos y garantizar las condiciones materiales para que todas las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones para criarlos dignamente: el horizonte de la justicia reproductiva.Los proyectos autoritarios, en cambio, se preguntan qué reproducción necesita el estado. Anulan la autonomía reproductiva como punto de partida y abren paso a una política demográfica e identitaria, una herramienta antigua y poderosa de control social con la que Margaret Atwood nos ha hecho estremecer en su distopía, y que hoy reaparece en muchas democracias occidentales.Las piezas van encajando. El concebido no nacido de Ayuso y Feijóo como categoría jurídica; la ley de familias del acuerdo PP-Vox en Andalucía; las oficinas de la maternidad de Alicante y Sevilla; la escucha obligada del latido fetal en Castilla y León; los discursos sobre la "prioridad nacional" y las teorías del "gran reemplazo" no son iniciativas inconexas ni independientes, sino que forman parte de un mismo marco conceptual. Toda una arquitectura política que desplaza progresivamente el debate y jerarquiza qué familias y qué maternidades merecen ser protegidas y cuáles no tanto.Su fuerza es que ya no necesitan atacar frontalmente el derecho al aborto, basta con desplazar los imaginarios comunes. Hacer que la pregunta deje de ser si las mujeres deben poder decidir sobre sus cuerpos y pase a ser cómo el estado debe responder ante la crisis demográfica o la protección de "la vida". La ventana de Overton a la reproducción: no elimina derechos de un día para otro, sino que convierte aquello que parecía impensable en socialmente aceptable.

Por eso, el derecho al aborto continúa siendo el centro del conflicto. No porque sea el único derecho en disputa, sino porque es el lugar donde se decide si la reproducción estará al servicio de la autonomía de las personas o de los intereses del estado.Como antiguos centinelas, este derecho es el primero que detecta la amenaza. Nos advierte de que algo está cambiando en la relación entre el estado y la ciudadanía. Y entonces la pregunta que nos deberemos hacer es: ¿qué tipo de democracia necesita hacer de la reproducción una política de estado?