Alicante y el valenciano: la punta del iceberg
En el marco de una constelación de fenómenos sociolingüísticos paranormales, el día 26 de junio el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó instar a las Cortes Valencianas a modificar la zonificación lingüística establecida por la ley de uso y enseñanza del valenciano (LUEV, 1983). La zonificación en cuestión –en formulación poco afortunada, todo se ha dicho– dividía la Comunidad Valenciana en dos áreas de predominio lingüístico atendiendo a criterios históricos. Cabe decir que el criterio –fuertemente discutido en su momento– no tenía tanto que ver con la situación demolingüística de la década de los ochenta del siglo pasado como con la lengua predominante de los repobladores del siglo XIII. De esta forma se definió una zona de predominio lingüístico (histórico) valencianohablante y otra castellanohablante, lo que planteaba una gestión diferente de los derechos y deberes lingüísticos en función de la ubicación de la ciudadanía valenciana. Llegados a este punto, no puedo dejar de decirme que el planteamiento en cuestión se ha convertido de manera recurrente en una piedra en el zapato de la normalización lingüística vislumbrada.
Sea como fuere, el caso es que a la quinta ha ido la vencida y el Partido Popular se ha plegado a la presión de Vox. En consecuencia, ya está en marcha la petición de reubicar la ciudad de Alicante, ahora en la zona lingüística castellanohablante, algo que según la concejala del PP M. Carmen de España debe trasladar a la ley la realidad estadística... Y, según los ediles de Vox, corrige un desequilibrio (!). En el trasfondo de tanta retórica ignominiosa existe la necesidad del PP de aprobar el plan económico y financiero, lo que requiere la participación de un socio, Vox, empeñado ad infinitum a borrar la diversidad lingüística estatal desde una ideología monolingüista que nos remite a tiempo de infausta memoria.
A mí, ciertamente, lo de corregir el desequilibrio apuntado anteriormente me habría sugerido mejor intensificar la política y la planificación lingüística con medidas de discriminación positiva que bilingüizaran efectivamente a la población alicantina y estimularan el uso de la lengua que históricamente había señoreado en la ciudad. Es lo que tiene imaginar una sociedad en la que el bilingüismo no sea sólo cosa de uno de los grupos presentes. Sin embargo, parece que los instigadores de la propuesta tienen en la cabeza otra dinámica comunicativa para la sociedad. Una dinámica donde a lo sumo "se tolera graciosamente" el uso del valenciano entre los aborígenes y se reclama la libertad de no aprenderlo fuera del endogrupo. Una idea, no lo olvidemos, que pasa por alto que la libertad exigida impide al valencianohablante emplear su lengua tanto como quiera.
Si el amable lector me permite poner algo de contexto en el tema, me gustaría referirme al proceso histórico de castellanización de la sociedad valenciana. Se remonta al siglo XVI y ha tomado diferentes direcciones en relación con su alcance social. No me entretendré, pero dejaré dicho que antes de entrar en el siglo XX el proceso en cuestión, si bien experimentó un incremento cualitativo destacado, cuantitativamente afectó a un número escaso de individuos. Las ideologías difundidas durante las dictaduras del siglo XX, en cambio, impulsaron importantes procesos de defección lingüística y las migraciones castellanohablantes del tercer cuarto del siglo XX hicieron el resto.
La nueva ordenación territorial del estado de las autonomías posibilitó intervenciones planificadoras diversas. Quien firma estos papeles puso sobre la mesa el análisis de dos períodos: una etapa infraplanificación lingüística con la izquierda en el poder entre 1983 y 1995 seguida de veinte años de contraplanificación lingüística con la derecha gobernante (1995-2015). En ambos casos la intervención de la administración se mostró como una vía muerta a la hora de llevar la lengua al estadio de normalidad que le correspondía. En los últimos años, los podríamos caracterizar con un par de nuevas etapas, que colisionan de nuevo en lo que respecta al horizonte lingüístico anhelado: la del Botánico, en mi opinión, ha supuesto una oportunidad perdida a partir de la mala lectura de un contexto comunicativo especialmente complicado para las lenguas minorizadas; la otra etapa, la que se inicia con el cambio de gobierno de 2023, nos lleva a una nueva contraplanificación lingüística, explícita y desacomplejada.
Los fenómenos paranormales a los que aludía al inicio del artículo han tensionado a la sociedad, una parte de la cual ve atónita cómo se ha puesto en marcha el proceso de liquidación de una lengua que, según los datos de la encuesta SIES 2021, se encuentra en un verdadero estado de emergencia lingüística. Me estoy refiriendo a medidas como la promulgación de la ley de libertad educativa, la residualización del ecosistema comunicativo en valenciano, el arrinconamiento de la cultura en valenciano en los circuitos institucionales, etc. Y no lo perdamos de vista, la conflictivización de la gestión normativa (AVL) y, en última instancia, de la unidad de la lengua.
La ofensiva irá a más. En relación a la alteración de la zonificación histórica embrionaria, Vox ya ha manifestado que impulsará nuevas peticiones en los municipios donde tenga capacidad de influencia. Se trata, pues, de la punta del iceberg de una ofensiva que la comunidad lingüística en su conjunto haría bien en no menospreciar. Lo que ocurre en Alicante –lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, en definitiva– es un torpedo en plena línea de flotación de la lengua catalana. Habría, pues, que abordar la cuestión independientemente del lugar donde la agresión se está llevando a cabo. Desde Cataluña estando, es el momento de releer el horizonte 8 del Pacto Nacional por la Lengua. Se titula "Una lengua compartida y equipada para los retos contemporáneos". Veamos, pues, qué se puede hacer.