Baleares y la degradación de la política
Hace unos días, Vox aprovechó la tramitación de un decreto del gobierno de las Islas Baleares sobre vivienda para introducir una enmienda por la que los menores de edad puedan asistir a las corridas de toros. Tan extravagante y absurdo como se quiera, pero esto ha ocurrido. Por un lado, la presidenta Marga Prohens ha anunciado a diestro y siniestro que las políticas de vivienda serán una bandera de su mandato: afirma que el Gobierno de Progreso liderado por Francina Armengol fracasó en esta materia (y en todas) y que ella y su ejecutivo sí triunfarán. De momento, ha aprobado medidas tan innovadoras y nunca vistas como favorecer al ladrillo: permitir la construcción en altura y la división de pisos, por ejemplo. Al fin y al cabo, Prohens es en eso continuista de Armengol, porque ambas ponen las políticas de vivienda en el centro o en lo alto de su agenda de gobierno. Con motivo, porque es uno de los problemas sociales en unas Baleares ahogadas por la masificación turística y la especulación urbanística, dos realidades que Prohens y los suyos niegan.
A Vox, el problema de la vivienda de Baleares le causa tanto interés y respeto que aprovecha para colar una de sus marcianadas ultraderechistas, sección neofranquismo cañí. Una vez más, hay que decir que el PP de Baleares es completamente responsable de esta situación, ya que el propósito de llevar a menores a ver corridas de toros era uno de los 110 puntos de los que consta el acuerdo que firmaron con Vox para posibilitar la investidura de Marga Prohens. Por tanto, Vox no hace más que reclamar lo acordado, y lo hace de la manera que le es propia, haciendo trampas y haciendo alarde de su abrumadora ignorancia política, jurídica, institucional, social, cultural, etc.
Hace cosa de 'un mes y medio se produjo cierto escándalo porque se descubrió que un cargo de confianza del vicepresidente económico del Govern Balear estaba imputado por agresión sexual, y también por haber agredido a un agente de la Policía Nacional. El cargo en cuestión, Juan Antonio Serra Ferrer, dimitió; el vicepresidente económico, Antoni Costa, no lo hizo (a pesar de haber digitado Serra Ferrer, amigo suyo, como gerente de una empresa pública, sabiendo las acusaciones que pesaban sobre él). Los abogados del tal Serra Ferrer piden ahora su absolución (aunque admitió que intentó lamer y besar el rostro de una mujer dentro de un restaurante, y que golpeó al policía que le intentó disuadir de su actitud), con el argumento que iba bebido. Piensan que ya es suficiente explicación.
Del Ayuntamiento de Palma, gobernado también por PP y Vox, nos llega su nueva consigna: borrar carriles bici y negarse a hacer otros nuevos.
Etcétera. Son sólo algunos ejemplos recientes de lo que ocurre cuando esta gente accede al poder. Pido al lector que ya tiene a punto el comentario que dice "es lo que han votado los ciudadanos de Baleares", o alguna otra tontería por el estilo, que se contenga. Aunque le cueste creer, esta degradación del debate público y de la vida política e institucional nos concierne a todos.
