Asuntos (poco) reservados

Hace una década que en Catalunya las comunicaciones no son seguras. Es decir, hace una década que en Catalunya muchas personas temían -y ahora saben con seguridad- que la privacidad de sus conversaciones y todo aquello que almacenan en el móvil no es privado y se puede filtrar en cualquier momento. Que su móvil puede grabarlas en remoto en cualquier situación.

Hace tanto de tiempo que dura y está tan extendido el convencimiento de espionaje entre políticos, activistas y periodistas que todo el mundo conoce a alguien que ha dejado o todavía deja el móvil afuera en las reuniones más discretas, alguna institución u organismo que ha habilitado una caja fuerte en la puerta de un despacho importante, alguien que ha hecho una broma saludando a los espías del CNI en un chat o que sabe cómo puede intentar inhibir una señal con papel de aluminio o una bolsa Faraday comprada por internet a veinte euritos. Por no hablar de la fuga de las aplicaciones más habituales hacia otras consideradas más seguras y que se han instalado en los móviles de tantos catalanes desde 2017. Los más habilidosos, para evitar que se infecte el sistema operativo, cambian a menudo de móvil manteniendo la SIM y el número de teléfono, y quemando el aparato.

Que todo el mundo lo sospechara no hace menos grave la confirmación del espionaje de una sesentena de teléfonos de políticos y activistas, de sus familiares y abogados, que ha denunciado la New Yorker basándose en la investigación del canadiense Citizen Lab. No lo hace menos grave, pero tampoco hay que esperar grandes consecuencias.

De momento, han sido localizados 63 teléfonos, pero se considera que pueden ser la punta del iceberg, porque solo se han rastreado aquellos iPhones cuyos usuarios lo han pedido.

Muchos escándalos internacionales están vinculados al uso de Pegasus, el programa espía estrella de la israelí NSO, pero ninguno tan repugnante como la muerte de Jamal Khashoggi, periodista colaborador del Washington Post, descuartizado por orden de la monarquía saudí.

Los traficantes de las nuevas armas se someten a un teórico control del Parlamento israelí y también de los organismos democráticamente establecidos en los países a los que han vendido Pegasus, pero la realidad es mucho más imperfecta. En España, por ejemplo, el control parlamentario de la actividad de los servicios secretos hace años que está paralizado. El CNI, que depende, no ya de presidencia, sino del ministerio de Defensa, tendría que dar explicaciones a la comisión de secretos oficiales, pero hace tres años que no se ha constituido porque hay que elegir a sus miembros con una mayoría de tres quintas partes, que no se consigue por el veto a los independentistas.

Por lo tanto, en la práctica no se rinde cuentas de lo que se hace con los fondos reservados -también denominados de reptiles- ni sobre a quiénes afecta el espionaje del Estado.

Hasta hoy, el Gobierno español ha mirado hacia otro lado, acompañado por la mayoría del sistema mediático madrileño. Sánchez ha visitado a Zelinski con cara de gravedad con la confianza que en casa la tormenta pase, también esta vez, y el tema se pudra entre clamores de los independentistas en el desierto.

El espionaje masivo apunta al Estado y solo pueden ser una broma pueril las insinuaciones de la Moncloa en privado que apuntaban a Rusia. La New Yorker habla de “fuertes pruebas circunstanciales” que apuntan a la conexión con las autoridades españolas. La actuación del Estado no cuela para nadie que considere que las reglas de la democracia no se hacen a medida de los poderosos. Que el Washington Post afirme en un editorial que “cuando las democracias participan en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parecen las ocurridas en Catalunya, merecen una condena” significa que el estado español tiene un nuevo y grave problema de reputación. Un debilitamiento más de la calidad democrática que se asumirá con total desprecio.

Ningún juez que no sea de parte puede haber autorizado como mínimo una sesentena de escuchas una vez ya se habían juzgado los hechos de 2017 y en etapa de desescalada y restablecimiento del diálogo.

El ministro Bolaños visitará este domingo Bacelona en servicio de bombero. La parte catalana afirma que “las relaciones no serán nunca iguales” y que “la confianza cuesta mucho de establecer y esto lo ha dinamitado ”, y augura “un cambio de estrategia en el Congreso”. Hoy la democracia española es todavía más débil a nivel internacional, pero ya hace tiempo que ha asumido el desgaste de no afrontar políticamente su gran crisis de estado, que es Catalunya. Tampoco el PSOE.

Hoy ni a ERC ni al PSOE les interesa romper definitivamente ni quemar la opción de una mesa de negociación que no da resultados. Pero cerrar la crisis sin consecuencias no solo hunde cada vez más la credibilidad democrática española, sino que favorece a aquellos que ven una victoria del PP como una manera de reanimar a un independentismo hoy sin ruta.