La anomalía democrática del CNI
El escándalo del Catalangate ha abierto el debate sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La discusión –que se tendría que haber afrontado mucho antes– ha saltado cuando se ha destapado el espionaje sistemático a la cúpula de todo un movimiento político. Se ha justificado argumentando que había que actuar contra el independentismo: "¿Qué tiene que hacer un estado cuando alguien vulnera la Constitución y declara la independencia?", soltó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero el independentismo catalán es una ideología legal y democrática, y el movimiento que lo defiende es pacífico y pacifista. Si el aparato estatal ve justificado espiar un movimiento democrático porque lo considera un adversario, ¿cómo sabemos que no actúa del mismo modo con todos a los que considera rivales políticos?
El Catalangate no ha levantado más polvareda porque se ha considerado un problema de los separatistas. Pero es un problema español, una anomalía democrática que pone en entredicho todo el sistema de inteligencia estatal alrededor de un CNI que, tal como explicamos en el dosier, no tiene suficientes garantías de control. Una vez autorizadas –por un solo juez–, nadie supervisa las investigaciones del CNI, todos los plazos que limitan las actuaciones más intrusivas son prorrogables, los investigados no pueden saber nunca qué se ha conseguido en su contra y no se detalla el nivel de concreción al que puede llegar la comisión de gastos reservados del Congreso, el último eslabón de control. Además, a diferencia de buena parte de los países occidentales, en España una sola agencia se encarga del espionaje interno y exterior.
Los programas troyanos como Pegasus son capaces de vulnerar la intimidad de las víctimas de la manera más profunda: en el móvil lo guardamos todo y lo llevamos a todas partes, y estos programas permiten activar la cámara y el micrófono a voluntad. Este nivel de violación de la intimidad más personal en el Catalangate no solo se ha aplicado a dirigentes políticos, también a parientes y trabajadores de su entorno, según el informe de Citizen Lab que ha destapado el caso. El CNI no solo ha espiado a la cúpula de un movimiento, se ha sentido suficientemente impune para actuar con víctimas colaterales que no representaban ningún peligro político.
No hay que ser muy perspicaz para entender que cualquier agencia de inteligencia hace equilibrios en el umbral de la ley y que el espionaje se basa en vulnerar la intimidad de alguien. Pero, si se rompe la ley, hace falta que los responsables afronten las consecuencias, sobre todo si, como es el caso, el escándalo se hace público. Y, si resulta que es legal espiar a toda la cúpula política de un movimiento democrático, España tiene un problema grave. Un problema de calidad democrática.