Desde los barrios, contra la desigualdad
El nuevo gobierno de la Generalitat ha anunciado, entre sus primeras medidas, la voluntad de impulsar un programa de actuaciones en los barrios más vulnerables y de nombrar a un comisionado para gestionarlo. Se trata de una excelente noticia.
La concentración de la población más desfavorecida en algunos barrios es un resultado directo del funcionamiento del mercado de la vivienda. Como es bien sabido, nuestra capacidad de escoger lugar de residencia depende de la combinación de dos factores: el precio de la vivienda y nuestros ingresos, por lo que unos tienen mayor capacidad de escoger que otros. Así, la población con menores ingresos se ve concentrada en aquellas partes de las áreas urbanas en las que los precios son más bajos. Es decir, aquellas que suelen disponer de menos servicios, peor accesibilidad, déficits de espacio público y un parque de vivienda con mayores carencias. Por otra parte, quienes más tienen también tienden a reunirse para disfrutar de las ventajas de vivir entre ellos y de no tener que compartir los servicios de los que pueden dotarse.
En las últimas décadas la segregación residencial ha alcanzado escala metropolitana y afecta a la práctica totalidad de las áreas urbanas de Catalunya. Así, lo que se especializa socialmente no son ya solo unas calles o unos barrios de cada localidad, sino municipios enteros. Esto, a su vez, tiene consecuencias decisivas sobre los recursos de los que disponen los ayuntamientos, puesto que la base fiscal de los municipios depende, en buena medida, del valor catastral de la vivienda.
De este modo, se da la paradoja de que la población más necesitada de servicios sociales acaba yendo a los municipios con menor capacidad para prestarlos. Si, dejando Barcelona aparte, reunimos a los 163 municipios de la región metropolitana de Barcelona en función de los ingresos municipales per cápita de los que disponen, constataremos que los municipios pertenecientes al cuartil más bajo de ingresos concentran el 76,6% de la población residente en las secciones censales más vulnerables. Se trata de una situación que afecta de forma destacada a las localidades de la conurbación barcelonesa, pero también a las ciudades del arco metropolitano y capitales de comarca de toda Catalunya.
En estas circunstancias resulta muy difícil que cada municipio pueda emprender por su cuenta actuaciones para mejorar las condiciones de vida en los barrios más vulnerables. Barcelona es la excepción: en los últimos ocho años ha realizado un plan de barrios, invirtiendo más de 200 millones de euros en una veintena de barrios de la ciudad. Ha podido hacerlo porque es una gran ciudad que cuenta tanto con barrios acomodados como vulnerables y su ayuntamiento dispone de unos ingresos de más de 2.000 € per cápita. Pero esto no está al alcance de ayuntamientos con muchos menores ingresos por habitante, como los de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet o Badalona, que concentran un gran número de barrios vulnerables. Ni tampoco de ciudades como Mataró, Sabadell, Figueres o El Vendrell, que reúnen a muchos habitantes con nivel bajo de renta, mientras la población más acomodada de las respectivas áreas urbanas tiende a residir en los municipios vecinos.
Por eso es positivo que el reto de mejorar las condiciones de vida en los barrios más vulnerables sea asumido y financiado a escala del conjunto de Catalunya. Este fue el objetivo de la ley de barrios de la Generalitat de Catalunya aprobada en el mes de mayo de 2004, hace veinte años. La ley permitió intervenir en 141 barrios de Catalunya, con proyectos que conjugaban las mejoras físicas con los programas sociales. Su aplicación se llevó a cabo con la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos concernidos, tratando de conjugar la solidaridad fiscal con el conocimiento de los problemas y la implicación de los vecinos. El despliegue de la ley fue interrumpido en 2011, en aplicación de las políticas de austeridad.
La ley de barrios fue la primera ley sustantiva impulsada por el gobierno presidido por Pasqual Maragall y es significativo que el nuevo gobierno de la Generalitat haya querido incluir entre sus primeras medidas reanudar una iniciativa en este mismo campo. Se trata de una medida largamente reclamada por los ayuntamientos y entidades vecinales, que ven acumularse los problemas sin disponer de los instrumentos adecuados para hacerles frente. El propio Parlament de Catalunya aprobó hace un par de años una nueva versión de la ley que no ha llegado a aplicarse. Quizás el despliegue de esta norma podría permitir ganar tiempo y emprender de forma inmediata las actuaciones en los barrios.
La segregación no solo refleja la desigualdad sino que contribuye de forma destacada a mantenerla y a reproducirla. Para combatir sus causas y efectos es necesario mejorar los barrios para que todo el mundo, viva donde viva, pueda disfrutar de un entorno enriquecedor, digno y seguro. Ojalá que las políticas anunciadas hagan posible avanzar en ese camino.