Matar niños no es fácil; se sabe hacer. En abstracto se pueden hacer proclamas de exterminio de todo un pueblo, como hace Netanyahu u otros líderes genocidas, pero lo cierto es que este trabajo –el de aniquilar criaturas– no lo puede hacer cualquiera. ¿Quién irá puerta por puerta, cuando se dicte el exterminio de una raza entera, para acabar con todos los niños que allí vivan? ¿Quién podrá apretar el gatillo o lanzar una bomba, quién apuntará con un ojo entrecerrado directamente a la cabeza de un niño que apenas levanta unos palmos de tierra? ¿Quién hundirá un cuchillo en la carne tierna y soportará los gritos agudos y espeluznantes? Muy pocas personas, de hecho, podrían llevar a cabo el peor de los actos, el más funesto y terrible: el de acabar con la vida de un retoño indefenso. Por eso los soldados han de ser entrenados para deshumanizar al otro en un proceso que es de doble sentido. Porque es imposible ver al “enemigo” en una criatura si no se ha sufrido una erosión importante de la propia humanidad.
Lo del asesinato de inocentes e indefensos es un extremo que todos podemos rechazar sin pensárnoslo dos veces, de manera radical y taxativa. Pero ¿qué pasa con otros actos de discriminación que también tienen un efecto terrible sobre la vida de las personas? No mataríamos nunca a un niño, pero ¿aceptaríamos que pasara hambre? ¿Le negaríamos el alimento a quien nos lo pide o lo pide a la sociedad en la que vive? El ignominioso pacto de María Guardiola en Extremadura con Vox (un acto de sometimiento de una mujer política con voluntad ejemplificante, una humillación pública que sirve de aviso a navegantes) va de eso cuando defiende que “los españoles primero”. No es ninguna novedad. Los precursores del partido de Abascal, en formas menos organizadas que el partido que encabeza, hace muchos años que existen y actúan. Solo hay que seguir el trabajo del fotógrafo Jordi Borràs, que se ha dedicado a seguir los pasos del movimiento fascista a lo largo de las últimas décadas. Recuerdo que, durante los peores años de la crisis de 2008, tuvimos noticia de que una de estas agrupaciones –en Valencia, si no lo recuerdo mal– repartía comida para quienes no podían comprarla, pero solo a los españoles. Lo que quiere decir que si se les acercaba un hambriento sin el DNI pertinente se tenía que quedar sin comer.
Quienes creen que los extranjeros, legales o ilegales, no deberían recibir las ayudas establecidas en el sistema que tenemos, ¿están dispuestos a aceptar los efectos concretos que esto tendría en personas concretas? Efectos como el dolor de tripa de un adolescente que no tiene nada para llevarse para desayunar durante el recreo y que si no fuera por la beca comedor no podría tener una sola comida completa al día. En España y en Cataluña hay cerca de un 30% de pobreza infantil, lo que quiere decir que 3 de cada 10 criaturas quizás dependen de los almuerzos escolares para recibir alimento. Esto en una de las zonas del mundo más avanzadas, donde no solo no sobra gente sino que falta para cubrir muchos puestos de trabajo. Puestos de trabajo tan mal pagados que no dan ni para alimentar a un hijo.
Cuando Alianza Catalana propone hacer más estricto el acceso a los servicios públicos, al empadronamiento, a la regularización extraordinaria, lo que hace en realidad es atizar la crueldad sádica contra una parte de la población. Ahora que la extrema derecha psicópata –española o catalana– se siente envalentonada (por falta de empatía) por el clima mundial, a quienes están dispuestos a darles el voto yo les pregunto: ¿creéis que mi madre, por ejemplo, merece no ser tratada en un centro de salud público por el simple hecho de haber nacido en un país extranjero? ¿Creéis que el repartidor que os entrega la comida a domicilio no debería tener hijos y que si los tiene no deberían ir a la escuela? Esta crueldad programática no es una abstracción: tiene efectos concretos en personas concretas. Tanto como matar a un niño con las propias manos.
