El agujero de la financiación autonómica
Escribo sobre este tema con cierto escepticismo sobre los resultados, pero lo hago creyendo que ayudo a entender problemas de financiación autonómica bastante complejos. Y esto en estos momentos tiene trascendencia política, tanto en lo que se refiere a la estabilidad de los gobiernos español y catalán –por este orden– como por el miedo a que la ultraderecha pueda llegar al poder.
En el debate sobre la singularidad del modelo, Cataluña está sola, porque la propuesta es concreta; en cambio, en cuanto a la necesidad de una nueva financiación general existe un amplio acuerdo, porque la vaguedad de la formulación ayuda. Sin embargo, en ambos casos hay tres ejes que cuelgan de un hilo. En el PSC (no en el PSOE, y no parece que tenga que cambiar de parecer) se mantiene la cuestión del respeto a la ordinalidad gracias al que se aguanta el gobierno Isla (en dinero, hablamos de seis mil millones adicionales). Este eje cuenta con una comisión de estudio que, de momento, es incapaz de justificar esta cifra, ya que se mueven en diferentes escenarios políticos que no dependen de la comisión, y la hacienda estatal, de momento, no da opciones para saber de dónde se podría sacar ese dinero.
ERC se agarra a un segundo eje, el del IRPF. Por eso ha hecho en el Parlamento español una propuesta de ley de máximos (ya vendrían las rebajas en el trámite) para transferir entero todo lo que rodea al impuesto sobre la renta.
Juntos, en cuestiones de financiación autonómica, añade un tercer eje, el de la publicación de las balanzas fiscales y su impacto sobre la economía catalana. Pretende así que el gobierno central se reconozca en una fotografía (la del método de cálculo del flujo monetario) en la que sale bastante mal.
Es poco creíble que todo este puzzle le ordene una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la vicepresidenta Montero pondrá en evidencia que no hay encaje posible para las tres reclamaciones más allá de unos acuerdos verbales que pueden ser todo menos un nuevo "modelo". Los varones de derechas, por mucho dinero que ponga el Estado, difícilmente concederán un triunfo a la candidata socialista en las elecciones andaluzas, ni ayudarán a mantener el cuestionado gobierno de Sánchez. De lo contrario, saldrán en trompa Airef, Fedea, CEOE y tutti quanti al grito de "no hay dinero", que "hay que cumplir la regla de gasto" y la reconducción de la senda del déficit, que "los ingresos extraordinarios de unos máximos de recaudación tributaria –extraordinarios por la coyuntura– no se pueden gastar en financiar gastos ordinarios, recurrentes", que "hay compromisos de defensa para que no nos hagan hoy" la prórroga de las prórrogas presupuestarias es escasa", etc. Todos ellos desde su posición de razón económica propia.
¿Cómo podríamos salir todos juntos del agujero, y dejar de cavar para que la ultraderecha no pase por encima de nuestra frágil democracia?
Yo diría: ERC, olvide lo que ahora pide del IRPF, encomiende la recaudación de este impuesto a la Agencia Estatal Tributaria y asegure que la deje para uso de la Generalitat en una cuenta en el Banco de España.
Juntos, consiga que cada año se muestren los datos presupuestarios con el máximo de territorialización posible, actualizados, y que hagan que no sea necesario imputar cálculos que siempre alguien, con más o menos sensatez, puede controvertir; y ya nos lo haremos nosotros. Transparencia primero, cálculos después. Y forzar un pacto fiscal de nivelación: de toda la recaudación alcanzada en Catalunya, con qué cantidad contribuimos al mantenimiento de las cargas comunes mientras sigan siendo comunes, al estilo de pacto fiscal que proponía Artur Mas.
Y al PSC le diría que, en ausencia de singularidad y ordinalidades efectivas, pulegio con pez al empollo en la medida de lo posible a través de las partidas de gasto que son competencia estatal, que se visualizan poco, que se ejecutan mal y que, a menudo, son menospreciadas en el análisis. Porque es de ahí que llora la criatura. Y porque es sabido que reformando la financiación autonómica nunca será posible recuperar el déficit fiscal de los 22.000 millones anuales que se esgrimen.
Y en la sociedad civil, que sea consciente de una vez que sin una mejor recuperación del dinero que pagan los catalanes –y que nunca devuelven–, no habrá margen para financiar nuevos programas de vivienda social, de salud mental o de inversión en formación profesional. Por el contrario, de momento observo que la Generalitat actual ya gasta hoy lo que no ingresa, a cuenta de lo que se espera que sea una nueva financiación autonómica reduciendo los márgenes de mejora.