Amnistía porque sí
Cuando Oriol Junqueras impulsó la consigna de dar la amnistía por descontada, no lo hizo –como creen algunos– para hacer naufragar el acuerdo de investidura, sino para quitar valor a la gran apuesta negociadora de Junts y empezar a abrir otras carpetas donde ERC pueda tener mayor protagonismo (Cercanías y financiación). Del mismo modo, en su día Junts minimizó los indultos y la reforma de la sedición. El soberanismo dividido se empeña en negar sus propios méritos. Pero el caso es que, ciertamente, la amnistía ha empezado a darse por hecha y es por eso que incluso los prudentísimos empresarios catalanes lo apoyan. Es por eso, también, que Pedro Sánchez se sintió lo suficientemente fuerte, este sábado, para defenderla en el comité federal del PSOE ante sus barones más carpetovetónicos. Y eso no es mérito suyo, ni mucho menos del PSC de Illa. Es una imposición forzada por la aritmética electoral. Los partidos independentistas han logrado que el presidente en funciones cambie de parecer respecto a una cuestión crucial que la derecha española considera un crimen de lesa patria. Más aún: han logrado que el entorno de Feijóo no se preocupe solo de captar votos de Vox a base de exabruptos, sino también de buscar maneras de hacer y de decir que le permitan mantener o ensanchar su cuota electoral en Catalunya. No es poco. La política de un país depende de dónde radica su centro de gravedad.
La amnistía debe recorrer un camino largo y tortuoso, porque depende del brazo armado de la derecha política, es decir, la judicatura, y por tanto es necesario que sea una ley bien hecha, empezando por la exposición de motivos. Aquí se nos plantea una batalla por el lenguaje y por el sentido de las palabras que amenaza con ser tan pesada como inútil. En Madrid hay terror por que, a diferencia de los indultos, se perciba la amnistía como un acto de contrición por parte del Estado. Por eso hay interés en que quede por escrito que el 1 de Octubre fue un delito, y que los partidos independentistas no actuarán de forma unilateral. ¿Pero de qué le sirve a España remarcar que un acto masivo de ejercicio del voto, llevado a cabo sin violencia, después de años de ofrecimiento de diálogo por parte catalana, se consigne como “delito”? No le sirve de otra cosa que no sea una humillación política de sus futuros socios de gobierno.
Por lo que se refiere al gran dogma de fe de Junts –no renunciar a la unilateralidad–, ¿de qué le sirve al independentismo, si de hecho tanto Puigdemont, como Junqueras, como todo su gobierno, desestimaron la unilateralidad de facto en 2017, renunciando a aplicar el resultado del referéndum y aprobando apenas una declaración de independencia ficticia que no tuvo ninguna aplicación práctica, en gran medida, porque las calles se vaciaron, medio gobierno se marchó al exilio de forma inmediata y el otro medio se entregó a las autoridades sin siquiera reivindicar la validez democrática de sus actos?
Los hechos de octubre de 2017 solo sirvieron para poner en evidencia la naturaleza represiva del Estado (el día 1) y la impotencia de la clase política catalana (en los días posteriores). Sinceramente, creo que ni unos ni otros deberían estar demasiado interesados en enfadarse en una disputa que difícilmente llevará a puntos de acuerdo. El preámbulo de la ley de amnistía de 1977 decía, simplemente, hablando en nombre del rey: '“De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:” Lo más relevante de esta ley es lo que decía el artículo 1, en el que quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, “cualquiera que fuese su resultado”. Después, cada uno explicó las cosas cómo le pareció más conveniente. Y eso es lo que debería ocurrir también ahora.