Junts ha razonado como un economista
No suelo coincidir con Junts en muchas cosas. Pero, en materia de vivienda, su voto contrario a los decretos contiene un gran sentido económico que, en tanto que ciencia, está por encima de cualquier ideología.
Su propuesta parte de dos principios elementales: uno, que la política social corresponde a la Administración y, dos, que cualquier regulación debe cuidar la oferta que pretende hacer viable un mercado. En este caso, el de la vivienda. No lo olvidemos. El de la vivienda es un mercado. Si queremos que deje de serlo y equipararlo a infraestructura, defensa u obra pública, puede hacerse. Pero mientras mercado sea, como mercado hay que abordarlo.
El primero de esos principios ya estaba recogido en el decreto del Gobierno, que preveía que la Administración compensara al propietario particular por las rentas dejadas de percibir mientras se suspendiera el desahucio. Si una familia vulnerable no puede pagar el alquiler, debemos protegerla. La cuestión es quién paga esa protección. Cuando obligamos a un pequeño propietario a mantener durante meses o años a un inquilino sin cobrar, no hemos resuelto un problema social. Simplemente hemos seleccionado, casi por sorteo, al ciudadano que deberá financiarla.
Las necesidades colectivas deben pagarse colectivamente, mediante impuestos y presupuestos públicos. Igual que no pedimos a un supermercado que alimente gratis durante años a una familia vulnerable, o convirtamos al propietario de una vivienda en una oficina privada de servicios sociales.
Junts no ha dicho que no. Ha propuesto enmiendas: acotar la suspensión de desahucios, concentrar las restricciones más severas en grandes operadores y sustituir algunas prórrogas obligatorias por acuerdos incentivados fiscalmente. El principio es correcto: proteger al inquilino vulnerable sin desproteger al propietario particular.
Bajo mi punto de vista, el segundo acierto en la contrapropuesta de Junts consiste en cómo aborda los incentivos negativos. Ya estamos sufriendo cómo un límite de precios está reduciendo de forma alarmante la oferta. Si además aumentan las prórrogas forzosas, la incertidumbre y la dificultad para recuperar el inmueble, una parte de los propietarios venderá, acudirá al alquiler de temporada o retirará el piso del mercado. Los beneficiados serán quienes consigan uno de los pocos contratos regulados. Los perjudicados, todos los que se queden fuera.
Cataluña ya lo ha sufrido en sus carnes: donde primero topamos los alquileres, la oferta disponible cayó a menos de la mitad. Se quiso abaratar el mercado y se acabó reduciendo este.
La vivienda no se arregla dirimiendo culpables entre propietarios e inquilinos. Se arregla aumentando la oferta y haciendo que el Estado asuma las obligaciones que le pertenecen. Mi coincidencia con Junts está en su defensa de los incentivos y de la oferta, al margen de cualquier ideología.
