1. Justicia política. Por voluntad del PP, el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido cinco años de provisionalidad. Desde 2018 los mandatos están caducados y, por tanto, el organismo está en situación manifiesta de falta de legitimidad. ¿Por qué no se renueva? Porque el PP no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque hace diez años, cuando se constituyó el actual consejo, el PP gobernaba –con Mariano Rajoy como presidente– y disponía de una mayoría parlamentaria que le permitió configurarlo a su imagen y semejanza. Las relaciones de fuerza han cambiado, las normas para la renovación del CGPJ son las mismas; la diferencia es que el PP no está en condiciones de configurar una nueva mayoría cercana a sus posiciones como la actual. En consecuencia, el partido que acusa al gobierno actual de poner en juego el régimen democrático, de golpe de estado y de mil atrocidades se niega sistemáticamente a cumplir la ley, en beneficio propio. Y después de cinco años de resistencia pide ahora cambiar el reglamento como condición para poner en marcha la renovación del CGPJ. Dicho de otro modo, especula con la tendencia conservadora de la justicia para conservar la posición dominante en sus órganos.
Los dirigentes del PP que se indignan cuando se habla de lawfare son los que realmente apuestan por la politización de la justicia. Ellos han hecho de ello su forma de estar en el régimen. Y ellos, con Rajoy de presidente, fueron quienes no hicieron nada por resolver políticamente el conflicto con Catalunya. Viendo que por la vía de la desidia no se adelantaba, acabaron transfiriendo la resolución a la justicia. La judicialización de la crisis de 2017 fue una demostración de incompetencia del poder político. Los conflictos políticos deben afrontarse políticamente.
2. Amnistía. Ahora el PP se ha agarrado a la amnistía para mantener la tensión entre el poder judicial y el poder político incluso cuando ya es evidente el fracaso de la vía represiva que eligió. Incapaz de construir una respuesta política, presenta la amnistía como un acto frontal de deslegitimación de la justicia que pone al Estado en subasta, lo entrega a sus adversarios. Cuando precisamente es el PP el que ha debilitado al poder judicial, convirtiéndolo en instrumento de una represión que sustituía su impotencia política.
Tarde o temprano el PP se encontrará con que hacer de la amnistía el principal objetivo a abatir lo debilitará más reforzarlo. Primero, porque habrá amnistía. Y cuando sea operativa costará que lleguen el drama y las fracturas que el PP pronostica. Y la estrategia de la indignación callejera contra Sánchez tocará techo rápidamente; en realidad, ya está pasando. No se puede vivir solo de agitación. En segundo lugar, porque tirar contra la amnistía contribuye a asegurar la cohesión de una mayoría que se justifica contra el enemigo: es decir, contra el PP y Vox.
Si Feijóo supera el actual estadio infantil de salvador de la patria y se va haciendo mayor antes de que lo echen, tendrá que bajar a la realidad buscando alianzas concretas con los que le pueden ser más afines, Junts y el PNV, representantes genuinos de las derechas nacionalistas catalana y vasca. El furor contra la amnistía decaerá en el momento en el que empiecen a volver a los exiliados. El efecto de descompresión que tendrá todo ello generará distensión y, si sigue aferrado a la vía autoritaria, el PP puede quedarse con un palmo de narices.
3. Hacer política. No se puede vivir eternamente del ruido, si realmente quiere recuperarse posiciones, porque hay un momento en el que ya no impacta ni moviliza. La estrategia de la tensión solo se explicaría si el PP ha decidido apuntarse a la ola reaccionaria que, paulatinamente, arrasa en Europa. Y si es así, el problema salta de tamaño: optando por el autoritarismo posdemocrático, el PP desafía a la democracia. Si lo que quiere es simplemente buscar la alternancia, es el primer interesado en la distensión. Porque cuando el suflé decaiga, la cohesión de la actual mayoría se pondrá a prueba, y es esta la batalla en la que el PP puede hacer fortuna. El hilo que separa hacer política de jugar a hacer política es muy delgado. Y, en democracia, es determinante.
