Ahora hay que concretar
Poco a poco la realidad se impone. Primero hubo que aceptar quién había ganado las elecciones en Catalunya. Después, que, si no se podía investir a un president de la Generalitat independentista, lo que había que hacer es pedir al PSC (el único partido que en las circunstancias actuales puede investir a su candidato como president) cosas útiles para Catalunya a cambio de los votos. Es fácil y lógico hacerlo porque PSC y PSOE son partidos hermanos, y el PSOE gobierna en España. Los indultos y la amnistía han sido resultados, por cierto no menores, de esta política, que ha traído el beneficio indudable de dar estabilidad al gobierno central, la mínima necesaria para gobernar y evitar un gobierno con toques fascistas por la influencia de Vox. Vistas las circunstancias, no es poco.
Ahora ya estamos aquí y, por lo tanto, la cuestión es concretar qué se pide con claridad y pulcritud. Claridad para que te entiendan y pulcritud para ir a lo que importa y evitar la confusión, que solo sirve para marear la perdiz en beneficio de quien tiene el poder y la fuerza –que, por supuesto, es el gobierno central, nunca Catalunya–. La negociación tiene dos frentes interconectados, el Govern de la Generalitat, que es el que más importa a los partidos independentistas, y la estabilidad del gobierno central, del PSOE, que es quien ha ganado las elecciones generales y gobierna España y, por tanto, es para ellos la primera prioridad.
Ahora qué pedir también está claro: una mejor financiación para Catalunya. Lo han propuesto ERC y Junts y ha hablado de ello el PSC. Definirlo y cuantificarlo es en principio difícil y, por tanto, uno puede ser víctima de sí mismo si intenta resolver una cuestión compleja con una solución simple. Pese a este principio, ahora debe hacerse la excepción y concretar una financiación que entienda el gobierno central, que es con quien debe negociarse, y que los españoles no vean como una agresión a su bienestar.
La dificultad del sistema de financiación autonómica es que se basa en un reparto de impuestos, IRPF, IVA y Sociedades, entre el gobierno central y las comunidades autónomas, que después se corrige con unos factores de nivelación por insularidad, edad de la población, nivel de vida, inmigración, ruralidad, etc., que convierten el sistema en un rompecabezas del que nadie es capaz de discernir si es equilibrado.
El Sr. Illa, candidato del PSC, ha expresado que debe estar basado en la ordinalidad, que no es la proporcionalidad entre lo que se ingresa y se recibe y, por tanto, permite cuotas de solidaridad entre comunidades autónomas. Es exactamente que el orden de los que pagan, de más a menos, debe ser el mismo que el orden de los que reciben. Quien paga más impuestos es quien recibe más transferencias del gobierno central.
Catalunya es la tercera comunidad que más paga y la decimotercera que recibe. Es injusto, no hace falta hacer muchas curvas para entenderlo. La diferencia directa entre la tercera que recibe y Catalunya es de 593 €/habitante, que para 8,016 millones de habitantes de Catalunya supondría otros 4.753 millones de ingreso en 2024.
La forma de poder incrementar la aportación del gobierno central a Catalunya sin reducir la de otra comunidad, lo que haría inviable la propuesta, es que se haga una modificación presupuestaria en 2025 que reduzca el gasto del propio gobierno central. Supone un 1% del presupuesto general del Estado. No puede sostenerse que es imposible.
La propuesta de ERC debería ser esta, porque favorece a Catalunya, supondría más de 4.000 millones de más en ingresos en 2024, es sencilla de entender, es genérica porque puede valer para siempre cuando las circunstancias económicas cambien, y es la que ha propuesto el candidato del PSC, y por tanto el gobierno central no puede rechazarla.
Seguro que se van a pedir complementariedades, pero el principio es correcto y puede ser la base de la negociación, con una idea que, propuesta por la contraparte de ERC en la negociación –el PSC–, ayuda a conseguir lo que se quiere: una mayor aportación económica del gobierno central para Catalunya. La cuestión que aflora es si se cumplirá lo que se pacte. La seguridad se deriva de tener el dinero y controlar que no se transfiere al gobierno central si este no asegura la ordinalidad pactada.
El Estatut actual prevé que la agencia de recaudación fiscal sea compartida entre el gobierno central y la Generalitat. Nada puede hacerse sin la aprobación de ambas autoridades, los funcionarios son de una institución y otra al 50%... No se ha hecho en años. Movilizarlo es una demanda de la ciudadanía en Catalunya y sería una prueba de transparencia, de mutua confianza y de seguridad de que se cumple lo que se pacta. La Agencia tributaria compartida es la seguridad de que la ordinalidad pactada se cumplirá.
Para lograr un objetivo es necesario creer en él, estar convencido de que es posible y plausible. En este caso, creer es una actitud lógica, no un sueño. Es posible, y no es algo menor, que esta solución, negociada en los términos expresados, puede tener el apoyo de Junts.
El president Macià quería una república independiente para Catalunya, pero en las circunstancias de abril de 1931, justo llegada la república después de cuatro siglos de monarquía, los negociadores del gobierno central le plantearon que olvidara su sueño y aceptara una solución que dio lugar al autogobierno de Catalunya. ¿Quién diría hoy que fue una mala solución...? Pocos.
Hay un dicho mil veces repetido: lo mejor es enemigo de lo bueno. Pero concretar es imprescindible.